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Buenos Aires, 27 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA- El escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en las últimas horas un capítulo explosivo: un funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA), organismo encargado de recibir y tramitar denuncias contra irregularidades del Estado, figura como abogado defensor de uno de los principales imputados del caso y acudió en su auxilio durante un allanamiento judicial. Se trata de Ernesto Camilo Cordero Fabbri, coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la OA y con rango de director.
La situación quedó expuesta tras el hallazgo de un papel pegado en la cocina de la casa desde la que operaba Miguel Calvete —el empresario considerado por la fiscalía como líder u organizador de una asociación ilícita dentro de Andis—. El cartel establecía un protocolo de emergencia ante eventuales allanamientos, con instrucciones precisas: solicitar la orden judicial, fotografiarla y llamar inmediatamente a dos abogados de confianza. El primero de ellos era el propio Cordero Fabbri, identificado con nombre, apellido y número telefónico.
El operativo se llevó a cabo el mes pasado en la vivienda de la calle Defensa al 1400, utilizada como búnker por Calvete. Según fuentes de la investigación, quien abrió la puerta siguió al pie de la letra el protocolo: Cordero Fabbri se presentó durante el procedimiento, preguntó qué sucedía y luego se retiró. Aunque tiene matrícula habilitante, no se anotó como abogado defensor en este expediente, ya que —según exfuncionarios de la OA— los trabajadores del organismo no pueden intervenir en causas vinculadas a hechos de corrupción.
El funcionario sí defendió a Calvete en la causa por la cual el empresario fue condenado y alojado en la cárcel de Ezeiza por explotar la “prostitución ajena”. En el caso Andis, sin embargo, aparece mencionado en el denominado “Listado círculo ‘Tuco’”, una nómina de contactos hallada en un cuaderno secuestrado a Calvete y adjuntada por el fiscal Franco Picardi, donde figuran allegados, socios, funcionarios y operadores del entramado investigado.
El organigrama oficial de la OA muestra que Cordero Fabbri recibe, registra y deriva todas las denuncias que ingresan al organismo, tarea clave para el sistema de control interno del Estado. Trabaja allí desde 2016 y fue nombrado coordinador en 2020 mediante una resolución firmada por Santiago Cafiero y Marcela Losardo, por entonces jefe de Gabinete y ministra de Justicia. Ese nombramiento tenía carácter transitorio por 180 días, aunque el funcionario permaneció en el puesto hasta hoy sin que la OA ni el Ministerio de Justicia brinden explicaciones públicas sobre su situación.
La polémica creció cuando el diputado Rodolfo Tailhade difundió en redes sociales que el funcionario poseía 18 armas declaradas en su patrimonio, entre pistolas, escopetas y carabinas. Voceros de la OA y del Ministerio de Justicia —encabezado por Mariano Cúneo Libarona— fueron consultados, pero evitaron responder.
El caso Andis continúa ampliando su impacto político. Además de la imputación contra Miguel Calvete, su hija Ornella —quien ocupaba un cargo en el Ministerio de Economía— renunció la semana pasada, lo mismo que su esposo, Javier Cardini, funcionario de la cartera de Luis Caputo. Ambas dimisiones ocurrieron luego de que la Justicia allanara las propiedades de la familia y encontrara cerca de 700.000 dólares en efectivo en la casa de Ornella, según detalla el dictamen del fiscal Picardi.
Los diálogos revelados en la causa muestran que, durante el operativo, Ornella consultó a su padre si la firma “tiene cash blanco”, y evaluó qué decir en caso de que la Policía encontrara dinero en su departamento. Calvete, desde su detención, la instó a “hacerse la gila”.
La presencia de un funcionario de la OA como contacto de emergencia del presunto organizador de la trama ilegal abre un interrogante de alto impacto institucional sobre la independencia, la transparencia y los controles internos del organismo encargado, justamente, de prevenir actos de corrupción en la administración pública.
