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Luján, 27 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA- El Club Luján quedó envuelto en una creciente polémica tras revelarse que empresarios investigados por presunto lavado de dinero lograron posicionarse en la conducción de la entidad deportiva con el aval político del intendente camporista Leonardo Boto. La trama, que mezcla vínculos comerciales, beneficios urbanísticos y sospechas judiciales, se originó en 2020, cuando desembarcó en la ciudad la constructora Lenner, parte del Grupo Dinal, propiedad de Néstor Ruiz.
Pocos meses después de instalarse en Luján, la empresa realizó una donación estratégica: financió la construcción de los nuevos baños de la Terminal de Ómnibus. Acto seguido, el municipio aprobó —sin pasar por el Concejo Deliberante ni contar con un estudio de impacto ambiental— un megaproyecto inmobiliario de 411 departamentos y un centro comercial de 100.000 metros cuadrados, denominado Tao Bosque. La operación despertó sospechas sobre un vínculo preferencial entre el gobierno municipal y la firma constructora, que rápidamente expandió su influencia más allá del negocio inmobiliario.
La penetración del Grupo Dinal y de Lenner en la vida institucional del Club Luján fue directa. El presidente del club, Federico Vanin —secretario de Desarrollo Humano del municipio y concejal electo por La Cámpora— avaló la incorporación de ejecutivos de la empresa a la comisión directiva. Así, el gerente de ventas de la constructora, Juan Pablo Fagiani, asumió como vicepresidente, mientras que el propio Néstor Ruiz se ubicó como vocal, había informado La Postal de Mar del Plata. La presencia empresarial en la estructura del club se consolidó rápidamente como un factor de poder interno.
Todo cambió en diciembre de 2023, cuando la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el desmantelamiento de una organización que, según la investigación federal, lavaba dinero del narcotráfico proveniente del clan Mameluco Villalba. En ese expediente, los dos grupos empresariales encargados de las obras en Luján —Grupo Dinal y la constructora Lenner— aparecen mencionados como empresas de pantalla utilizadas para blanquear fondos ilícitos. Ambas firmas, radicadas en San Martín, operaban históricamente en el mismo territorio donde el clan Villalba desarrolló sus actividades criminales.
La explosión del caso judicial impactó de lleno en el entramado económico. La constructora quedó prácticamente en estado de insolvencia: es considerada morosa e irrecuperable tanto por el Banco Nación como por el Banco Provincia, y enfrenta problemas severos con el Banco Supervielle. Hoy registra más de 280 cheques rechazados por falta de fondos por un monto superior a 700 millones de pesos, un indicio concreto del deterioro financiero que arrastró sus proyectos.
Como consecuencia, numerosas familias que habían adquirido unidades o confiado en la empresa para obras en Luján, San Martín y Mar del Plata reclaman respuestas ante construcciones paralizadas y compromisos incumplidos. Mientras crece la preocupación de vecinos y damnificados, persiste el silencio de los dirigentes políticos que respaldaron el desembarco de las firmas involucradas. El intendente Leonardo Boto y el presidente del club, Federico Vanin, son señalados como impulsores de las decisiones que permitieron a los empresarios investigados ocupar posiciones clave. Según testimonios locales, ambos dirigentes han evitado dar explicaciones públicas y minimizan la crisis, generando un clima de malestar creciente.
El caso vuelve a poner en escena la relación entre poder político local y grupos empresariales con antecedentes controvertidos, y reabre interrogantes sobre la falta de controles institucionales que permitieron la consolidación de este entramado en uno de los clubes deportivos más tradicionales de Luján.
