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San Lorenzo, 3 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA –Una investigación judicial destapó una compleja red de narcotráfico que operaba desde la cárcel federal de Resistencia y contaba con la protección de personal de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad santafesina de San Lorenzo. Los principales acusados, Jehiel Fabián Marino y Ramón Alberto Velázquez, ambos condenados por tráfico de drogas, continuaron manejando sus negocios ilícitos desde prisión con apoyo externo, mientras parte de la fuerza federal filtraba información y obstaculizaba las investigaciones.
Según el expediente, los detenidos dirigían una organización con estructura jerárquica y familiar que mantenía el control del comercio de estupefacientes en San Lorenzo, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Las comunicaciones con sus cómplices se realizaban a través de un teléfono fijo instalado en el pabellón de la Unidad Penal N.º 7 de Resistencia, lo que permitió mantener activo el flujo de órdenes y dinero. La investigación reveló que el grupo había logrado operar con impunidad gracias a la cobertura que le brindaban miembros de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de San Lorenzo.
La maniobra quedó expuesta cuando los fiscales detectaron que los informes elaborados por esa dependencia de Prefectura presentaban un patrón irregular: primero confirmaban la existencia de puntos de venta y luego, súbitamente, informaban que el comercio de drogas había cesado. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió que esas “bajas” coincidían con períodos en los que el grupo criminal intensificaba sus operaciones. Por tal motivo, la Prefectura fue apartada del caso.
En septiembre se realizaron 25 allanamientos en domicilios de Rosario y San Lorenzo, incluyendo las viviendas de cinco prefectos sospechados de encubrimiento y filtración de información. Entre los implicados se cuentan un subprefecto, tres ayudantes y un cabo, todos actualmente bajo investigación judicial.
La pesquisa está encabezada por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Matías Scilabra, Claudio Kishimoto y Franco Benetti, bajo la órbita del juez federal Carlos Vera Barros. Las autoridades sostienen que el grupo criminal no solo recibía protección institucional, sino que también vendía información sensible a otras bandas locales, consolidando un sistema paralelo de inteligencia criminal.
Uno de los episodios más reveladores surge de una llamada telefónica entre Marino y su pareja, Katerina Requena, donde, utilizando un lenguaje en clave, advertían sobre un inminente operativo policial:
—(Requena) Escuchá. Primero, no digas apodos, no digas nombre, no digas sobrenombres, no digas nada.
—(Marino) ¿Eh?
—Vino el chico del alquiler, que tenía que venir hoy.
—Sí.
—Bueno, me avisó que está todo mal con el dueño de la inmobiliaria para hacer trámites y esas cosas. Es mejor que nos quedemos alquilando donde estamos quietos. Hay muchos problemas.
Los investigadores interpretaron que “el chico del alquiler” era Iván Arias, operador financiero del grupo, actualmente prófugo, mientras que “la inmobiliaria” aludía a la Prefectura y la PSA, implicadas en la red de encubrimiento. Según los fiscales, Arias mantenía contacto frecuente con oficiales de Prefectura, a quienes incluso invitaba a reuniones en clubes locales, donde compartían bebidas y conversaciones “de tono familiar”.
El esquema criminal también incluía la participación directa de familiares de los cabecillas. La madre y la pareja de Marino, junto a la madre, hermana e hijo de Velázquez, participaban activamente en la distribución, el fraccionamiento y la recaudación de dinero. La PSA advirtió en un informe que el hijo de Velázquez se había convertido en un colaborador estable y mantenía contacto con agentes de Prefectura, lo que confirmaba “la continuidad generacional del negocio”.
La fiscalía describió la estructura como “una empresa criminal con jerarquía vertical”, donde cada integrante cumplía funciones precisas y rendía cuentas a un mando único. Desde la cárcel de Resistencia, Marino y Velázquez dirigían el tráfico, controlaban las cuentas y distribuían ganancias. En palabras de un investigador, “la cárcel funcionaba como un verdadero call center narco, con teléfonos habilitados, flujo constante de llamadas y la complicidad de quienes debían evitarlo”.
La causa expone un cuadro grave de connivencia entre fuerzas federales y el narcotráfico en la zona del cordón industrial rosarino. Los fiscales no descartan que existan vínculos con redes políticas locales ni que los agentes implicados hayan ofrecido sus servicios de inteligencia a otras organizaciones criminales de la región.
