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Una funcionaria judicial rompe el silencio y expone el hostigamiento dentro del fuero federal
Córdoba, 22 de octubre de 2025 – Total News Agency-TNA –Una denuncia que debería ser presentada ante el Consejo de la Magistratura sacude al Poder Judicial de Córdoba: la secretaria penal Celina Laje Anaya, de larga trayectoria en la Cámara Federal, acusó al camarista Eduardo Ávalos Sánchez Torres, a la Jueza de Cámara María Alejandra Montesi, (pareja de Sánchez Torres) y el secretario de ese tribunal, Mario Olmedo, de ejercer durante meses un “acoso sistemático” y un “abuso jerárquico” que la dejó al borde del colapso emocional.
La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal N°2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, y será elevado al Consejo de la Magistratura de la Nación.
La maniobra que originó la persecución
Según consta en la denuncia, el conflicto se inició cuando Celina Laje Anaya se negó a participar en una maniobra irregular impulsada por Sánchez Torres y Montesi para reconfigurar una sala judicial sin el sorteo reglamentario, lo que habría permitido a los camaristas asegurar mayoría en causas de alto interés económico y político.
“Desde el momento en que manifesté mi desacuerdo con esa maniobra, comenzó una persecución. Me cambiaron funciones, me gritaron en público y me exigieron tareas que no correspondían a mi cargo”, relató la funcionaria.
La denunciante explicó que el punto de inflexión fue su negativa a intervenir en la causa Bunge (Expte. N.º 8749/2019), un expediente de evasión tributaria agravada con implicancias millonarias, en el que Sánchez Torres habría intentado intervenir de forma directa. “Me pidió que revisara ese expediente fuera del circuito normal. Cuando me negué, me dijo: ‘No sabés con quién te estás metiendo’.”
Humillaciones, amenazas y aislamiento
El testimonio de la secretaria describe con crudeza el deterioro cotidiano que padeció: gritos, descalificaciones y gestos de desprecio frente al resto del personal. “El doctor Sánchez Torres me gritó delante de otros empleados que no servía para el cargo, que él decidía quién trabajaba y quién no.”
Según su relato, Montesi habría actuado como brazo ejecutor del hostigamiento: “Me trataba como si fuera su subordinada personal, me ordenaba tareas impropias y utilizaba sarcasmos e ironías para humillarme frente a los demás”.
El acoso escaló hasta el aislamiento total. “Les prohibía a mis compañeros hablar conmigo o ayudarme con expedientes. Me dejaron sola.” A partir de ese momento, comenzaron los síntomas físicos y emocionales: ataques de ansiedad, insomnio, crisis nerviosas y un progresivo temor a concurrir al trabajo. “No podía dormir, lloraba todos los días. Soñaba que me gritaban o me perseguían. Me destruyeron emocionalmente.”
Un silencio institucional que agrava el daño
La denunciante asegura que elevó varias notas a la presidencia del tribunal y a la Oficina de Personal sin recibir respuesta. “Todos sabían lo que pasaba, pero preferían mirar para otro lado. Era más fácil callar que enfrentar al camarista.”
Algunos empleados habrían reconocido en privado los hechos, pero se negaron a declarar “por miedo a perder el trabajo”. Este silencio, que atraviesa buena parte del fuero, refuerza la sensación de impunidad y de poder absoluto de ciertos magistrados.
Las secuelas personales y la búsqueda de justicia
Celina Laje Anaya se encuentra actualmente bajo tratamiento médico y con licencia por estrés laboral. Su testimonio, de tono contenido pero profundamente humano, refleja el costo personal de enfrentarse a un sistema donde las jerarquías pesan más que la dignidad. “No pedía privilegios, solo respeto. Pero en la Justicia Federal de Córdoba hay lugares donde el poder se ejerce sin límites ni control. Lo que me hicieron no fue solo maltrato laboral: fue abuso de poder.”
Reacción institucional y posibles sanciones El sindicato de trabajadores judiciales, en tanto, reclamó medidas de protección para la denunciante.
Juristas consultados consideran que, de confirmarse los hechos, podrían configurarse delitos de abuso de autoridad y violencia institucional, además de un causal de juicio político conforme al artículo 115 de la Constitución Nacional.
Una herida abierta en la credibilidad del sistema judicial
El caso expone la persistencia de prácticas autoritarias y discrecionales dentro del fuero federal. Más allá del daño individual, la denuncia de Celina Laje Anaya reaviva el debate sobre la falta de controles internos y la vulnerabilidad de quienes se atreven a denunciar desde adentro.
Su testimonio, respaldado por documentación y testigos, podría marcar un precedente decisivo en la lucha contra el abuso de poder en la justicia argentina.
Algunos de los textuales de la denunciante
La declaración de Celina Laje Anaya, secretaria penal de la Cámara Federal de Córdoba, comienza describiendo el clima de hostigamiento y abuso jerárquico al que asegura haber sido sometida durante meses por parte del camarista Ignacio María Sánchez Torres, la Jueza de Cámara María Alejandra Montesi y el secretario Mario Olmedo.
La denunciante relata que las agresiones “comenzaron cuando me opuse a integrar una sala de la Cámara en condiciones irregulares”, y que desde ese momento fue víctima de un “acoso sistemático” destinado a quebrar su estabilidad laboral y emocional.
Explica que el conflicto surge “cuando Sánchez Torres y Montesi intentaron manipular la integración de la Sala A para asegurarse una mayoría”, hecho que consideró improcedente y que —según sostiene— derivó en represalias personales y laborales.
En sus propias palabras:
“Desde el momento en que manifesté mi desacuerdo con la maniobra de integración irregular de la Sala, comenzó una persecución. Me cambiaron funciones, me gritaron en público y me exigieron tareas que no correspondían a mi cargo”.
A lo largo de las primeras páginas, la denunciante detalla episodios de hostigamiento verbal, descalificaciones reiteradas y una conducta que describe como “humillante y arbitraria”. Señala que Montesi “me trataba como si fuera su subordinada personal, y no una secretaria penal de Cámara”, y que “utilizaba gritos, ironías y sarcasmos delante del personal” para menoscabarla.
También atribuye a Sánchez Torres una conducta intimidatoria:
“El doctor Sánchez Torres me convocaba a su despacho sin motivo, y cuando intentaba explicar mi posición sobre los actos administrativos, me interrumpía con frases como ‘usted no tiene autoridad para cuestionar mis decisiones’. Esa frase se repitió tantas veces que terminó siendo una forma de amenaza”.
En el documento se mencionan además presiones vinculadas a una causa penal de relevancia económica, la N° 8749/2019, conocida como “Causa Bunge por evasión tributaria agravada”. María Laura C. afirma que Sánchez Torres mostró un interés personal en ese expediente, e intentó influir en la tramitación interna:
“El doctor me pidió que revisara ese expediente en particular, fuera del circuito normal. Cuando me negué, me dijo que ‘no sabía con quién me estaba metiendo’”.
La denunciante describe que las tensiones alcanzaron un punto crítico cuando “Montesi comenzó a instruir a otros empleados para que me evitaran o no me brindaran información”, generando un aislamiento funcional. Añade que sufrió “ataques de ansiedad, insomnio y crisis nerviosas” a raíz del maltrato diario y de la amenaza constante de sanción o traslado.
Señala además que “Montesi y Sánchez Torres coordinaban actitudes de control, preguntando por mis movimientos, con quién hablaba o cuánto tiempo permanecía fuera del despacho”, lo que, según sostiene, se tradujo en una “vigilancia impropia de un ámbito judicial”.
La denunciante sostiene que presentó quejas internas, pero que “ninguna fue tramitada con seriedad”, y que incluso fue advertida por colegas:
“Me dijeron que no convenía denunciar, que ellos eran intocables. Pero ya no podía seguir soportando ese nivel de agresión”.
El relato inicial concluye con una expresión que resume su padecimiento:
“Todo esto empezó por negarme a participar en una maniobra irregular. Hoy temo por mi trabajo y por mi salud mental”.
En esta sección de la declaración,Celina Laje Anaya. amplía los hechos de hostigamiento sufridos dentro de la Cámara Federal de Córdoba, explicando cómo el conflicto con el camarista Ignacio María Sánchez Torres y la secretaria María Alejandra Montesi se agravó luego de que se negara a participar en decisiones administrativas que consideraba “ilegales y contrarias al reglamento interno”.
“Todo comenzó a raíz de la integración irregular de la Sala. Me negué a firmar un acta que no correspondía y, desde ese día, comenzó un hostigamiento constante”, declara.
Según su relato, las represalias se tradujeron en humillaciones públicas, sobrecarga de tareas, exclusión de reuniones y amenazas veladas de traslado o sanción disciplinaria.
“Me decían que si no acataba las órdenes, podían pedirme el pase a otro tribunal. Fue una forma de presión constante, diseñada para quebrarme”, detalla la denunciante.
También afirma que Montesi instruyó a otros empleados para aislarla.
“Les prohibía dirigirse a mí. Incluso había órdenes verbales para que nadie me ayudara con expedientes o me pasara información. Me dejaron sola”, señala.
En este tramo, María Laura menciona a otros funcionarios y empleados que —según ella— fueron testigos del maltrato, aunque “prefirieron callar por miedo a represalias”.
“Algunos me decían en privado que sabían lo que estaba pasando, pero que no podían arriesgar su trabajo”, expresa con pesar.
Uno de los episodios más graves, según relata, ocurrió en abril de 2024, cuando fue citada por Sánchez Torres a su despacho sin motivo.
“Me pidió explicaciones sobre una nota que no había firmado. Le respondí que no correspondía a mi competencia. Entonces se levantó de su silla, me gritó que ‘yo no entendía mi lugar’ y me ordenó retirarme. Fue una situación humillante.”
Añade que luego de ese episodio comenzó a sufrir ataques de pánico y debió recurrir a asistencia médica:
“Tuve que pedir licencia porque ya no podía dormir. Soñaba con que me gritaban o me perseguían. Sentí miedo real de entrar a la Cámara.”
En paralelo, María Laura denuncia que los hechos se vinculan con intereses políticos y judiciales en torno a la Causa Bunge (Nº 8749/2019), una investigación por evasión tributaria agravada. Según su testimonio, el camarista Sánchez Torres mostró especial interés en ese expediente, pidiéndole que lo tratara fuera del canal formal.
“Me insistía en que debía revisar ese caso personalmente. Cuando le recordé que eso correspondía a otro funcionario, me respondió: ‘No discuta, hágalo. Acá las decisiones se acatan’.”
La denunciante interpreta ese pedido como una intromisión indebida en una causa con impacto económico, señalando que “el interés del doctor Sánchez Torres por ese expediente excedía lo institucional”.
Afirma que al intentar denunciar informalmente la situación ante otro camarista, no obtuvo respuesta:
“Me dijeron que tuviera cuidado, que el doctor Torres tenía mucho poder y que no me convenía seguir hablando del tema.”
María Laura sostiene que a partir de entonces Montesi y Torres actuaron coordinadamente para desplazarla.
“Querían forzarme a renunciar. Me asignaban tareas contradictorias, me cambiaban de oficina sin aviso, y me dejaban fuera de las reuniones clave.”
La denunciante también describe la falta de apoyo de la estructura judicial:
“Presenté notas a la Oficina de Personal y al área de Recursos Humanos, pero nadie respondió. Fue como si todo el sistema se alineara para protegerlos.”
El tramo concluye con una reflexión que resume su situación:
“No pedía privilegios, solo respeto. Pero en la Justicia Federal de Córdoba hay lugares donde el poder se ejerce sin límites ni control. Lo que me hicieron no fue solo maltrato laboral: fue abuso de poder.”
DENUNCIA COMPLETA
