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Buenos Aires, 15 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La interna del Sindicato de Camioneros entró en una fase abiertamente destructiva. La relación entre Hugo Moyano y su hijo Pablo está quebrada, el heredero histórico fue corrido de las decisiones gremiales y la crisis financiera de la obra social Oschoca amenaza con arrastrar al conjunto del imperio sindical y empresario construido durante décadas. Sobre ese telón de fondo, gana poder un nuevo actor dentro del clan: Jerónimo, el hijo menor que Hugo tuvo con su actual esposa, Liliana Zulet, la arquitecta del entramado de empresas que orbitan alrededor del gremio.
En los papeles, Pablo sigue siendo secretario adjunto del sindicato, pero hace un año que no pisa su despacho en la sede de San José y quedó relegado a la gestión deportiva del Club Camioneros, que ascendió de categoría en los torneos de AFA y se proyecta como una nueva “caja” del universo Moyano. Su reaparición reciente en redes, denunciando precarización en un centro logístico de bebidas, estuvo lejos de ser un gesto aislado: la protesta involucró a trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas, que días antes habían protagonizado una batalla campal con tiros, apuñalados y presencia de barrabravas, síntoma de que la disputa por el control del gremio ya desbordó hacia las bases.
Hugo, a los 81 años, intenta conservar autoridad en el mundo sindical aferrado a la estructura formal de poder. Selló acuerdos con sectores que históricamente fueron sus rivales y retuvo influencia en la cúpula de la CGT a través de dirigentes leales, mientras en el sindicato se multiplican los gestos de coronación anticipada de Jerónimo. El hijo menor, de 26 años, es su secretario privado, le maneja agenda y teléfono, y acumula funciones en empresas vinculadas al gremio. A la vez, figura contratado en Express Beer SA, una firma de transporte de bebidas cuyo dueño integra la cámara empresaria con la que Camioneros negocia salarios, un cruce de intereses que genera recelo interno.
En la sombra de este reacomodamiento aparece la figura de Liliana Zulet, tercera esposa de Moyano y cerebro del holding levantado en torno al sindicato: empresas médicas, de construcción, de ropa, servicios y seguros que durante años tuvieron como principal cliente al propio gremio y, en particular, a la obra social. La pieza clave de ese entramado fue Iarai SA, que concentró el fondo de comercio de la red sanitaria y colocó en sus directorios a hijos de Zulet de matrimonios anteriores, integrando negocios, familia y estructura gremial en un mismo sistema de poder.
Esa maquinaria, sin embargo, empezó a crujir por donde más le duele al clan: la caja médica. Oschoca arrastra una deuda que, solo en las seccionales del interior, supera los 26.600 millones de pesos y, proyectada sobre el total de afiliados, podría acercarse a los 50.000 millones, de acuerdo con informes internos. Para sostenerla, se impuso un aporte extraordinario de 20.000 pesos mensuales por trabajador que va directo a la prestadora, convertido de hecho en un ítem salarial permanente. Aun así, la obra social perdió miles de afiliados, sus prestadores denuncian atrasos de pago y en los sanatorios vinculados al gremio se multiplican las protestas y carteles que reclaman sueldos adeudados.
La crisis de Oschoca disparó una discusión de fondo en la mesa chica de Camioneros: ya no resulta rentable seguir sosteniendo la obra social con dinero ni propiedades del sindicato y, al mismo tiempo, se volvió riesgoso desde el punto de vista contable. Sindicato y prestadora médica tienen CUIT distintos y cualquier cruce de fondos o activos queda bajo sospecha ante una inspección de la AFIP o de la Superintendencia de Servicios de Salud. Lo que durante años fue orgullo de los Moyano –un sistema integral que combinaba obra social, hoteles, clínica, constructora, textil y ART– hoy aparece, puertas adentro, como un lastre que acelera el desgaste del liderazgo histórico.
En paralelo, avanzan causas judiciales que exponen otros flancos débiles. En Mar del Plata se investiga un presunto desvío millonario en el hotel sindical “15 de Diciembre”, con cheques en blanco, sobreprecios y contratos bajo la lupa, hecho que derivó en una purga interna y desplazó a dirigentes de extrema confianza del jefe camionero. El expediente, estimado en el orden de los 10 millones de dólares, profundizó la pelea entre los sectores alineados con Hugo y con Pablo, e incluso se denunció el ataque a balazos contra la fachada de la casa de un referente local.
La batalla por la sucesión también se libra en el plano federal. La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que Moyano conduce desde 1992, enfrenta por primera vez un frente opositor articulado tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la desafiliación del sindicato de Santa Fe, liderado por Sergio Aladio, y la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que formaron su propio gremio. A esas rupturas se suman decisiones recientes de la Justicia laboral que cuestionan procesos electorales en seccionales clave y debilitan el control del histórico líder sobre el mapa nacional de camioneros.
El descontento llegó incluso al corazón de la poderosa seccional bonaerense. Delegados de la rama de recolección de residuos, uno de los bastiones tradicionales del moyanismo, se rebelaron al conocer que no cobrarán la indemnización prevista por la llamada “ley Moyano”, el pacto informal que obliga a las empresas a despedir, indemnizar y recontratar al personal cada vez que cambia la titularidad. La conducción debió salir a explicar públicamente que se trata de un “privilegio” ajeno a la ley de contrato de trabajo, en un intento por contener una base que ya no responde de manera automática al clan.
En ese clima, Pablo Moyano se presenta como un heredero desplazado pero aún con llegada a sectores del gremio, mientras Jerónimo se consolida como el delfín elegido por el matrimonio Moyano-Zulet. Entre una obra social al borde del colapso, frentes judiciales abiertos y focos de rebelión en el interior del país, el histórico liderazgo camionero enfrenta una crisis sistémica: por primera vez en casi cuatro décadas, no solo se discute quién manejará el gremio el día después de Hugo, sino si el entramado político, económico y familiar que construyó podrá sobrevivir a la implosión de sus propias “cajas”.
