Buenos Aires, 8 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-Los presidentes de cámaras federales con competencia penal manifestaron “profunda preocupación” ante el proyecto de Presupuesto 2026 que prevé una reducción del 8% en el crédito del Poder Judicial y un recorte del 74% en el rubro Bienes de Uso. En un documento emitido tras una reunión en Comodoro Rivadavia y encabezado por el camarista Javier M. Leal de Ibarra, los magistrados advirtieron que, de persistir la pauta de ajuste, el funcionamiento cotidiano de los tribunales podría verse seriamente afectado, con impacto directo sobre la autarquía financiera y, en consecuencia, sobre la independencia judicial.
El pronunciamiento subraya que la suficiencia presupuestaria es condición necesaria para garantizar un servicio de justicia accesible, moderno y eficiente. El recorte en Bienes de Uso —categoría que abarca, entre otros conceptos, la compra de equipos informáticos, mantenimiento edilicio y obras de infraestructura— comprometería la continuidad de mejoras tecnológicas y de seguridad, así como la conservación de edificios donde se tramitan causas complejas y de alto impacto. Los jueces sostienen que “el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas”, y señalan que asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y mayores barreras de acceso para los ciudadanos.
El debate presupuestario se superpone con otro punto de fricción institucional: la postergación, por segunda vez, de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py. El Ministerio de Justicia fijó ahora como fecha el 20 de abril de 2026, en lugar del 10 de noviembre originalmente previsto, decisión que reavivó críticas de fiscales y jueces por el impacto que la demora tiene en la modernización del sistema acusatorio. La advertencia de los camaristas agrega que cualquier transición procesal exige inversiones sostenidas en tecnología, capacitación y adecuación edilicia, imposibles de llevar adelante con un recorte de la magnitud proyectada.
En paralelo, el sindicato que encabeza Julio Piumato (Unión de Empleados Judiciales de la Nación) remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresando la misma preocupación. El gremio advierte que, además de comprometerse la modernización, un ajuste de estas características presionaría sobre la masa salarial del sistema judicial, que alcanza a unos 22.000 puestos en la Justicia nacional y federal. Aunque el eje del comunicado de los jueces no se centra en remuneraciones, ambos planteos confluyen en un punto: la necesidad de revisar las previsiones para evitar la parálisis de servicios esenciales, en particular en fueros penales y federales con alta demanda.
El documento de la Junta de Presidentes fue suscripto por titulares de cámaras nacionales y federales de todo el país —comercial, laboral, civil, penal, penal económico, contencioso administrativo, casación y cámaras federales de apelaciones provinciales—, reflejando un frente judicial amplio que trasciende jurisdicciones y especialidades. El consenso no es menor: desde hace años, los tribunales reclaman inversiones que permitan reducir tiempos procesales, digitalizar expedientes, fortalecer la seguridad informática y ampliar la atención al público, objetivos difícilmente compatibles con una reducción del 74% en bienes de capital.
El tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso será el termómetro inmediato de esta pulseada. Mientras el Poder Ejecutivo defiende un esquema de equilibrio fiscal, los magistrados insisten en que la independencia judicial no es un ítem discrecional sino un pilar republicano cuya erosión tiene costos institucionales superiores al ahorro contable. La señal que surja de Diputados y del Senado, sostienen en los tribunales, marcará el alcance real del compromiso político con un servicio de justicia que funcione, se modernice y permanezca ajeno a presiones coyunturales.
