Por Daniel Romero
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-Las recientes afirmaciones de la presidente Claudia Sheinbaum —según las cuales “regresar a la guerra contra el narco no es opción… es permiso para matar, es ir hacia el fascismo”, e incluso que tal enfoque estaría “fuera del marco de la ley”— abren una grieta peligrosa entre la retórica y la realidad del crimen organizado en México. Los cárteles no son una entelequia: son estructuras paramilitares, fuertemente armadas, que desafían al Estado, atacan a autoridades y asesinan poblaciones civiles que se les resisten. En ese contexto, el mensaje presidencial suena no solo permisivo sino desconectado de la obligación primaria del Estado: proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos con los instrumentos legales, incluida —cuando el delito la impone— la fuerza pública. Claramente la posición de Sheinbaum es la misma de su antecesor, hoy investigado por sus nexos narcos. “Abrazos, no balazos”
No se trata de reivindicar abusos ni operativos sin control. Una política de seguridad moderna exige inteligencia, cadena de custodia, jueces y fiscales robustos, fuerzas adiestradas en estándares de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas. Pero confundir el uso legítimo y proporcional de la fuerza con “permiso para matar” equivale a deslegitimar, de antemano, cualquier esfuerzo coercitivo del Estado frente a organizaciones que emplean fusiles de asalto, ametralladoras calibre .50, drones explosivos y bloqueos coordinados para dominar territorios. ¿Cómo espera la Jefa del Estado que los capos y sicarios comparezcan ante los tribunales? ¿Con una invitación y un “por favor, entréguense”? Sin facultad coercitiva —y su eventual uso armado en el marco de la ley— no hay imperio de la ley, hay capitulación.
Los 19 años transcurridos desde 2006 dejaron lecciones duras: el enfoque militar mal diseñado, sin controles ni inteligencia financiera, multiplicó daños y fragmentó cárteles. Pero otra cosa es negar la naturaleza violenta del enemigo. Una estrategia realista combina investigación patrimonial, control territorial, interdicción, cooperación internacional y operaciones de alto impacto con reglas claras. El dilema no es “guerra sí o no”; es si el Estado asume su monopolio de la fuerza con legalidad y eficacia, o si resigna áreas enteras a poderes criminales que imponen toques de queda, extorsionan a productores, reclutan niños y asesinan a periodistas.
Cuando la señora Sheinbaun afirma que “volver a la guerra” es “fascismo”, confunde las categorías. Fascismo es la negación de la ley y la vida; fascista es el narco que ejecuta y aterroriza. El Estado constitucional, en cambio, está obligado a detener, desarmar y someter a debido proceso a quienes operan como ejércitos privados. Eso implica aceptar que habrá enfrentamientos cuando los criminales disparen contra la autoridad. Pedir a policías y fuerzas federales que contengan a cárteles mejor armados sin posibilidad de respuesta proporcional o mayor si fuera necesario, es condenarlos —y con ellos, a la ciudadanía— a la indefensión.
Las propias acciones recientes del gobierno —extradiciones coordinadas, operativos contra mandos medios, golpe a cadenas logísticas— demuestran que no existe alternativa a una coerción legal, selectiva y verificable. A esa praxis hay que darle un marco explícito: objetivos mensurables (reducción de homicidios y desapariciones), prioridades (extorsión y control territorial por encima del espectáculo), trazabilidad de operativos, controles internos y externos, e inteligencia financiera para desmantelar patrimonios. Pero nada de eso funciona si, desde la cúspide, se sugiere que el recurso a la fuerza es “ilegal por definición”.
México merece un mensaje nítido: aquí no hay “permiso para matar”, hay mandato para proteger. Eso significa que toda intervención se rige por la ley, se documenta y se audita; que el abuso se sanciona; y que quien dispare contra civiles o autoridades enfrentará al Estado con toda su capacidad, dentro del marco constitucional. Los cárteles no entran por la puerta del juzgado con flores: llegan porque el Estado investiga, captura, disuade y, si es atacado, repele. Lo otro —la ambigüedad— solo fortalece a los violentos. El mensaje al narco debe ser contundente, vamos por ustedes y si hay resistencia, será vuestra última acción.
