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Buenos Aires, 5 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA -El sistema de jubilaciones argentino atraviesa una fase crítica: la pérdida de más de 100.000 aportantes en el primer semestre del año, un déficit previsional que ya asciende a 4,5 billones de pesos y una caída del poder adquisitivo superior al 12% desde la asunción de Javier Milei conforman un cuadro de vulnerabilidad estructural que anticipa reformas profundas.
Entre enero y junio de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registró una reducción de 101.347 aportantes, lo que llevó la relación a apenas 1,8 trabajadores activos por cada jubilado, muy por debajo del umbral de sustentabilidad de tres a uno. La contracción del empleo formal y la precarización del mercado laboral agravan la ecuación de financiamiento del sistema, obligando al Tesoro Nacional a cubrir un déficit creciente que, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), alcanzó los 4,5 billones de pesos al cierre de septiembre.
El impacto más inmediato recae sobre los haberes. El ingreso medio mensual de los jubilados se ubicó en septiembre en 675.510 pesos, un 4,9 % menor en términos reales respecto del año pasado. Desde noviembre de 2023, el poder de compra de las jubilaciones cayó 12 %, y 24 % en los últimos cuatro años. El deterioro afecta sobre todo a los beneficiarios que dependen del bono complementario, congelado desde marzo de 2024 en 70.000 pesos, lo que en la práctica supone una rebaja para 3,2 millones de personas, es decir, más de la mitad de los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El Gobierno justifica su estrategia de avanzar primero con la reforma laboral y posponer la del sistema previsional bajo el argumento de que “si aportan menos, no se puede financiar”. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, oficializó un ajuste del 2,1 % para noviembre que quedará por debajo de la inflación esperada, acentuando la pérdida real del poder adquisitivo hacia fin de año.
La eliminación de la moratoria previsional también contribuyó al deterioro. Desde que el Poder Ejecutivo vetó la extensión aprobada por el Congreso, el número de nuevos beneficios cayó en 22.412 durante el tercer trimestre, marcando el primer retroceso desde su implementación. Esto impacta especialmente en mujeres y trabajadores informales que no logran reunir los años de aportes requeridos, ampliando las brechas de cobertura.
De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el nuevo esquema de movilidad —que ajusta los haberes únicamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— consolidó la licuación de los ingresos jubilatorios. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los haberes mínimos con bono aumentaron 67,8 %, frente a una inflación acumulada de 115 %, lo que explica la contracción del poder adquisitivo y el creciente desfasaje con respecto al costo de vida.
El presupuesto proyectado para 2026 no prevé aumentos adicionales al ajuste por inflación ni modificaciones en el bono complementario, lo que implica una nueva pérdida real. La ANSES, a su vez, ya destina casi el 60 % del gasto público consolidado a seguridad social, según ASAP, mientras la base contributiva se reduce y el Estado absorbe una porción cada vez mayor del financiamiento.
La conjunción de menos aportantes, bonos congelados y un déficit fiscal récord anticipa un escenario de tensión social. Con un mercado laboral estancado y una inflación persistente, las jubilaciones argentinas enfrentan un ciclo de empobrecimiento difícil de revertir. El Ejecutivo proyecta incluir una reforma previsional en su agenda de 2026, pero los expertos advierten que cualquier intento de ajuste sin una mejora del empleo formal podría agravar la crisis.
