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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Una investigación judicial iniciada a fines de 2017 y prácticamente sepultada con el paso del tiempo volvió a cobrar relevancia al revelar una trama de extrema gravedad que involucró al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, con una presunta organización dedicada al narcotráfico que operaba en el norte argentino mediante el uso de pistas clandestinas para avionetas.
El expediente se abrió en el ámbito de la Justicia federal a partir de un dictamen impulsado por la Procuración contra la Narcocriminalidad, entonces encabezada por Diego Iglesias, junto al fiscal subrogante de Campana Manuel Matilla. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien autorizó una serie de medidas de prueba que terminaron robusteciendo las sospechas iniciales.
Dos testigos protegidos declararon que Toviggino encabezaba una estructura que se dedicaba a la usurpación violenta de campos en la provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de acondicionarlos como puntos de aterrizaje de avionetas utilizadas para el transporte de estupefacientes. Ambos testimonios coincidieron en señalar una finca ubicada en el paraje “Ahí Veremos”, departamento Alberdi, donde funcionaría una pista conocida como “Picada YPF”.
Ante la gravedad de esas denuncias, el magistrado ordenó a la Gendarmería Nacional desplegar tareas de inteligencia legal en la zona. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas, cuyo jefe, el Primer Alférez Norberto Omar Ghighlione, declaró luego en el expediente confirmando la existencia de una pista apta para el aterrizaje de aeronaves livianas, detectada mediante drones y tareas encubiertas.
Según su testimonio, los agentes constataron que las personas presentes en el campo no realizaban tareas rurales habituales y contaban con equipos de comunicación VHF. Además, identificaron a dos hombres vinculados comercialmente con Toviggino, Fernando “Polo” Figueroa y Gabriel Gorosito, este último también integrante de directorios de empresas atribuidas al tesorero de la AFA. Ghighlione afirmó que se comprobó la vinculación de Toviggino y Gorosito con la firma HT SRL, señalada como administradora del predio bajo sospecha.
El expediente sumó también información del sistema estatal de Tránsitos Aéreos Irregulares, que reportó al menos 37 vuelos irregulares detectados entre 2012 y 2018 en la zona investigada. A su vez, el Grupo de Vigilancia y Control Aeroespacial de la Gendarmería indicó que solo en 2017 se habían registrado catorce vuelos con destino al área donde se encontraba la pista clandestina.
Los fiscales solicitaron además el entrecruzamiento de líneas telefónicas de los presuntos involucrados, entre ellos Toviggino, Figueroa, Gorosito y otros integrantes del entramado. La causa avanzó hasta que, por cuestiones de competencia territorial, fue derivada primero a Zárate y luego a la Justicia federal de Catamarca.
En esa jurisdicción apareció una figura clave del narcotráfico regional: Eva Portillo de Quiñones, conocida como “La Tía”, señalada como enlace logístico con países limítrofes y finalmente detenida en un control rutero. En las actuaciones catamarqueñas se mencionó nuevamente a Fernando “Polo” Figueroa como contacto operativo de esa red desde Santiago del Estero, reforzando el nexo entre ambas investigaciones.
Si bien fuentes judiciales señalaron que Toviggino ya no figura formalmente como imputado en esos expedientes, la documentación acumulada mantiene vigencia en investigaciones más recientes por presunto lavado de dinero. Allí vuelve a aparecer una compleja red de sociedades —HT SRL, Malte SRL, IMA SRL, SOMA SRL y BORI SRL— que la Justicia intenta determinar si fueron utilizadas para ocultar patrimonio y desviar controles estatales.
El expediente también expuso el contexto político provincial. El denunciante por la usurpación del campo, el abogado Edgardo Taboada, sostuvo reiteradamente que Toviggino habría contado con respaldo político local y maniobras notariales irregulares, en una provincia donde el poder real continúa orbitando alrededor del histórico caudillo Gerardo Zamora.
La causa, nacida en Buenos Aires, derivada por distintas jurisdicciones y finalmente recalando en Santiago del Estero, se convirtió para muchos en un ejemplo paradigmático de cómo expedientes sensibles pierden impulso cuando rozan intereses políticos de peso. Sin condenas ni avances sustanciales, el “caso Toviggino” permanece como un antecedente inquietante que vuelve a emerger cada vez que la Justicia reabre la lupa sobre los negocios y el poder que rodean a la cúpula del fútbol argentino.
