Resistencia (Chaco), 4 nov 2025 – Total News Agency-TNA –Este lunes se retoma el juicio por jurado contra el clan Sena, imputado por el femicidio de la joven Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo sigue desaparecido desde el 2 de junio de 2023. El caso, que involucra a la pareja de la víctima César Sena y a sus progenitores Emerenciano S
na y Marcela Acuña, aparece como el más significativo de las últimas décadas en la provincia del Chaco, por su combinación de violencia de género, poder local y resonancia política.

La audiencia se reiniciará desde las 8 h en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, donde se prevé la declaración del amigo de Cecilia identificado bajo el seudónimo “Papa”, quien figura como testigo protegido en las actuaciones. También declarará la psicóloga de la víctima, María Eugenia Álvarez Piccilli, dos empleadas del entorno Sena y técnicos forenses. Las defensas y la fiscalía coinciden en considerar que los testimonios podrán aportar luces clave sobre la noche del homicidio, el mecanismo de encubrimiento y la dinámica de violencia de género que denuncian los investigadores.
En las audiencias preliminares ya figuran los imputados: César Sena está acusado de homicidio doblemente agravado —por vínculo y contexto de violencia de género— mientras que sus padres están imputados como partícipes primarios del hecho. Además, se encuentran bajo acusación colaboradores del clan por encubrimiento agravado. Durante esas diligencias surgieron rechazos de la jueza Dolly Fernández a pedidos de juicio abreviado de los encubridores y confirmaciones del alto riesgo de fuga procesal. La causa se forjó en medio de hallazgos como restos incinerados en una chanchería familiar y rastros de sangre en la residencia de los Sena.

La familia de la víctima reactivará hoy su exposición ante el tribunal. La madre de Cecilia, Gloria Romero, ya había iniciado su testimonio el viernes pasado y retomará la declaración hoy a primera hora. En ese tramo inicial, describió los días de búsqueda desde que no tuvo contacto con su hija y dejó claro que esperaba “justicia no solo por Cecilia sino por todos los desaparecidos en democracia”. La abuela de la joven, Mercedes Valois Flores, también intervino en las audiencias, subrayando que la verdadera responsabilidad política por esta muerte debe asumirla el Estado provincial.
El proceso se desenvuelve en un contexto de alto interés público y mediático, por cuanto el clan Sena tenía posiciones destacadas en el ámbito social y político local, así como vinculación con el gobierno del entonces gobernador Jorge Capitanich. La acusación apunta a que, tras el crimen, César Sena y otros implicados procedieron a eliminar pruebas —compra de bolsas de consorcio, traslado de objetos, incineración del cuerpo— con apoyo de su entorno familiar. La fiscalía sostiene que los padres de César permitieron o facilitaron el hecho, lo que agrava su responsabilidad.

Desde las defensas se anticipa una estrategia centrada en atacar la consistencia de la prueba genética y forense, en particular los restos hallados en el patio de la residencia de los Sena y en el río Tragadero, que no permitieron hasta el momento una identificación plena del cuerpo de la víctima. Sin embargo, para la querella la acumulación de pruebas —chats, testimonios, pericias— crea un escenario que podría derivar en una condena de alto perfil.
La jornada de hoy será decisiva en la valoración del tribunal por jurados, ya que los nuevos testimonios prometen ampliar el panorama psicológico y relacional de la víctima, al tiempo que apuntalan la hipótesis de control y sometimiento de al menos uno de los imputados sobre la víctima. En particular, el testimonio del amigo “Papa” podría aportar detalles sobre el ambiente previo al homicidio y la existencia de violencia obstétrica de control que sufrió la joven. La declaración de la psicóloga apuntará a clarificar el entramado de dependencia que la víctima sufrió, mientras que las empleadas del clan podrán aportar elementos sobre la movilidad y disposiciones de César Sena la tarde del crimen.
El tribunal —integrado por jurados populares— deberá, al término del juicio, emitir veredicto de culpabilidad o absolución. La relevancia del caso trasciende el hecho individual porque pretende marcar un precedente en la lucha contra el femicidio en el Chaco y visibilizar la penetración del crimen en redes de poder y protección local.

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