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Resistencia, 14 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-En la recta final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña hicieron uso de sus últimas palabras ante el jurado popular para ratificar su inocencia, mientras que su hijo César optó nuevamente por el silencio. La tensión procesal se combina con un trasfondo político inevitable: la familia Sena construyó durante años un poder territorial sostenido por millonarios subsidios estatales otorgados durante las gestiones del ex gobernador Jorge Capitanich, con quien mantenían una relación política y personal estrecha y pública.
La audiencia en Resistencia dejó en claro que el caso no sólo compromete penalmente a los imputados, sino que expone la trama de vínculos entre poder territorial, fondos públicos y el ascenso social del clan. Sena y Acuña lideraron durante años cooperativas, fundaciones y organizaciones barriales que recibieron centenares de millones de pesos en subsidios oficiales, un flujo que les permitió consolidar capacidad de movilización y presencia política. Capitanich, por entonces gobernador del Chaco, fue incluso padrino de boda de la pareja, un gesto que selló una alianza política que se sostuvo durante más de una década.
Marcela Acuña aseguró ante el jurado que jamás participó de un plan contra Cecilia y que la joven había sido invitada a la vivienda familiar “sin ninguna intención dañina”. Su declaración fue breve, con un tono que buscó transmitir serenidad. Emerenciano Sena, en cambio, intentó enfatizar su rol social histórico en el Chaco, agradeció al jurado e insistió en que la familia es víctima de “una persecución mediática y política”. César Sena, principal acusado por el crimen, volvió a negarse a declarar.
La dimensión política del caso no puede obviarse. Documentos oficiales del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular revelan que, solo en 2023, la estructura comandada por los Sena recibió más de 141 millones de pesos en subsidios provenientes del Estado provincial. Aunque estos fondos estaban formalmente destinados a programas sociales, los investigadores sostienen que funcionaron como engranaje clave para fortalecer el aparato territorial del clan, cuya influencia creció en paralelo al poder del entonces gobernador Capitanich.
El crimen de Cecilia, desaparecida en junio de 2023 y cuyo cuerpo nunca fue hallado, expuso a nivel nacional el funcionamiento interno de un esquema político-territorial consolidado. Los fiscales sostienen que el femicidio ocurrió en el interior del domicilio familiar y que posteriormente se ejecutó un plan para eliminar rastros y obstaculizar la investigación. La querella remarcó en su alegato que la estructura de poder del clan Sena no habría sido posible sin el respaldo político y financiero recibido durante los años de gestión provincial del ex mandatario.
El juicio avanzó con alto impacto social y mediático, potenciado por la figura de los acusados, ampliamente conocidos en la provincia por su rol como líderes sociales alineados históricamente con el peronismo local. Con 86 testimonios incorporados, una extensa recolección de pruebas y un jurado bajo estrictas medidas de seguridad, el proceso ingresó en su etapa decisiva. De ser hallados culpables, las penas podrían incluir prisión perpetua.
Mientras los Sena reiteran su inocencia, la sociedad chaqueña sigue de cerca un caso que ya excede lo judicial: representa la caída pública de un entramado político que moldeó durante años la vida social de vastos sectores vulnerables y cuyo peso territorial fue determinante durante las gestiones del ex gobernador Capitanich. Con el veredicto inminente, el jurado no solo definirá la situación de los acusados, sino también enviará un mensaje sobre los límites de la connivencia entre poder político, fondos públicos y redes territoriales en la provincia.
