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Buenos Aires, 25 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-En la antesala de una reunión clave entre el gremio de Camioneros y las empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos, la Legislatura porteña quedó envuelta en un nuevo frente político: el legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, anunció que buscará llevar a tratamiento inmediato su iniciativa conocida como “ley anti Moyano”, un proyecto que apunta a bloquear el pago de las millonarias indemnizaciones históricamente reclamadas por el sindicato.
Del Gaiso anticipó que pedirá habilitar el tratamiento sobre tablas este jueves, en la misma sesión en la que se discutirá el Presupuesto 2026 de la Ciudad. Asegura que el objetivo es frenar lo que considera un “mecanismo extorsivo” sostenido por décadas. Según sus cálculos, indemnizar a los 6.000 recolectores bajo las reglas tradicionales implicaría un costo cercano a los USD 200 millones para el erario porteño.
El legislador remarcó que no se trata de una iniciativa “contra los trabajadores”, sino contra lo que define como “una estructura enquistada que obliga a indemnizar y recontratar a toda la planta laboral cada vez que cambia la concesión del servicio”. Bajo esta práctica, conocida desde hace años como “Ley Moyano”, el gremio percibe además un porcentaje de los montos que le corresponden a cada afiliado.
El debate cobra fuerza mientras Camioneros presiona para que las empresas anticipen parte de las indemnizaciones que —según su criterio— los trabajadores debieran haber cobrado este año, pese a que la concesión fue extendida hasta 2028 durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La exigencia tomó por sorpresa a las compañías, que a comienzos de la semana mantuvieron un primer encuentro con el gremio y calificaron el reclamo como “inviable”. La negociación pasó a cuarto intermedio hasta este martes.
Desde el Gobierno porteño reiteraron su rechazo frontal al planteo sindical, recordando que la prórroga de los contratos mantiene intactas las condiciones hasta 2028 y desestima cualquier pago indemnizatorio anticipado. En la administración de Jorge Macri subrayaron además que el jefe de Gobierno viene impulsando un reordenamiento en la relación con Camioneros, con multas más estrictas y controles reforzados sobre el servicio.
En paralelo, distintas voces del sector empresario deslizaron que, ante un escenario de rechazo explícito a las indemnizaciones, el gremio podría intentar negociar alternativas como un incremento salarial por fuera de la paritaria, posiblemente en ítems específicos como el de comida. Para Hugo Moyano, interpretan, resulta imprescindible exhibir algún tipo de resultado ante la interna sindical y la presión de los delegados.
El eventual tratamiento de la ley este jueves dependerá de la predisposición de una amplia mayoría: Del Gaiso necesita reunir 40 votos, una cifra que solo podría alcanzarse con el apoyo conjunto de La Libertad Avanza, el PRO, los larretistas, el radicalismo y los republicanos. En su entorno sostienen que el escenario es favorable, aunque persisten dudas entre algunos legisladores que temen un conflicto escalonado con un gremio de alta capacidad de movilización.
La discusión se produce en un escenario en el que la Ciudad busca contener el aumento del gasto mientras encara la discusión presupuestaria para 2026. En este marco, la iniciativa que impulsa Del Gaiso ya cuenta con el aval del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo Piragine, lo que refuerza la idea de que el oficialismo porteño respalda la estrategia de frenar cualquier transferencia extraordinaria a Camioneros, en especial aquellas que pudieran sentar un precedente económico para futuras concesiones.
Las próximas horas serán determinantes: de prosperar el tratamiento sobre tablas, la Legislatura podría dar un primer paso en una confrontación política que reconfigura la histórica relación del Estado porteño con el gremio de los Moyano y que amenaza con tensar aún más la ya compleja negociación entre empresas y trabajadores.
