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Tacna, 29 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno de Perú decretó este viernes el estado de emergencia en la región de Tacna y dispuso la militarización inmediata de la frontera con Chile, tras el avance masivo de migrantes que intentaban abandonar territorio chileno e ingresar a Perú sin documentación. La medida, anunciada horas antes por el presidente José Jerí, busca contener una presión migratoria que ya generó bloqueos, tensión diplomática y un colapso operativo en los pasos internacionales.
La decisión se enmarca en un contexto de creciente flujo de extranjeros —en su mayoría venezolanos— que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria del candidato ultraderechista José Antonio Kast en el balotaje del 14 de diciembre. Kast prometió aplicar un plan de expulsiones aceleradas de indocumentados, lo que detonó un movimiento hacia el norte que Perú considera “incontrolable” si no se adoptan medidas excepcionales.
La situación estalló este viernes cuando decenas de migrantes alcanzaron el punto fronterizo Chacalluta–Santa Rosa, en Arica y Tacna, pero fueron rechazados por las autoridades peruanas. Videos difundidos por el gobernador regional de Arica exhibieron columnas de personas caminando con bolsos, carritos y niños en brazos, intentando cruzar el desierto para llegar al límite peruano. A lo largo de los 150 kilómetros de frontera, grupos enteros quedaron varados sin poder avanzar.
El presidente Jerí anticipó en un mensaje publicado en X que su gobierno actuaría “para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización que podría amenazar la seguridad ciudadana”. Tras una reunión extraordinaria del gabinete, se formalizó la emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, habilitando restricciones a la circulación, al derecho de reunión y a la inviolabilidad del domicilio. Aunque la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, las Fuerzas Armadas quedan facultadas para intervenir en apoyo operativo en los puntos críticos.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajó a la zona y confirmó que 50 soldados serán desplegados de inmediato en el puesto de Santa Rosa, y otros 50 se sumarán en los primeros días de diciembre. La medida busca reforzar el cerco en un área donde la presión migratoria se intensificó en cuestión de horas, generando congestión en la Panamericana Sur y filas de camiones y ómnibus detenidos en ambos lados de la frontera.
Del lado chileno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, reconoció la “concentración de personas” en Arica que intentan salir del país, aunque evitó precisar números. Perú, que ya recibió a más de 1,5 millones de venezolanos desde 2015 y enfrenta un fuerte desgaste institucional por el impacto migratorio, sostiene que no tiene capacidad para recibir nuevos flujos irregulares.
Ante la gravedad del escenario, Lima y Santiago acordaron activar a partir del lunes un comité binacional de cooperación migratoria para coordinar acciones sanitarias, operativas y de control fronterizo. Sin embargo, las autoridades peruanas dejaron en claro que su postura será inamovible: “No permitiremos la migración irregular”.
La militarización de Tacna no es inédita —Perú aplicó medidas similares en 2023 por un desborde similar—, pero el actual contexto político en Chile, sumado a la presión social interna y al desgaste de los sistemas de acogida, configura un escenario más explosivo que en años anteriores. Con miles de personas desplazándose hacia el norte y dos países reforzando controles, el corredor migratorio Tacna–Arica se convierte nuevamente en un punto de tensión regional con impacto hemisférico.
