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Buenos Aires, 7 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA-La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa y encartada en otra causa por corrupción, reapareció en el centro de la escena judicial con una jugada que, según versiones coincidentes en ámbitos políticos y tribunales, apunta a influir en la nueva integración de la Corte Suprema. El movimiento, que fuentes legislativas y judiciales describen como “una negociación en marcha” con múltiples actores, tendría dos nombres propios sobre la mesa: el camarista federal Mariano Llorens y la senadora Anabel Fernández Sagasti. La iniciativa emerge en un contexto en el que el oficialismo sufrió el revés parlamentario por el rechazo en el Senado de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y cuando se reactivó la discusión sobre completar vacantes e, incluso, sobre el número de ministros del máximo tribunal.
De acuerdo con reconstrucciones de dialogos recientes, referentes kirchneristas exploran un esquema de acuerdos cruzados que combine la cobertura de vacantes en la Corte con otros casilleros sensibles del sistema de justicia, como la Procuración General y la Defensoría del Pueblo. En ese tablero, Llorens —actual presidente de la Cámara Federal porteña— apareció mencionado como un candidato con aceptación en sectores del oficialismo libertario, mientras que Fernández Sagasti —de fuerte ascendencia en el dispositivo político de la ex mandataria y con antecedente de haber impulsado en 2022 un proyecto de ampliación de la Corte— asoma como la alternativa preferida del kirchnerismo para completar la fotografía del tribunal.
La maniobra, admiten en despachos del Congreso, enfrenta al menos tres obstáculos. Primero, el aritmético: cualquier designación exige mayoría calificada en el Senado, umbral que se volvió más exigente tras la derrota del Ejecutivo en abril. Segundo, el político: la oposición ya alertó contra eventuales “paquetes” que perciba como intentos de captura institucional. Tercero, el jurídico-reputacional: la Corte tiene sobre su agenda expedientes de alta sensibilidad, incluidas causas de corrupción que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo, y cualquier designación percibida como funcional a intereses de parte puede agravar la tensión entre poderes.
En paralelo, y siempre “según versiones” que circulan en el ecosistema político, operadores del espacio peronista-kirchnerista estarían dispuestos a movilizar recursos para asegurar músculo territorial y legislativo detrás de la operación. En ese mismo plano, se menciona —sin evidencias públicas verificables a la fecha— que organizaciones afines del ámbito regional, como el Foro de São Paulo, brindarían respaldo político y “logístico” a fin de sostener el posicionamiento del kirchnerismo en la escena argentina. Voceros consultados evitaron confirmar aportes concretos y subrayaron que cualquier apoyo de instancias extranjeras encuentra límites en la normativa argentina sobre financiamiento y transparencia.
El trasfondo de esta pulseada remite a un punto de partida nítido: el Senado rechazó a comienzos de año las nominaciones del Gobierno para la Corte, forzando a la Casa Rosada a recalibrar su estrategia. En simultáneo, distintos sectores retomaron la discusión sobre la conveniencia de ampliar el número de ministros y “recomponer” el equilibrio interno del tribunal, una idea que el kirchnerismo ya había empujado durante 2022. En ese contexto, el movimiento que ahora se atribuye a Cristina Kirchner —con Llorens y Fernández Sagasti como cartas visibles— representa, más que un anuncio cerrado, una apuesta de alto riesgo: si prospera, podría redefinir correlaciones de poder en la cúspide judicial; si fracasa, profundizará la percepción de aislamiento y pérdida de influencia.
En los próximos días, las señales a observar serán el eventual envío de pliegos al Senado, la reaparición de proyectos para modificar la integración de la Corte y los gestos de gobernadores y bloques dialoguistas ante cualquier intento de “paquete judicial”. También será clave si el oficialismo y el kirchnerismo logran articular una agenda común que evite otra derrota parlamentaria. Por ahora, todo se mueve en el plano de las conversaciones reservadas y los sondeos de pragmatismo: el objetivo es el mismo de siempre, pero el costo político —en un clima social áspero y bajo escrutinio internacional— luce más alto que en otras temporadas.
