Borrado de datos y maniobras sospechosas agravan la posición del fiscal general en el juicio
Madrid, 13 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El juicio contra el fiscal general del Estado entró este miércoles en una fase decisiva tras la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), cuyas afirmaciones incrementaron la preocupación dentro de la Abogacía del Estado. Lejos de introducir dudas o matices, los investigadores ratificaron con firmeza todos los informes elaborados durante la instrucción y apuntaron directamente al fiscal general como responsable de una serie de conductas que consideran incompatibles con el manejo regular de documentación oficial y comunicaciones sensibles.
Los agentes declararon que el registro ordenado judicialmente en el despacho del fiscal general y en el de su entonces subordinada Pilar Rodríguez respondió a una necesidad operativa ineludible. Explicaron que, ante la magnitud del volumen documental y digital, no era posible acotar de manera inmediata un rango temporal para el análisis. Según detallaron, la limitación podría haberse aplicado únicamente durante la etapa posterior de revisión técnica, pero no en el mismo momento del registro. Remarcaron que, para filtrar adecuadamente datos entre el 8 de marzo y el 30 de octubre, habría sido necesario trabajar durante meses dentro del despacho antes de ejecutar cualquier medida de incautación o aseguramiento.
El aspecto más grave señalado por los agentes fue el patrón de eliminación de información digital atribuido al propio fiscal. Informaron que el 16 de octubre, el mismo día en que el Tribunal Supremo acordó abrirle una causa penal, se detectó un borrado “voluntario, no accidental” de todos sus mensajes. A ello se sumó el hallazgo de que su cuenta personal de Gmail había sido también suprimida, en ese caso durante diciembre, imposibilitando cualquier recuperación de correos. Sostuvieron que se tomaron “todas las medidas necesarias para que la recuperación de esos mensajes no fuera posible”, lo que para los investigadores refuerza la presunción de intencionalidad.
Los agentes también señalaron un episodio adicional que calificaron de “llamativo”: el 23 de octubre, apenas una semana después de iniciada la causa penal y días antes del registro judicial, el fiscal general cambió de teléfono móvil y procedió a formatearlo. Aunque el nuevo dispositivo le había sido entregado en mayo, no lo habría utilizado hasta aquel momento. Cuando los investigadores le reclamaron el aparato anterior durante el registro, el acusado afirmó que lo había “destruido”, expresión que, según los agentes, generó desconcierto por la falta de explicación técnica o administrativa que justificara tal decisión.
Otro punto relevante expuesto en la audiencia se vinculó a la relación del fiscal con un periodista de la Cadena SER. Los agentes indicaron que les resultó significativo que el comunicador contactara directamente al fiscal general cuando el caso González Amador estaba bajo responsabilidad de la Fiscalía de Madrid, lo que, según subrayaron, excedería los cauces habituales. En su declaración, señalaron que las comunicaciones internas revelan que el fiscal general ejercía un “dominio y jerarquía” absolutos sobre cómo, cuándo y a través de qué canales debía difundirse información sensible. Relataron, además, que esta dinámica incluso sorprendió a la fiscala provincial involucrada, al observar que la nota de prensa se emitió bajo criterios definidos personalmente por él.
Los testimonios también reforzaron la sospecha de que ninguna filtración pública vinculada al caso se produjo sin conocimiento previo dentro de la Fiscalía General del Estado. Afirmaron que “no hay nada filtrado que no haya sido conocido previamente por la Fiscalía General”, lo que, de ser corroborado, podría comprometer aún más la posición procesal del fiscal acusado.
Con estas declaraciones, el juicio entra en una etapa crucial. La defensa mantiene su estrategia centrada en cuestionar la proporcionalidad de los registros y en desacreditar la cadena de custodia, mientras la Abogacía del Estado, sorprendida por la contundencia de los agentes, intenta recomponer su argumentación. El tribunal deberá ahora valorar si el conjunto de maniobras descritas configura un patrón de ocultamiento incompatible con el ejercicio de un cargo institucional que exige máxima transparencia.
