Buenos Aires, 9 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-A más de seis años del estallido del caso conocido como los “cuadernos de las coimas”, el proceso judicial que involucra a 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, avanza entre la polémica y el desconcierto institucional. La decisión del Tribunal Oral Federal N° 7 de realizar una sola audiencia semanal y, además, de manera virtual mediante la plataforma Zoom, despertó preocupación en las más altas esferas del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura.
Las objeciones se centran en el carácter “aberrante” de un cronograma que, de mantenerse, extendería la duración del juicio a más de cinco años. En un expediente de semejante magnitud, con más de 600 testigos y decenas de defensas, la dinámica virtual amenaza con dilatar indefinidamente la búsqueda de justicia. A esto se suma el rechazo generalizado al formato remoto: los magistrados, la fiscal Fabiana León y varios abogados defensores reclaman audiencias presenciales, alegando que la virtualidad compromete el derecho de defensa y la solemnidad del proceso.
Las imágenes de la primera audiencia por Zoom se volvieron virales y reforzaron el malestar institucional. El empresario Alberto Padoán, exdirectivo de Vicentin, fue captado acostado en su cama con un pote de helado en la mano, mientras otro acusado aparecía comiendo en primer plano. Incluso el exministro kirchnerista Julio De Vido participó del juicio mientras almorzaba, ajeno a la formalidad del acto judicial. La escena derivó en críticas internas que calificaron el procedimiento como “una parodia de juicio oral”.
El Consejo de la Magistratura recordó al tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, que el edificio de Comodoro Py cuenta con una sala renovada para grandes procesos —la denominada Sala AMIA— con capacidad para 200 personas y equipamiento tecnológico que permitiría audiencias presenciales seguras y ordenadas. Aun así, el TOF 7 mantiene su esquema de una audiencia por semana hasta fin de año y dos semanales recién a partir de marzo de 2026, decisión que agrava la demora y multiplica los cuestionamientos.
La Cámara Federal de Casación, mediante los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, coincidió en que el formato remoto y la baja frecuencia de audiencias lesionan derechos esenciales y deterioran la transparencia del juicio. También advirtieron que un proceso de esta naturaleza —considerado el más importante en materia de corrupción desde el retorno democrático— requiere una presencialidad que garantice la confrontación directa entre acusadores, defensas y magistrados.
Entre los imputados se encuentran exfuncionarios, empresarios y figuras políticas señaladas por una trama de sobornos vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En ese contexto, la situación de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ocupar el centro del debate. Si bien cumple prisión domiciliaria en virtud de otras condenas y procesos, su confinamiento no implica una restricción real: su estilo de vida no difiere del que siempre llevó. Fue una mujer sin vida social visible, sin amistades frecuentes ni asistencia a eventos o restaurantes, por lo que la medida no altera su cotidianeidad. Por el contrario, continúa ejerciendo influencia política, participando de reuniones partidarias y pronunciándose sobre asuntos públicos, en abierta contradicción con las restricciones impuestas por la pena.
El contraste entre la magnitud del caso y la pasividad institucional es elocuente. La Corte Suprema observa con alarma un escenario donde la justicia corre el riesgo de volverse inoperante por la lentitud y el descrédito. Un juicio por corrupción que debería sentar precedentes de transparencia y rigor judicial amenaza con transformarse en un trámite burocrático, virtual y eterno.
Las máximas autoridades del Poder Judicial han instado a revisar el cronograma y restituir la presencialidad plena, no solo para asegurar un proceso más ágil, sino también para preservar la dignidad de la justicia argentina. Mientras tanto, los acusados asisten a las audiencias desde sus hogares, algunos comiendo, otros acostados, y quizá alguno —como ironizan en los pasillos de Comodoro Py— solo falte que se conecte mientras se ducha.
