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Buenos Aires, 19 noviembre 2025-Total News Agency-TNA-.El Gobierno nacional confirmó este miércoles que descontará el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en una medida que el gremio calificó de “amenaza ilegal” destinada a desmovilizar la protesta contra la inminente reforma laboral. La huelga de 24 horas, liderada por Rodolfo Aguiar, paraliza parcialmente servicios públicos en todo el país y culmina con una movilización masiva frente a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a un proyecto que, aunque no ha sido oficializado, ya genera crispación en el sindicalismo opositor al mileísmo.
Fuentes oficiales del Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo indicaron que la decisión de no remunerar la jornada se aplicará a los empleados de ATE que se plieguen a la medida, argumentando que el derecho a huelga no exime de las obligaciones laborales en sectores esenciales. “No hay fondos para pagar inactividad innecesaria”, resumió un vocero de la Casa Rosada, en sintonía con la política de austeridad fiscal impulsada por Javier Milei desde diciembre de 2023. Esta no es la primera sanción similar: en paros previos contra recortes presupuestarios y despidos masivos, el Ejecutivo ya había retenido salarios a miles de afiliados, acumulando reclamos judiciales que ATE ha elevado a la OIT por violación a la libertad sindical.
ATE, que representa a unos 200.000 estatales en el ámbito nacional y es el gremio más confrontacional con el Gobierno, anticipa una adhesión superior al 90%, según datos internos divulgados esta mañana. La medida responde a una batería de demandas: reapertura de paritarias con un aumento salarial del 50% para compensar la pérdida del 32% del poder adquisitivo en los últimos 23 meses, derogación de 70.000 despidos en el sector público y fin a la “persecución sindical” mediante sumarios y traslados forzosos. “Milei quiere precarizar el empleo público para privatizar el Estado; no necesitamos leer la letra chica para saber que nos jode a todos”, declaró Aguiar en un acto preparatorio, aludiendo al borrador de la reforma que incluye flexibilización de contratos, extensión de la prueba laboral a 12 meses y limitación a indemnizaciones por despido.
La movilización central, con unos 5.000 participantes estimados, inició a las 11 con retiros escalonados de puestos en ministerios y dependencias provinciales. A las 12, las columnas confluyen en la Avenida Leandro N. Alem, frente a la ex sede del Ministerio de Trabajo, para un acto a las 13 que contará con oradores de la CTA Autónoma y sindicatos adherentes como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT). En provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se reportan piquetes en rutas clave y cortes parciales en accesos a organismos como ANSES y PAMI, afectando trámites y atención al público. El transporte público, sin embargo, opera con normalidad al no adherir UPCN –el gremio mayoritario, liderado por Andrés Rodríguez, a quien Aguiar acusa de “colaboracionismo” con el oficialismo–.
La previa al paro ha sido un campo de batalla judicial y discursivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Aguiar ante el Juzgado Federal N° 2 de Marcelo Martínez de Giorgi, por “amenaza al orden constitucional” tras declaraciones del sindicalista que hablaban de “provocar la crisis del Gobierno”. “Aguiar es un golpista desestabilizador que extorsiona con paros para boicotear reformas necesarias”, replicó Bullrich en X, advirtiendo la aplicación del protocolo antipiquetes: manifestaciones solo en veredas, sin cortes de tránsito, bajo pena de detención inmediata. “Si tiran una piedra o empujan, las fuerzas responderán con firmeza”, enfatizó, recordando su rol en la represión de protestas en 2024.
Aguiar, por su parte, contraatacó desde redes: “Bullrich es una trasnochada violenta que atenta contra el derecho a huelga; el descuento es ilegal y lo judicializaremos”. El líder de ATE, que ha encabezado 15 paros desde la asunción de Milei, ve en la reforma laboral –parte de la “segunda generación” de cambios, junto a la tributaria y penal– un intento de “esclavizar” al trabajador mediante la eliminación de derechos adquiridos. Aunque el proyecto no se ha presentado en el Congreso, filtraciones hablan de una “modernización” que reduce multas por accidentes laborales y habilita blanqueos de empleo informal, lo que ha unido a CGT, CTA y movimientos sociales en alerta.
Este enfrentamiento refleja la fractura del peronismo sindical: mientras UPCN negocia paritarias sectoriales y Rodríguez se reunió con el ministro de Trabajo en octubre, ATE opta por la confrontación abierta, aliada con la izquierda y el kirchnerismo residual. En el Gobierno, la estrategia es doble: desalentar adhesiones con descuentos –que podrían afectar a 50.000 estatales– y buscar apoyo en el empresariado para una ley que promete “desburocratizar” el mercado laboral. Analistas como el economista Orlando Ferreres advierten que el paro podría escalar si la reforma llega al recinto en diciembre, en un contexto de inflación anualizada del 120% y desempleo en 9%.
Mientras las columnas marchan bajo un sol de noviembre porteño, con cánticos contra “la motosierra mileísta”, el paro de ATE se erige como termómetro de la resistencia obrera a la agenda liberal. Para Milei, que asiste a la cumbre del G20 en Río de Janeiro, es un recordatorio de que la “casta” sindical no se rinde fácilmente. Si la movilización transcurre pacífica, como promete Aguiar, podría ser un pulso controlado; de lo contrario, Bullrich tiene listos 2.000 efectivos para “garantizar el orden”.
