La Seguridad Social cambiará la pensión de jubilación a las personas que hayan cambiado así sus circunstancias personalesSigue a El Confidencial en Google Discover para enterarte de todas las noticias
Las pensiones contributivas y no contributivas son dos de los pilares esenciales del sistema de Seguridad Social en España. En 2025, estas prestaciones volvieron a actualizarse con una subida del 2,8% y del 9% respectivamente, en línea con el compromiso del Gobierno de mantener el poder adquisitivo y apoyar a las personas con menos recursos.
Según recuerda el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprobó en enero de 2025 una revalorización general de las pensiones contributivas del 3,8% y un incremento del 6,9% en las no contributivas, lo que beneficia a más de 12 millones de pensiones y prestaciones. De esta forma, la pensión media del sistema se sitúa en 1.314 euros mensuales, mientras que las no contributivas alcanzan los 568,70 euros al mes en 14 pagas.
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Qué son las pensiones contributivas
Las pensiones contributivas son prestaciones económicas cuya concesión depende de la existencia de una relación previa con la Seguridad Social y del cumplimiento de determinados requisitos de cotización y edad. Su cuantía se calcula en función de las aportaciones del trabajador y del empresario durante su vida laboral. Estas pensiones incluyen las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y las destinadas a familiares.
En el caso de la jubilación ordinaria, el trabajador debe haber cotizado al menos 15 años, dos de ellos dentro de los 15 previos a la solicitud, y tener la edad legal fijada, que en 2024 se estableció en 66 años y 6 meses si se acreditan menos de 38 años de cotización. También existen modalidades como la jubilación anticipada, parcial o flexible, adaptadas a diferentes situaciones laborales. “La pensión de jubilación de la Seguridad Social es una prestación económica vitalicia que se concede al trabajador cuando, a causa de la edad, cesa en el trabajo”, recoge la información oficial del Ministerio.
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Qué son las pensiones no contributivas
Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que carecen de recursos suficientes, aunque no hayan cotizado nunca o no el tiempo necesario para acceder a una pensión contributiva. Se dividen en dos tipos: jubilación e invalidez. En 2025, la cuantía anual de ambas se fija en 7.905,80 euros, lo que equivale a 568,70 euros mensuales en 14 pagas, con el objetivo de reducir la brecha de pobreza entre las pensiones más bajas y las mínimas contributivas.
Para solicitar una pensión no contributiva de jubilación, es necesario tener 65 años o más, residir legalmente en España durante 10 años (dos de ellos consecutivos antes de la solicitud) y carecer de ingresos superiores al umbral establecido. En el caso de la invalidez, el solicitante debe tener entre 18 y 65 años, residir en España al menos cinco años y acreditar una discapacidad igual o superior al 65%. La gestión de estas pensiones corresponde a las Comunidades Autónomas y al IMSERSO en Ceuta y Melilla.
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Compatibilidades y gestión de las prestaciones
El Instituto Nacional de la Seguridad Social es el organismo encargado de gestionar y reconocer el derecho a las pensiones contributivas. En general, no se pueden cobrar dos pensiones del mismo régimen simultáneamente, salvo excepciones como la pensión de viudedad. Sin embargo, un trabajador que haya cotizado en distintos regímenes —por ejemplo, el general y el de autónomos— puede tener derecho a dos pensiones, siempre que las cotizaciones coincidan al menos durante 15 años.
En el caso de los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras del Sistema Nacional de Salud, la ley permite compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con un contrato a tiempo parcial, percibiendo el 75% de la pensión. Esta medida, adoptada para reforzar la atención sanitaria, refleja la flexibilidad del sistema en situaciones de interés público.
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De este modo, el sistema español de pensiones contributivas y no contributivas continúa garantizando un equilibrio entre la sostenibilidad económica y la protección social, con el objetivo de que nadie quede fuera del derecho a una prestación básica por falta de recursos o cotización.
Fuente El Confidencial

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