El Consejo de Europa alza la voz ante el deterioro del estado de Derecho que se está produciendo en España. Las dos ponentes que evalúan la salud de la democracia española emitieron ayer un comunicado en el que advierten que «el respeto a las decisiones judiciales es un principio fundamental» del estado de Derecho, después de que varios miembros del Gobierno y de sus aliados parlamentarios hayan acusado al Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por motivos políticos pese a «ser inocente». «Ninguna democracia puede permitirse que el debate público quede secuestrado por narrativas que socavan la confianza en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial», advierten Valentina Grippo y Elvira Kovács, pidiendo también una reforma del Ministerio Fiscal y de la figura del fiscal general para garantizar su independencia. «La polarización política no debe interponerse en el respeto del Estado de derecho ni puede servir de coartada para erosionar la confianza en las instituciones democráticas», añaden. Los «ataques contra la judicatura» son uno de los puntos que más preocupan a Grippo y Kovács porque pueden resentir la «resiliencia democrática», por lo que, como aún quedan meses para concluir su informe, apremian al Gobierno a aplicar todas las recomendaciones realizadas por la Comisión de Venecia. Esto implica también iniciar «con determinación» la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces los responsables de elegirlos, y no el poder político. Ni Bolaños ni MarlaskaEl comunicado de las ponente es un duro balance del viaje que realizaron este mes a Madrid y Barcelona para entrevistarse con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros representantes institucionales y sociales, como avanzó ABC. Las ponentes habían solicitado reunirse con dos ministros del Gobierno, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, pero ninguno de ellos les atendió alegando razones de agenda. Noticia Relacionada estandar Si El Consejo de Europa se reúne con el Gobierno, Feijóo y Pumpido para chequear la salud de la democracia Ana Sánchez La misión viajará a Barcelona para reunirse con Rull, presidente del Parlament catalán y miembro de Junts, y Duch, consejero de IllaPor parte del Ejecutivo, las parlamentarias europeas tuvieron que conformarse con reunirse con niveles técnicos de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y de Interior. Quizás por eso la nota publicada ayer anuncia que habrá un segundo viaje a nuestro país antes de concluir su informe. La fecha de este nuevo viaje no está cerrada y el comunicado solo anticipa que se producirá en «los próximos meses». La agenda de las ponentes volverá a incluir a representantes institucionales, de partidos políticos y de la sociedad civil. Bolaños y Marlaska tendrán una segunda y última oportunidad de recibirlas. El documento se presentará en el primer semestre de 2026 y lo transmitido este viernes anticipa un durísimo varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que las ponentes también denuncian en su comunicado el deterioro del clima institucional en España, subrayando que durante su viaje a nuestro país detectaron un inquietante «clima de tensión» y «crispación política» que puede suponer una amenaza para el respeto al estado de Derecho. Su comunicado no pasa la corrupción por alto e insta al Gobierno a aplicar sin tardanza las recomendaciones para prevenir esta lacra. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) lleva realizando 19 recomendaciones a España desde 2019 y la última evaluación publicada en agosto constató que nuestro país seguía sin cumplir íntegramente ninguna de ellas. En este paquete hay medidas que, de haberse aplicado, podrían haber permitido detectar la corrupción del núcleo duro político de Sánchez, como el control de los asesores como Koldo García. El Ejecutivo no solo hizo oídos sordos a aplicar a los asesores controles e incompatibilidades equivalentes a las de los políticos sino que, a día de hoy, sigue sin hacerlo.
Fuente ABC

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