Argentina
España
USA
Israel
San Juan, 13 de noviembre de 2025-Total News Agency-TNA-.La tensión ambiental en el norte de San Juan escaló este martes con una denuncia formal que cuestiona la versión oficial sobre la mortandad de miles de pejerreyes en el dique Cuesta del Viento. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, se presentó ante la Unidad Fiscal del Norte del Ministerio Público Fiscal y presentó pruebas técnicas que desmienten el informe gubernamental, atribuyendo el fenómeno a bajos niveles de oxígeno en el agua. En su lugar, Zeballos apunta a una posible contaminación por metales pesados proveniente de actividades mineras aguas arriba, exigiendo una investigación exhaustiva que incluya análisis de sedimentos y ríos afluentes.
El episodio, detectado el 3 de noviembre cuando pescadores y vecinos hallaron cientos de peces flotando en las costas del embalse, ha generado alarma en comunidades que dependen del dique para riego, consumo humano y recreación. El informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, divulgado el 6 de noviembre, describió el suceso como un “evento natural de hipoxia” causado por acumulación de materia orgánica y variaciones térmicas en zonas de baja circulación. La comisión oficial, integrada por biólogos Pablo Pastor, Jonathan Loaisa y Alejandro Gómez, realizó muestreos el 4 de noviembre y concluyó que no había evidencias de patógenos ni contaminantes, afectando solo a ejemplares juveniles de pejerrey en focos puntuales.
Sin embargo, Zeballos, en su declaración testimonial registrada a las 08:52 en la sede judicial de San José de Jáchal, refutó categóricamente esta hipótesis. Acompañado por ingenieros independientes, el activista realizó mediciones el 7 de noviembre que arrojaron niveles de oxígeno disuelto entre 7,84 y 9,16 miligramos por litro —con saturaciones del 97,4% al 112% y temperaturas de 16,7 a 17 grados centígrados—, valores ampliamente por encima del umbral mínimo de 6 mg/l requerido para la supervivencia de los pejerreyes. “Mientras medíamos, los peces seguían muriendo en la superficie; esto no es hipoxia, es envenenamiento”, afirmó Zeballos, quien adjuntó fotografías, protocolos técnicos y registros como prueba en el expediente judicial.
La denuncia se integra al legajo MPF-JA-00734-2025, una investigación penal por envenenamiento de aguas iniciada el 5 de noviembre, y solicita peritajes urgentes en los lodos del dique, así como en los parámetros físico-químicos del agua, con énfasis en metales pesados como mercurio, cianuro y arsénico. Zeballos urgió analizar los ríos que alimentan el embalse —Potrerillos, Las Taguas, La Paica, Río Blanco y Río Jáchal—, sospechosos de recibir descargas contaminantes de la mina Veladero, operada por Barrick Gold en la cordillera. “No se trata de un incidente aislado; es la gota que colma el vaso de una contaminación acumulada que amenaza la vida en la cuenca”, enfatizó.
La Asamblea Jáchal No Se Toca, nacida en febrero de 2015 como respuesta a planes de explotación de uranio y fortalecida por los derrames de cianuro en Veladero de 2015, 2016 y 2017 —el mayor de la historia argentina, que contaminó precisamente estos ríos y el dique—, ha liderado una década de resistencia contra el modelo extractivo. Aquellos incidentes, que liberaron millones de litros de solución cianurada, provocaron mortandades similares de fauna acuática y secuelas en suelos y aguas que persisten pese a promesas de remediación. La organización, integrada por agricultores, pescadores y profesionales locales, denuncia una “impunidad estructural” de la minera canadiense, con juicios orales demorados y multas irrisorias. En 2024, impulsaron el rechazo al proyecto RIGI, argumentando que facilitaría más daños ambientales sin controles.
Esta nueva alerta reaviva reclamos históricos en Jáchal, un departamento agrícola dependiente del río Jáchal para el 80% de su producción de viñedos y olivos. Vecinos reportan que el dique, con capacidad para 50 millones de metros cúbicos, suministra agua a más de 20.000 hectáreas, y cualquier contaminación podría devastar economías familiares ya golpeadas por sequías y crisis climáticas. En redes sociales, imágenes de pejerreyes putrefactos han viralizado, sumando voces de asambleas vecinas como la de Iglesia, que el 4 de noviembre alertó sobre los primeros hallazgos. “No queremos confrontaciones, sino ciencia transparente; si el agua es potable, pruébenlo con estudios independientes”, declararon desde la asamblea en un comunicado.
La Fiscalía del Norte, a cargo del fiscal federal, evalúa la documentación y podría citar a los técnicos oficiales para contrastar datos. Paralelamente, el Gobierno provincial, bajo el gobernador Marcelo Orrego, defendió su informe como “exhaustivo” pero anunció inspecciones complementarias en Veladero, donde la minera opera bajo estrictos permisos ambientales renovados en 2023. Expertos independientes, como el biólogo marino de la Universidad Nacional de Cuyo consultado, advierten que discrepancias en muestreos podrían indicar fallas metodológicas o manipulación, y recomiendan monitoreo continuo con sensores remotos.
Mientras el dique permanece bajo vigilancia, con prohibición temporal de pesca, la comunidad organiza una asamblea el viernes en San José de Jáchal para exigir participación en los peritajes. Este caso expone las fisuras de un sistema minero que genera el 10% del PBI sanjuanino pero deja huellas tóxicas, cuestionando si la “minería del siglo XXI” prioriza ganancias sobre la sostenibilidad. La Justicia, ahora en el centro, definirá si este es un mero “evento natural” o el preludio de una crisis mayor.
(
