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Buenos Aires, 8 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA –El gobierno de los Estados Unidos presentó un ultimátum explícito a la Argentina: el camino hacia un acuerdo comercial bilateral —que incluye reducción de aranceles y aperturas para la exportación de carne argentina— está condicionado a que el país cumpla “prioritariamente” con la ley de patentes y refuerce el respeto a la propiedad intelectual. Según documentos de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), la Argentina figura entre los países con “mayor preocupación” en materia de derechos de patente de productos farmacéuticos y agroquímicos, lo que genera un bloqueo de facto en la negociación de comercio.
El núcleo del reclamo se centra en la Resolución Conjunta 118/2012, junto con las normas 546/2012 y 107/2012, que regulan el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas. EE.UU. demanda su derogación o revisión porque considera que esos instrumentos impiden la vigencia plena de la Ley de Patentes 24.481, sancionada en 1995. En ese momento las empresas nucleadas en CILFA contraron a un lobista especializado, Rafael Alonso, donde se movieron cifras siderales, segun pudo saber Total News Agency, tras acceder a información detallada. Esta situación, señalan analistas, beneficia exclusivamente a un grupo reducido de laboratorios locales que reproducen genéricos y mantienen márgenes elevados con beneficios excesivos, mientras el acceso de la población a medicamentos queda restringido.
La amenaza estadounidense es clara: sin avanzar en este punto, el acuerdo esperado por Argentina con posibilidad de exportar carne con reducciones arancelarias se encuentra trabado. Los interlocutores oficiales indican que las negociaciones están conducidas por el ministro de Desregulación Económica, Federico Sturzenegger, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En privado reconocen que la presión de EE.UU. se combina con un planteo estructural: los laboratorios que copian o producen medicamentos locales sin derecho real de patente “eludieron costos de innovación y ahora concentran ganancias de miles de millones, mientras los precios para los argentinos son exorbitantes”.
El bloque de demanda de EE.UU. incluye además el combate de la venta de medicamentos falsificados, la adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT) y el refuerzo de plantillas de funcionario en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para acelerar trámites de patentación. En informes entregados por la American Chamber of Commerce de Argentina se advierte que las barreras al reconocimiento de patentes productivas y la lentitud en los procesos de validación frenan la llegada de inversión extranjera en biotecnología y salud.
Para la Argentina la exigencia tiene doble efecto: por un lado, como exportador de carne y productos agrícolas pretende aprovechar un acuerdo favorable con EE.UU.; por otro, como país con sistema sanitario vulnerable ve cómo el mantenimiento del statu quo en materia de patentes tiene un costo directo para los usuarios finales. Las restricciones derivadas de normativas permissivas a la copia de medicamentos generan productos más económicos para fabricantes locales, pero también alimentan precios altos y mercados cerrados que impiden competencia real. Por lo tanto, medicamentos mas caros para los usuarios.
En tal sentido, el alineamiento con EE.UU. que demanda la implementación de la Ley de Patentes implica una reforma interna profunda: modificar regulaciones, transparentar procesos de aprobación, supervisar laboratorios y dotar de recursos al INPI. Ello tiene costos políticos internos, sobre todo porque la industria local —con vínculos políticos y económicos robustos— ve amenazados sus ingresos y posiciones consolidadas y esos mismos vinculos politicos permiten contrataciones en el sector publico a las que se las podria denomiar, “opacas”. Por otro lado, el incumplimiento podría cerrar el acceso a mercados de exportación clave y limitar la integración con EE.UU. en áreas estratégicas.
El dilema para el gobierno de Javier Milei está planteado: decidir si prioriza una estrategia de apertura comercial con EE.UU. y el mundo que pasa por la protección de la propiedad intelectual, o mantiene estructuras de producción local que han generado ganancias para un grupo reducido en detrimento del acceso y la equidad. El signo de la negociación podría marcar hacia dónde camina su gestión: hacia una Argentina más abierta al capital global y a los estándares de comercio internacional, o hacia una defensa cerrada del mercado interno con menores tarifas pero menores exportaciones.
La presión estadounidense no sólo cuestiona el marco jurídico de patentes, sino que expone la tensión entre la industrialización local, el acceso a medicamentos, y el interés exportador argentino. En esta encrucijada, el gobierno deberá mostrar si cuenta con la voluntad política y técnica para llevar adelante reformas en materia de propiedad intelectual que hasta ahora habían sido resistidas, tanto por tradición industrial como por influencia corporativa. El nivel de acuerdo alcanzado en los próximos meses será clave para definir si Argentina podrá beneficiarse de una mayor integración comercial y sanitaria global, o quedará fuera de los juegos que EE.UU. está dispuesto a abrir.
