El Consejo de Europa alerta por el deterioro del Estado de derecho en España y advierte sobre ataques políticos a la Justicia
Madrid, 28 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Consejo de Europa lanzó una advertencia contundente sobre el deterioro del Estado de derecho en España, tras la serie de cuestionamientos de miembros del Gobierno y de sus aliados parlamentarios contra el Tribunal Supremo por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un comunicado difundido por las dos ponentes encargadas de evaluar la salud democrática española —Valentina Grippo y Elvira Kovács— el organismo subrayó que “el respeto a las decisiones judiciales es un principio fundamental del Estado de derecho” y que ninguna democracia puede permitirse que el debate público quede “secuestrado por narrativas que socavan la confianza en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial”.
Las expertas advirtieron que la polarización política no puede convertirse en una excusa para erosionar la confianza institucional, y reclamaron al Ejecutivo que avance de manera inmediata en la implementación de las recomendaciones pendientes de la Comisión de Venecia, especialmente la reforma del Ministerio Fiscal y de la figura del fiscal general para garantizar plena independencia respecto del poder político. La alerta también abarca la necesidad de modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que sean los propios jueces quienes los elijan, una reclamación largamente sostenida por organismos europeos.
El documento constituye un duro balance de la misión que las ponentes realizaron este mes a Madrid y Barcelona, donde mantuvieron reuniones con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; y con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades y referentes institucionales. Sin embargo, el comunicado reveló un hecho inusual: pese a haber solicitado encuentros con los ministros Félix Bolaños (Presidencia) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), ninguno de ellos las recibió, alegando compromisos de agenda.
La ausencia de ambos ministros marcó la visita. Finalmente, las representantes del Consejo de Europa debieron conformarse con reuniones técnicas en los Ministerios de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes e Interior. A raíz de esa limitación, anunciaron que realizarán un segundo viaje al país en los próximos meses, antes de cerrar el informe definitivo previsto para el primer semestre de 2026. Según anticiparon, su agenda volverá a incluir reuniones con instituciones, partidos y organizaciones civiles. Para Bolaños y Marlaska, será la última oportunidad de atender formalmente a la misión.
El comunicado también pone el foco en el “clima de tensión y crispación política” que las ponentes detectaron durante su visita, y alerta que ese ambiente puede terminar dañando la “resiliencia democrática” del país. La advertencia se suma a las críticas por los ataques públicos contra tribunales y jueces, fenómeno que consideran especialmente preocupante.
La corrupción tampoco quedó fuera del diagnóstico: el Consejo de Europa instó al Gobierno a implementar sin más demoras las 19 recomendaciones emitidas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) desde 2019. La última evaluación, publicada en agosto, mostró que España no ha cumplido íntegramente ninguna de esas recomendaciones. Entre ellas figuran medidas de control sobre asesores y cargos de confianza que podrían haber ayudado a detectar irregularidades recientes en el entorno político del presidente Pedro Sánchez, como el caso que involucró a Koldo García.
El documento, de tono excepcionalmente severo, anticipa un informe definitivo que podría convertirse en un fuerte varapalo para el Gobierno español. Las ponentes enfatizaron que el respeto al Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía, la prevención de la corrupción y la despolitización del CGPJ son pilares innegociables para la salud democrática de España. El Consejo de Europa considera que el deterioro observado exige acciones inmediatas y decisivas.
