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Buenos Aires, 21 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA–El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue procesado este jueves por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de lavado de dinero y se le embargaron bienes por un monto de 350 millones de pesos. En la misma resolución, el magistrado incluyó al ex director de Fiscalización y Control del gremio, Facundo Asensio, sin aplicarle prisión preventiva.
El procesamiento se apoya en un conjunto de maniobras legales y patrimoniales señaladas por el juez como típicas del lavado de activos. En particular, se destaca la adquisición de una camioneta Audi Q8 con dominio AE554ZD, que figuraba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asensio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, sostuvo el magistrado.
Para justificar la compra de ese vehículo de lujo, Asensio presentó un contrato de mutuo por 30 millones de pesos suscripto con la empresa “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, constituida para la operación y registrada a nombre de sus padres. En noviembre de 2024, cuando la Cámara Federal de San Martín confirmó la competencia del juzgado de Campana, Asensio simuló una venta a otra persona. “La operación de pago se efectuó en el Hotel Sheraton de Pilar, lugar donde oportunamente se realizaron allanamientos en la financiera Token Capital S.A. y la peluquería Hairspray S.A.”, señaló el juez. Ambas firmas estaban vinculadas al entorno de D’Onofrio.
La investigación acumulaba informes sensibles sobre el patrimonio del ex ministro y sus allegados, derivadas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y fuentes españolas que detectaron sociedades vinculadas. Por ejemplo, la concejal de Pilar Claudia Pombo, cercana al ex ministro, había creado junto al ex juez de Faltas Mario Quattrochi dos restaurantes —Tardeo Pacífico y Tardeo Soho— ambas sociedades rápidamente disueltas tras el escándalo.
En paralelo, D’Onofrio es investigado por la Justicia bonaerense por irregularidades en el sistema de fotomultas. El fiscal Álvaro Garganta sostiene que desde enero de 2022 funcionó una red de gestores vinculados al Ministerio de Transporte que ofrecían descuentos de hasta el 50 por ciento a cambio de borrar infracciones, con la participación de jueces de faltas y reuniones en hoteles de La Plata que actuaban como “oficinas paralelas”. Un testigo protegido relató que Pombo se reunía con esos jueces en el edificio del ministerio y en otras sedes en la capital provincial. Otro testimonio denunció la entrega de sobres con dinero por parte de la asociación civil Cecaitra, que luego eran depositados en un museo del Retiro o en estaciones de servicio.
Un apartado de la causa refiere a irregularidades en adjudicaciones del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) otorgadas a siete empresas que, como condición, debían contratar con “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, participada por ex funcionarios de Transporte. El fiscal Garganta delegó esta investigación a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense. Las investigaciones alcanzan también a Pombo, Quattrochi y otras cinco personas.
Hace un mes, el juez de Campana anuló un intento por trasladar la causa de lavado a la justicia provincial, una maniobra que en su momento habría sido impulsada por el ex ministro con el objetivo de dilatar el proceso. De esta manera, se mantiene el expediente en el ámbito federal, con todas sus implicancias.
El procesamiento de D’Onofrio y el millonario embargo a su patrimonio marcan un nuevo capítulo en la lucha contra el lavado de dinero vinculado al poder político en la provincia de Buenos Aires. Fuentes judiciales señalan que las próximas etapas del caso podrían implicar la intervención de las firmas implicadas, embargo de sociedades y avance de las declaraciones testimoniales.
