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La Plata, 27 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA- El Astillero Río Santiago vuelve a quedar envuelto en un escándalo administrativo que compromete de lleno a la gestión provincial. En simultáneo con un fallo histórico que obliga a exfuncionarios del gobierno de Daniel Scioli a devolver más de 70 millones de pesos por contratos apócrifos, otra resolución del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) expuso graves irregularidades en las compras del organismo durante 2023 y dejó bajo la lupa a dos hombres claves sostenidos por Axel Kicillof: Eduardo Luis Padín y Gonzalo Ariel Horacio Ibendahl.
El fallo del HTC confirma que ambos funcionarios incurrieron en desdoblamientos de contrataciones y en la ausencia total del plan anual de compras, una obligación legal para todos los entes descentralizados alcanzados por la ley provincial de Presupuesto, según informó Realpolitik. Las conclusiones no solo describen fallas procedimentales, sino una cadena de decisiones que, según el Tribunal, vulneraron la normativa vigente y afectaron la transparencia del gasto público.
Padín —trasladado en marzo de 2024 por el gobierno provincial a la Contaduría General, un área clave en control administrativo— recibió un “llamado de atención”, la sanción prevista en el artículo 16 de la ley 10.869. El Tribunal detalló que las compras realizadas bajo su responsabilidad se ejecutaron mediante múltiples órdenes de pago de montos similares, dirigidas a adquirir bienes distintos pero tramitadas por fuera de los procedimientos correspondientes por monto y periodicidad. Para el organismo, estas prácticas constituyeron una presunción clara de desdoblamiento, figura tipificada en el artículo 6 de la ley 13.981.
La auditoría también verificó que Padín presionó en junio de 2023 para pasar a planta permanente mientras su desempeño estaba siendo evaluado por el ente de control. Pese a ese antecedente, lejos de sancionarlo, la administración de Kicillof lo ubicó luego en un área estratégica vinculada a la rendición y seguimiento del gasto público.
Ibendahl, por su parte, fue responsabilizado por no garantizar que las compras se ajustaran a los procedimientos legales. El Tribunal de Cuentas remarcó que el funcionario ni siquiera presentó el plan anual de contrataciones de 2023, instrumento básico para ordenar, programar y transparentar el uso de fondos públicos. La relatoría descartó cualquier intento de justificar esa omisión en la “organización de tipo empresarial” del Astillero, recordando que la normativa aplica en forma estricta a todos los entes incluidos en la ley de Presupuesto.
La auditoría identificó además compras reiteradas y concentradas en un mismo proveedor, Takeprofit SAS —propiedad de Lisandro Téllez—. Entre enero y febrero de 2023 se registraron tres adquisiciones de aires acondicionados por 2,9 millones de pesos, y otras tres compras de impresoras entre marzo y mayo por 4,3 millones, todas bajo la modalidad “Factura Conformada”. Los funcionarios intentaron justificar estas operaciones alegando urgencias, necesidades operativas, faltantes de stock y problemas de salud de Padín. El Tribunal, sin embargo, fue categórico: la urgencia fue consecuencia de mala planificación, no de circunstancias excepcionales.
El nuevo fallo llega mientras otro expediente de enorme impacto sacude al organismo: la orden de devolver más de 70 millones de pesos por contratos apócrifos que involucraron al expresidente del Astillero durante la gestión Scioli, al secretario de Presidencia, al gerente general y al coordinador de sueldos. Aquella maniobra, perpetrada entre 2012 y 2013, es considerada uno de los casos más graves de corrupción administrativa detectados en la historia reciente del Astillero.
La coincidencia temporal de ambos fallos —uno por fraude y otro por irregularidades graves en compras— vuelve a poner en cuestión la solidez del control interno y la cadena de responsabilidades políticas. El Tribunal aprobó el balance 2023, pero aplicó sanciones y advirtió la existencia de fallas estructurales persistentes.
La exposición pública recae especialmente en Padín e Ibendahl, quienes continúan ocupando roles centrales. Para la administración de Axel Kicillof, la presión aumenta: deberá explicar por qué trasladó a Padín a una de las áreas más sensibles del sistema de control provincial mientras el Tribunal de Cuentas señalaba su desempeño administrativo como irregular y cuestionaba prácticas que hoy comprometen al Astillero Río Santiago.
