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Buenos Aires, 24 de noviembre de 2025-Total News Agency-TNA-La investigación judicial sobre la monumental trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) permitió revelar una red articulada de empresas, droguerías, laboratorios e intermediarios que, bajo la conducción operativa de Miguel Ángel Calvete, funcionaba como un circuito paralelo de provisión de medicamentos, sobreprecios y pagos ilegales. La causa reconstruye un mecanismo que transformó al organismo en lo que los fiscales definieron como “una ventanilla permanente de pagos millonarios direccionados”, operada desde los despachos públicos pero sostenida por un conglomerado privado que maximizaba beneficios mediante cartelización, facturación inflada y retornos sistemáticos.
Calvete, detenido desde agosto, no solo tenía contacto directo con funcionarios clave de la ANDIS —incluido el exdirector Diego Spagnuolo— sino que controlaba un entramado empresarial que incluía compañías a nombre propio, de allegados o con participación indirecta. Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, el exrepresentante de los supermercados chinos y operador de intereses múltiples ejercía influencia sobre áreas sensibles del organismo, desde licitaciones hasta autorizaciones de pagos, al tiempo que coordinaba con droguerías que se repartían el negocio.
Uno de los núcleos más relevantes de la estructura era INDECOMM, señalada como el vehículo operativo del entorno de Calvete en el que se encuentra su hija Ornella. La firma contaba con él como socio gerente y accionista mayoritario, y compartía vínculos societarios con Ruth Noemí Lozano, también presidenta de la Droguería Profarma S.A., empresa que, junto con Profusión S.R.L., consolidaba una posición dominante en las compras públicas. En este esquema, Calvete influía directamente sobre al menos tres compañías que hacían negocios con la ANDIS, alineando decisiones administrativas para direccionar contratos.
La causa detalla que solo dos droguerías —Profarma S.A. y Genesis S.A.— concentraron el 93,1% de los más de $30.300 millones adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025. Genesis, vinculada a Pablo Atchabahian y Patricio Gustavo Rama, fue beneficiaria de contrataciones que, según la Justicia, se realizaban mediante una cartelización planificada. Atchabahian, exjefe de un área clave de la ANDIS en gestiones previas, mantenía ascendencia sobre Daniel Garbellini, funcionario responsable de decidir qué medicamentos se compraban, reforzando la operatoria irregular.
A estas firmas se sumaban New Farma S.A. y Floresta S.A., que también dominaron la provisión de audífonos, implantes cocleares y otros insumos de alto costo. La investigación sostiene que estas compañías abonaban sobreprecios cuyo excedente era redistribuido como presuntas coimas entre funcionarios del organismo.
La empresa más expuesta en la causa es la Droguería Suizo Argentina, dirigida por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. El rol de su Director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner, es un punto crítico: la fiscalía le atribuye intervención directa en la coordinación de cotizaciones y la manipulación de precios en conjunto con otras droguerías.
El expediente incorpora además cuadernos donde Calvete habría anotado presuntos pagos vinculados a firmas como Artrobone Ortopedia, Cirugía Alemana, Expo Trauma, Farma Salud, Laboratorios Sagués, Medical Implants, Ortopedia Bernat y Prolite Orthopedics. Al lado de cada empresa aparecen porcentajes que indicarían una administración paralela de fondos y una distribución interna del dinero obtenido por los sobreprecios. La Justicia establece que varias de estas firmas mantenían comunicaciones directas con Calvete, según registros de WhatsApp incorporados a la causa.
Un capítulo especialmente grave involucra a MED-EL Latinoamérica S.R.L. Según chats entre Calvete y su propietario, Humberto Gabriel Maone, ambos discutían cómo “sacar entre 1600 y 1700 palos”, lo que da dimensión del volumen económico que movía la estructura. La firma es filial de una empresa austríaca líder en implantes auditivos.
La trama adquiere también un contenido político explosivo: en audios atribuidos a Spagnuolo aparecen mencionados Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Karina Milei como presuntos beneficiarios de retornos en la operatoria. De allí surgió, en plena campaña legislativa, la frase “el 3% para Karina”, cuya autenticidad y contenido siguen bajo análisis.
La combinación de influencias políticas, cartelización empresarial y captación del organismo público revela una organización que, según el fiscal Picardi, actuó de modo sistemático y con una planificación que excede largamente la corrupción tradicional. El avance de la causa deja en evidencia un ecosistema de intereses coordinados cuyo alcance aún continúa siendo relevado.
