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IsraelCualquier país necesita leyes y, por qué no decirlo, cierta burocracia para funcionar de manera reglada. Sin embargo, corre un riesgo: que la legislación implique demasiados trámites y, con ello, acabe perjudicando el desarrollo de su tejido económico.
Y eso es justo lo que le pasa a España, al menos según el Banco de España. En un informe publicado el pasado mes de septiembre, el organismo recuerda que “el entorno institucional en el que operan las empresas desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico”, algo que, en su opinión, se ha convertido en un problema en España.
Y es que, aunque “las regulaciones son esenciales para una actividad económica ordenada y, bien diseñadas, pueden corregir las deficiencias del mercado y fomentar el crecimiento sostenible”, lo cierto es que, “el sistema jurídico español ha generado más de 400.000 nuevas normas desde la Transición y la actividad regulatoria ha seguido una trayectoria ascendente, junto con un número creciente de referencias cruzadas entre normas”.
Una normativa distinta en cada Comunidad Autónoma
De hecho, este incremento burocrático “conlleva una reducción en la entrada de nuevas empresas y una menor creación de empleo“. En algunos sectores, como el industrial, “existe una clara relación negativa entre la densidad regulatoria y el dinamismo empresarial”. Además, “la coexistencia de diferentes normas en cada región puede incrementar los costes de cumplimiento para las empresas (…). Esto puede afectar especialmente a las pymes, ya que a menudo carecen de servicios de asesoría legal que les permitan operar en varias regiones simultáneamente”.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recuerda que la Ley de garantía de la unidad de mercado (LGUM) tiene como principal objetivo “eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas, y que las empresas puedan operar en las diferentes Comunidades Autónomas sin la obligación de cumplir una normativa distinta en cada una de ellas”.
“La coexistencia de diferentes normas en cada región puede incrementar los costes de cumplimiento para las empresas”
El BdE considera que la innovación es una de las grandes perjudicadas de este contexto. Porque, aunque “ciertas regulaciones, como las ambientales o verdes, pueden incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías, una regulación excesiva o deficiente entre administraciones puede generar incertidumbre, desincentivar la inversión y reducir el alcance de la actividad empresarial. La complejidad regulatoria también limita la capacidad de innovación de las empresas”.
En el análisis que hace de España, la OCDE, cuyos indicadores evalúan el nivel de cargas administrativas de los distintos países, sitúa a nuestro país en una mejor situación que la media de sus países miembros, aunque alejado de los puestos de cabeza.
Una burocracia “punitiva”
Desde el Foro Elección Ciudadana inciden en esta visión, ya que consideran que “las capas extra de registros y autorizaciones están reduciendo competencia y generando inseguridad jurídica sin garantizar el fin público”. Y es que “no se está mirando las señales que apuntan a que lo verdaderamente necesario para una economía que funcione es el cumplimiento inteligente junto con unos datos contrastables y mayor coordinación frente a una burocracia que es ya punitiva”. Para ejemplificarlo, señalan varios casos concretos.
Recarga eléctrica: “El laberinto de permisos retrasa la transición”
El Foro afirma que “son ya varios operadores los que han reportado que la puesta en servicio de estaciones, sobre todo ultrarrápidas, se atasca entre 10 y 36 meses por una cascada de autorizaciones (obra, acceso y conexión, señalización, medio ambiente, urbanismo) y criterios dispares según el municipio y la CCAA”. El resultado de todo esto, desde su punto de vista, son “inversiones aparcadas y una red pública insuficiente”, con lo que “el coche eléctrico pierde atractivo por falta de puntos rápidos y los operadores soportan sobrecostes que acaban en el precio final”.
Imagen: Freepik. Registro de vivienda turística: “Punitivo por diseño, ineficiente en resultados”
En los últimos meses, la necesidad de que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) formen parte de un registro único para los alquileres de corta duración ha provocado críticas en el sector. El Foro Elección Ciudadana tacha estos requisitos de “duplicidades o ‘purgas’ indiscriminadas que mezclen incumplimientos formales con infracciones sustantivas y que solapen competencias autonómicas y municipales. Los golpes de cumplimiento ‘a martillo’ tienen un efecto arrastre sobre otros sectores adyacentes”. Y además, “sin cumplir el objetivo último: la creación de vivienda”.
Imagen: Freepik. Fibra y 5G: “La burocracia frena la inversión”
“Varios ayuntamientos han pedido a distintos operadores que el tendido de fibra sea subterráneo, prohibiendo y exigiendo el despliegue aéreo o en fachada”, afirman, a la par que recuerdan que “la propia CNMC ya ha calificado esas exigencias de injustificadas en municipios como Pallejà (Barcelona) y Benissa (Alicante), vulnerando también los principios de unidad de mercado”. Si el sector sigue regulado en esas condiciones, “la fibra y el 5G llegarán más tarde a comercios y hogares y habrá un coste real para pymes y consumidores, que encuentran menos competencia efectiva en la zona y un peor precio y servicio durante más tiempo”.
Terrazas: “El vaivén normativo genera limbo”
Las terrazas del sector hostelero viven tiempos de idas y venidas judiciales, ya que “la modificación de la ordenanza de terrazas de Madrid de 2022 fue anulada por el TSJ de Madrid en 2024 por defectos de tramitación“. Además, “en 2025 el Tribunal Supremo inadmitió el recurso del Ayuntamiento”. Desde la organización señalan que, a día de hoy, hay “meses de incertidumbre, expedientes parados y negocios expuestos a sanciones”.
Desde el Foro Elección Ciudadana consideran, así pues, que “cuando España opta por superponer registros y autorizaciones, el resultado es predecible: menos competencia, más demoras y una seguridad jurídica frágil que no resuelve el fin público”. Y apuestan, en definitiva, por un cambio de modelo, ya que “la maraña procedimental encarece la inversión y retrasa beneficios tangibles para pymes y vecinos, mientras que los modelos de simplificación bien diseñados funcionan y escalan”.
Fuente El Confidencial
