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Buenos Aires, 15 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejó al descubierto, según la Justicia federal, una estructura organizada de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada en la compra de medicamentos e insumos de alto costo. El fiscal Franco Picardi sostiene que, a través de un sistema de “compulsas reducidas” manipuladas, un grupo de exfuncionarios, intermediarios y empresarios habría obtenido beneficios indebidos que, en apenas doce meses, superaron los 43.000 millones de pesos. El juez Sebastián Casanello convocó a indagatoria al exdirector ejecutivo de la agencia, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, y fijó las primeras audiencias para el 19 de noviembre.
De acuerdo con el dictamen fiscal, la maniobra se basó en la creación de dos circuitos paralelos de compras: uno regular, en el que se invitaba a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro restringido, denominado de “compulsas reducidas”, donde solo participaban tres o cuatro firmas seleccionadas. En ese carril cerrado, se detectaron 21 procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025, en los que dos empresas concentraron más del 93% de las adjudicaciones y montos totales superiores a los 30.000 millones de pesos, mientras otras proveedoras potenciales quedaban sistemáticamente afuera.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas relevó casos extremos de sobrefacturación que sirven como muestra del esquema. Un medicamento para patologías graves, Macitentan 10 mg, llegó a ser adjudicado a casi 8,3 millones de pesos por unidad en una compulsa reducida, cuando en un proceso abierto apenas tres días antes se había pagado poco más de 400.000 pesos, con un aumento superior al 1900%. Situaciones similares se verificaron con otros fármacos de altísimo costo, como Burosumab y Guselkumab, cuyos precios en las compulsas cerradas prácticamente duplicaban o triplicaban los valores ofertados por competidores en licitaciones abiertas.
La estructura criminal descripta por la Fiscalía se organizaba en tres niveles. En el primero se ubicaban los funcionarios que controlaban la Andis: Spagnuolo, como director ejecutivo, y Daniel Garbellini, como responsable del área de Acceso a los Servicios de Salud. Ambos habrían tenido el poder de direccionar las compras, garantizar cobertura institucional a la maniobra y recibir pagos en efectivo como contraprestación. En un segundo escalón aparecían operadores externos con influencia interna, que impartían órdenes, definían la estrategia, gestionaban retornos y ubicaban personal propio dentro del organismo para manipular el sistema de compras y filtrar información clave.
El tercer nivel lo integraban empresarios y responsables de droguerías que resultaron beneficiados por las compulsas reducidas. Según la hipótesis de la acusación, coordinaban entre sí qué firma ganaría cada proceso y se alternaban en los distintos rubros, desde medicamentos onerosos hasta insumos auditivos de alta tecnología. Un operador técnico ejecutaba materialmente las compulsas en el sistema informático, cargando invitaciones y ofertas según las instrucciones del grupo. La combinación de direccionamiento, simulación de competencia y sobreprecios sistemáticos es, para el fiscal, el núcleo del delito.
La investigación también expone un presunto circuito de lavado de activos derivado de esos beneficios ilícitos. En allanamientos se hallaron sumas en efectivo no declaradas, una máquina contadora de billetes y movimientos financieros que no se condicen con los ingresos formales de algunos de los imputados. Parte del dinero habría circulado mediante facturación a empresas vinculadas, contratos de servicios difíciles de justificar y operaciones con criptomonedas a través de plataformas especializadas, mientras que otra porción habría sido canalizada mediante una firma de aviación privada, bajo el concepto genérico de “compra de kilómetros” para aeronaves.
En el plano político e institucional, el caso golpea de lleno al Gobierno, ya que Spagnuolo no solo ocupaba la jefatura de la Andis sino que integraba el círculo de confianza presidencial. Fue designado por decreto a fines de 2023 y figuraba entre las personas que con mayor frecuencia visitaban la residencia de Olivos durante 2024 y 2025, lo que acentuó el impacto de la filtración de audios en los que se mencionan supuestos retornos “hacia arriba” en la estructura de poder. Tras la aparición de esas grabaciones, el Ejecutivo dispuso su apartamiento mediante un decreto que dejó sin efecto su nombramiento, al tiempo que se intervino el organismo y se nombró nuevas autoridades.
La causa, radicada en un juzgado federal de Comodoro Py, acumula allanamientos, peritajes de audio, secuestro de teléfonos y documentación interna, y podría ramificarse hacia otros nichos de contratación pública si se comprueba que la lógica de las compulsas direccionadas se replicó en distintos organismos y rubros. A la espera de las indagatorias de este mes, el expediente ya se convirtió en uno de los principales casos de corrupción administrativa de la gestión actual y pone bajo fuerte escrutinio los controles sobre la compra de medicamentos críticos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país.
