Buenos Aires, 17 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA –El avión presidencial Boeing 757-256, matrícula ARG-01, volvió a quedar fuera de servicio por una nueva falla técnica y reavivó el debate sobre la seguridad, el costo operativo y la cuestionada adquisición realizada durante el gobierno de Alberto Fernández. La aeronave, que llegó al país en mayo de 2023 tras una operación criticada por especialistas y opositores, se transformó con el tiempo en una verdadera herencia maldita para la actual administración debido a sus problemas recurrentes y su elevado costo de mantenimiento.
El desperfecto más reciente afectó a uno de los tanques auxiliares de combustible, un sistema crítico para vuelos de largo alcance. La anomalía obligó a realizar una escala imprevista en Lima durante el último viaje presidencial a Miami, ya que el computador de abordo bloqueó la posibilidad de completar el trayecto directo. A raíz de esta situación, la Casa Militar autorizó una licitación de emergencia valuada en unos 125.000 dólares para reparar el componente defectuoso, y el avión permanece en estos días en un taller de Miami a la espera de regresar al país.
Este episodio se suma a un historial técnico que desde su llegada genera preocupación. El ARG-01 ya había quedado inoperable en junio de 2024 por el vencimiento del Check-C, la inspección mayor obligatoria impuesta por Boeing para garantizar la aeronavegabilidad. Ese procedimiento, adjudicado finalmente a la empresa estadounidense Commercial Jet Inc., tuvo un costo de 883.739 dólares tras un primer llamado fracasado en el que ninguna de las empresas logró cumplir las condiciones técnicas y contractuales.
A ello deben sumarse los gastos previos, que ascendieron a casi un millón de dólares en reparaciones y ajustes apenas meses después de su incorporación. Entre esos trabajos se contabilizan la costosa reparación de los reversores del motor derecho por casi 500.000 dólares; el recambio de toboganes y balsas de evacuación, valuado en más de 105.000 dólares; trabajos en los tanques de combustible; y otras reparaciones parciales que elevaron considerablemente el costo operativo de la aeronave. También se invirtió otro millón de dólares en la instalación de internet satelital y equipamiento de comunicaciones.
La compra inicial, realizada por el gobierno de Alberto Fernández, había implicado un desembolso de 21.730.000 dólares y fue duramente cuestionada por especialistas debido al estado general del avión, su configuración técnica, la antigüedad de ciertos componentes y la duda recurrente sobre si el aparato era la opción adecuada para el transporte del jefe de Estado. Con el paso de los años y los sucesivos inconvenientes, esa crítica cobró mayor relevancia: los hechos demostraron que la aeronave no solo exigió reparaciones constantes, sino que además se convirtió en una fuente permanente de gastos extraordinarios y problemas operativos.
La situación llevó a que en sectores de la aeronáutica civil, de la Fuerza Aérea Argentina e incluso del ámbito político creciera la idea de que es necesario conformar una comisión técnica independiente. Su objetivo sería evaluar en profundidad el estado real del ARG-01, la calidad del mantenimiento previo, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y, sobre todo, la pertinencia de que continúe siendo utilizado como avión presidencial. La reiteración de fallas, sumadas a las demoras en licitaciones, el gasto acumulado y la incertidumbre técnica, plantean interrogantes justificados.
A ello se suma otro elemento preocupante: una empresa de combustible con sede en Estados Unidos inició un reclamo contra el Estado argentino por una deuda superior a los 350.000 dólares vinculada al abastecimiento del avión presidencial. El conflicto, que podría derivar en un litigio en tribunales norteamericanos, expone nuevas aristas sobre la falta de control administrativo en la gestión del aparato durante los años anteriores.
La seguridad presidencial exige un estándar máximo. Tener un avión cuya confiabilidad técnica es motivo constante de revisión no solo representa un riesgo operativo, sino también un problema institucional, diplomático y presupuestario. La necesidad de una auditoría integral ya no parece una opinión: se transformó en un imperativo.
