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Bogotá, 25 de noviembre de 2025-Total News Agency-TNA-Una investigación periodística revelada por el canal colombiano Noticias Caracol desató un nuevo escándalo político en Colombia al exponer presuntos vínculos entre las disidencias de las FARC, sectores clave del Estado y la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Los hallazgos, sustentados en correos electrónicos, chats y archivos recuperados de dispositivos incautados a jefes guerrilleros, apuntan a una red de colaboración ilegal que erosiona la credibilidad institucional y profundiza la crisis de seguridad en el país.
El material divulgado proviene de un operativo militar realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, donde fueron capturados integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). En los dispositivos confiscados se encontró un correo fechado el 8 de febrero de 2024 atribuido a Alexander Díaz, alias Calarcá, en el que instruye a un subordinado a reunirse con un oficial identificado como el general retirado Juan Miguel Huertas, actualmente reincorporado al servicio activo y al mando del Comando de Personal del Ejército. La mención del alto mando militar en contactos directos con estructuras disidentes encendió alarmas sobre un nivel de infiltración sin precedentes.
Según la investigación, Huertas habría propuesto crear una empresa de seguridad de fachada manejada “mitad y mitad” entre él y las disidencias, lo que habría permitido a miembros del EMBF moverse en vehículos blindados, portar armas de manera legal y consolidar una estructura “preparada” en caso de fracaso de los diálogos de paz. El general, además, habría ofrecido protección para los desplazamientos de los guerrilleros y garantizado que, gracias a sus supuestos vínculos con Petro, estos podrían movilizarse “sin ser detenidos”.
El caso adquiere una dimensión política mayor porque Huertas —según recuerda la investigación— fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces comandante Eduardo Zapateiro, pero pocos meses después se sumó a la campaña de Petro junto a otros dos generales retirados. Tras la asunción de Petro, el 6 de agosto fue reintegrado al servicio y ascendió a su posición actual en una de las áreas más sensibles de la estructura castrense.
Otros nombres emergen en el expediente. Entre ellos, el de Wilmar Mejía, un profesor de educación física que habría escalado posiciones como agente de inteligencia en el actual gobierno gracias a su cercanía con el presidente. En paralelo, el reporte de Noticias Caracol afirma que la fiscal general Luz Adriana Camargo habría tenido acceso a esta información sin abrir una investigación formal. Incluso, el mismo día de la incautación de los dispositivos, habría ordenado la liberación de cuatro guerrilleros detenidos —entre ellos Calarcá— bajo el argumento de que actuaban como “gestores de paz”.
La pesquisa periodística también expone chats internos de las disidencias en los que se menciona un presunto apoyo del EMC, comandado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En uno de los mensajes se afirma que “todo se hizo a través de Francia Márquez”, actual vicepresidenta. Aunque sin detalles adicionales, la frase coincide con declaraciones públicas de Mordisco, quien en marzo de 2024 ya había asegurado que el EMC respaldó la candidatura de Petro, al que luego acusó de traición.
Las revelaciones profundizan el clima de desconfianza en un país ya marcado por la conflictividad interna, el avance de economías ilegales y la fragmentación de la autoridad estatal en vastos territorios. También plantean interrogantes críticos sobre la relación del actual gobierno con estructuras armadas ilegales, el uso político del aparato militar y el manejo de la inteligencia nacional.
La mezcla de infiltración, connivencia y presunta colaboración electoral configura un cuadro explosivo que podría desencadenar nuevas investigaciones, presiones institucionales y un eventual reacomodamiento político en Bogotá. Por ahora, el Gobierno no ha emitido una respuesta detallada sobre el contenido de la investigación, mientras organismos independientes y distintos sectores de la oposición reclaman explicaciones urgentes.
