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Buenos Aires, 25 noviembre 2025-Total News Agency-TNA-.En la vasta pampa bonaerense, donde el agua subterránea debería ser fuente de vida, se ha convertido en un cóctel tóxico que amenaza la salud de millones. El arsénico, un metaloide carcinogénico de origen geológico que se filtra desde los Andes erosionados, contamina hasta el 87% de los acuíferos de la Provincia de Buenos Aires, superando los límites seguros en vastas regiones. Junto a él, nitratos de fertilizantes agroindustriales, fluoruros en exceso y emergentes como metales pesados de efluentes industriales forman una bomba de tiempo ambiental que el Estado provincial ha ignorado sistemáticamente. Esta crisis, que afecta a 4 millones de bonaerenses según estudios del IECS-CONICET, no es un accidente: es el resultado de décadas de negligencia regulatoria, intereses agropecuarios intocables y una difusión mediática criminalmente escasa que mantiene a las víctimas en la oscuridad. Peor aún, las demandas judiciales –el último bastión de los afectados– son meras curitas en una herida gangrenosa, con fallos aislados que no alteran el statu quo.
La geología traicionera de la Llanura Pampeana explica el origen del arsénico: minerales arsenicosos disueltos en acuíferos superficiales, transportados por vientos andinos, contaminan el 70% del territorio provincial, según el Mapa de Arsénico del ITBA relanzado en noviembre de 2025. En el corredor de la Ruta 5 –de 9 de Julio a Bragado–, concentraciones de hasta 368 μg/l (36 veces el límite OMS de 10 μg/l) envenenan el agua de red, pozos y tanques. El Código Alimentario Argentino (CAA) permite 50 μg/l con prórroga hasta 2030, pero la OMS y la UE insisten en 10 μg/l como umbral no negociable, especialmente para vulnerables: niños, embarazadas y ancianos. El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) –síndrome endémico en la región– provoca cánceres de piel, pulmón y vejiga, alteraciones neurológicas y cardiovasculares, con 140 millones de afectados globales según la OMS. En Buenos Aires, el 9% de la población (unos 1,5 millones) bebe agua con arsénico por encima de 50 μg/l, pero el impacto real es mayor: el 33% de los partidos carece de red potable, forzando pozos privados con niveles de 100-200 μg/l.
Otros contaminantes agravan el panorama. Nitratos, de lixiviación de agroquímicos como glifosato, superan 50 mg/l en el 40% de las muestras del noroeste bonaerense, causando metahemoglobinemia (“síndrome del bebé azul”) en infantes y eutrofización de ríos.
Fluoruros exceden 1,5 mg/l en áreas como Lincoln, provocando fluorosis dental y esquelética. Metales pesados como plomo y cromo de efluentes industriales –como en el caso Atanor de San Nicolás, clausurado en 2025 por vertidos tóxicos– contaminan el Paraná y sus afluentes, con arsénico sinérgico potenciando efectos cancerígenos. Estudios del INA (2016) y CONICET (2024) confirman: el 87% de las aguas subterráneas superan 50 μg/l de arsénico, con picos de 0,08 mg/l en Chivilcoy y 0,06 mg/l en Rojas. La agricultura intensiva, con 20 millones de hectáreas fumigadas anualmente, exacerba la lixiviación: glifosato y fertilizantes aportan arsénico inorgánico, según investigaciones de la UNR (2024).
Esta bomba demográfica –4 millones expuestos, 17 millones en Argentina según UNR– recibe una cobertura mediática patética: un puñado de notas locales en 2025, eclipsadas por inflación y política. El ITBA relanzó su mapa interactivo en noviembre, alertando sobre 15 municipios en rojo (Lobós, 9 de Julio), pero sin eco nacional. La escasa difusión es criminal: en 2024, solo 12 artículos en diarios porteños mencionaron el tema, vs. 500 sobre inundaciones. Gobiernos provinciales –desde Scioli a Kicillof– priorizan subsidios agropecuarios (15.000 millones de pesos en 2025) sobre plantas desalinizadoras, que costarían 500 millones pero ahorrarían 10.000 millones en salud futura. ABSA, proveedora en 62 partidos, enfrenta 20 demandas activas pero resiste con prórrogas, argumentando “imposibilidad técnica” pese a fallos de la CSJN (Kersich, 2013; Boragina, 2007) que exigen 10 μg/l.
Las demandas, aunque victoriosas en papel, son un goteo de justicia reactiva. En 9 de Julio (2025), la Justicia de Mercedes otorgó medidas cautelares a Ciudad Nueva por 368 μg/l, ordenando bidones y campañas, pero el municipio incumple: vecinos denuncian entrega irregular y sin análisis médicos gratuitos. En Chivilcoy (2011, confirmado 2024), la Suprema Corte bonaerense ratificó 10 μg/l contra ABSA, con multas de 5 millones de pesos, pero niveles siguen en 40 μg/l. Rojas (2012): amparo colectivo forzó plan de obras, pero solo el 30% está implementado. Bragado (2012): agua en bidones a 10 μg/l, pero apelaciones de ABSA dilatan. Casos recientes: Lobos (2025), Cámara de La Plata ordena agua libre de arsénico y agrotóxicos; French (2024), amparo por fumigaciones y arsénico a 1000 m de núcleos urbanos. En total, 50 fallos desde 2007 (CSJN, SCBA), con 80% a favor de demandantes, pero ejecución pobre: solo 20% de obras completas, según Naturaleza de Derechos.
Esta inacción estatal es indefendible: la Ley 11.820 (2002) obliga remediación, pero presupuestos para saneamiento caen 40% en 2025 (AySA y ABSA priorizan conexiones sobre calidad). El principio precautorio –art. 41 Constitución Nacional– se viola flagrantemente: OMS estima 1.000 cánceres anuales por arsénico en Buenos Aires, con HACRE afectando 500.000 personas. La sinergia arsénico-agrotóxicos (UNR, 2024) multiplica riesgos, pero el modelo agroexportador –80% de divisas– impide regulaciones. Demandas colectivas, impulsadas por ONGs como Greenpeace y Naturaleza de Derechos, son el único faro: en San Nicolás (Atanor, 2025), fallo clausuró planta por vertidos con arsénico, pero apelaciones persisten.
Existen indicios que las aguas subterráneas en el partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, presentan deterioro de calidad, aunque no hay información pública clara que diga que todas las napas están contaminadas en todo el territorio.
✅ Qué se sabe
- Un diagnóstico ambiental del partido indica que “la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en el partido de San Miguel” ya fue identificada como problema.
- En dicho informe se señalan factores como infiltraciones de nitratos (derivados de uso agrícola o de escurrimientos), lo que afecta la napa freática.
- Otro informe técnico ambiental vinculado al Partido de San Miguel (Propuesta de producción y distribución de agua potable) describe la necesidad de ampliar redes de distribución porque el abastecimiento desde agua superficial o subterránea actual tiene “riesgos ambientales”.
Es hora de un escándalo nacional: el silencio mediático y la tibieza gubernamental convierten el agua bonaerense en veneno lento. Con 70% de la provincia en riesgo (ITBA, 2025), urge un plan integral: perforaciones profundas, filtros comunitarios y monitoreo real-time. Las demandas no bastan; la indiferencia estatal sí es el verdadero crimen.
