El Consejo General de Gestores Administrativos celebró este martes la decisión del Ministerio de Hacienda de aplazar hasta 2027 la entrada en vigor del sistema Verifactu. Según explicó su presidente, Fernando Jesús Santiago, “este retraso aporta, por fin, la tranquilidad que las empresas y los autónomos no han tenido en todo este año”.
Aun así, los gestores administrativos advierten de que este aplazamiento “solo tendrá sentido si se utiliza para hacer bien aquello que no se ha hecho hasta ahora”: aclarar quién debe acogerse al sistema, ordenar su implantación y evitar que el mercado vuelva a sufrir una oleada de confusión.
El Consejo sostiene que la normativa siempre ha sido clara: “Solo están obligados quienes facturan a través de un sistema informático de facturación, en los propios términos del reglamento, exclusivamente”.
“Durante meses, muchos autónomos y pequeños negocios han vivido con la idea equivocada de que Verifactu era obligatorio para todos. Esa sensación —alimentada en parte por comunicaciones poco precisas— abrió la puerta a que algunas empresas vendieran soluciones que no eran necesarias”, explica Santiago.
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Los gestores administrativos insisten en que siempre han tenido absoluto conocimiento técnico del alcance de Verifactu. “El problema no estaba en la norma, sino en el ruido. Nosotros sabíamos quién debía acogerse y quién no. Lo que ahora pedimos es que esa claridad sea compartida por la Agencia Tributaria, por las empresas tecnológicas y por todo el tejido productivo“.
El Consejo señala que este año adicional debe servir para definir y comunicar con precisión qué empresas están obligadas y cuáles no; garantizar una implantación técnicamente viable y homogénea; evitar costes injustificados para autónomos y micropymes; y asegurar que Verifactu no se convierta en una nueva fuente de carga administrativa. “Lo que las pymes y autónomos necesitan es seguridad. No más cambios de criterio, no más dudas, no más decisiones precipitadas“, afirma Santiago.
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Asimismo, reiteraron su disposición a colaborar con la Agencia Tributaria, como aseguran que han hecho durante décadas, para organizar una transición “ordenada, realista y respetuosa con la capacidad operativa de las pequeñas empresas“. “Estamos aquí para ayudar. España tiene un aliado en los gestores administrativos: somos parte de la solución, no del problema”, concluye Fernando Santiago.
Fuente El Confidencial
