Sumar propone congelar las subidas de los alquileres y un impuesto para propietarios medianos

Los ministros de Sumar han presentado este lunes un proyecto de real decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda que pretenden negociar con el PSOE para que se apruebe en Consejo de Ministros. La puesta en escena, en el Ministerio de Trabajo, sede de la vicepresidencia segunda, va enfocada a marcar perfil político antes de la comparecencia de este miércoles de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso para explicar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Durante la presentación del plan, en la que han estado presentes Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Mónica García, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, responsable del diseño técnico de las propuestas, ha señalado que la “clase rentista no aporta valor alguno a la economía, pero amenaza en la cohesión social”. Según el ministro, la vivienda es “la razón” por la que el crecimiento de la economía “no se refleja en las familias” y las medidas están basadas en argumentos jurídicos de “urgencia”, según señalan fuentes de su cartera.

Las más relevantes pasan por la congelación de las subidas del precio de todos los alquileres de vivienda habitual que se realicen en España y por un nuevo impuesto para propietarios de vivienda medianos, a partir de cuatro inmuebles. En concreto, el primer eje del real decreto ley es la “protección inmediata de los inquilinos” mediante la congelación de las subidas tanto en contratos nuevos como en los vigentes. Bustinduy ha explicado también que estas condiciones se aplicarán a quienes alquilen habitaciones, a quienes ha calificado como los más “vulnerables” en este momento.

La congelación consiste en que en ambos tipos se mantenga el precio del alquiler que tenía anteriormente la vivienda, tanto para los nuevos inquilinos como para las que ya residían y el contrato se renueva por finalización del periodo de duración. De manera adicional, se prorrogaría dicho periodo, actualmente de 5 años para vivienda habitual, a tres más (los contratos firmados el año en el que se apruebe durarían ocho años) y a cinco más en el caso de ser un territorio que ha aplicado la ley de vivienda (con lo que se llegaría a contratos de 10 años).

El segundo eje, que busca “acabar con la especulación”, plantea modificar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, vigente en toda España, para que los propietarios de cuatro o más viviendas paguen por su patrimonio inmobiliario un tipo del 5% anual. Es una medida que afecta a propietarios medianos (los grandes tenedores se consideran a partir de diez inmuebles) y que pretende “desincentivar la acumulación de viviendas en pocas manos”. Se propone la modificación de este gravamen en lugar del de patrimonio para evitar la colisión con competencias autonómicas y una posible bonificación por parte de las mismas.

También en el ámbito de la fiscalidad, Bustinduy propone eliminar la bonificación del 40% de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades, a menos que se trate de un alquiler asequible según el índice de rentas. Otra medida adicional es que la vivienda comprada que se pretende destinar al alquiler solo pueda tener esta finalidad si se realiza “a precios asequibles”, según el índice de referencia.

En el tercer eje, centrado en los pisos turísticos, Sumar plantea que los alquileres turísticos de hasta 30 días se consideren turísticos y que los alquileres dedicados al turismo tributen al 21% en el IVA, una medida que ya está incluida en un proyecto de ley en el Congreso, pero cuya tramitación no avanza. También en el ámbito del alquiler turístico, se pasaría a considerar que todos son de este tipo si no superan una duración de 30 días; a partir de ese plazo, serían alquiler de temporada sujeto a las normas de alquiler de vivienda habitual. Además, el registro obligatorio de los alquileres turísticos se elevaría a rango de ley para poder ejercer un mayor control, según el proyecto de la norma.

Sin negociar con el PSOE ni con Vivienda

El movimiento de Sumar encaja con la intención de Díaz de dar un impulso “social” a la legislatura, sobre todo tras la crisis provocada por el estallido del caso Cerdán, el pasado julio. El plan de choque anunciado va un paso más allá de presión de Pedro Sánchez a las comunidades del PP para que apliquen la ley estatal de vivienda y la apuesta de los socialistas de favorecer la construcción para acabar con el problema de oferta en el stock de pisos. Los magentas apuntan a medidas intervencionistas, por lo que la negociación con el PSOE se antoja compleja, a pesar de que su intención no es “confrontar modelos, sino avanzar juntos”, apuntan fuente del entorno de Díaz.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que las medidas incluidas en el proyecto se pueden aplicar en su totalidad, sin interferir en las competencias autonómicas, y que se trata de un planteamiento “compatible” con el del Ministerio de Vivienda, de la parte socialista del Ejecutivo, aunque todavía no se ha negociado técnicamente ningún aspecto.

Fuente El Confidencial