BUENOS AIRES, 3 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) inició formalmente el proceso de transferencia al Estado de los activos decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, condenados por lavado de dinero en el marco de la causa conocida como “la Ruta del dinero K”. La medida implica el traspaso de más de US$ 61.130.860,86 —junto a un paquete de bienes inmuebles y otros activos— bajo titularidad pública.
🔹 Qué dispuso la Corte
- En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna de la Corte informó que se procedió al decomiso y a la adjudicación definitiva de los activos, incluidos los fondos líquidos obtenidos por subastas. También se ordenó la inscripción registral de los inmuebles a nombre del Estado.
- Se trata de una medida derivada de una sentencia firme dictada en abril de 2021 por el TOF 4, confirmada en 2023 por la cámara de Casación, lo que habilitó su ejecución.
🔹 El alcance del decomiso
Según lo informado:
- El monto decomisado asciende a un total de US$ 61.130.860,86 por lavado de dinero.
- Además, se suman bienes inmuebles, terrenos, propiedades urbanas y rurales, vehículos, maquinaria vial, cuentas en el exterior y otros activos asociados a las empresas vinculadas a Báez.
- Entre los bienes también figuran dos aeronaves —subastadas ya en procesos previos— cuyos ingresos forman parte de los fondos ahora transferidos al Estado.
🔹 Contexto judicial y político
La causa “Ruta del dinero K” se remonta a irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas en la provincia de Santa Cruz. Báez, empresario emblema del llamado “kirchnerismo empresario”, fue condenado por lavado de activos agravado en 2021.
Con la ratificación del fallo y el rechazo de los recursos de apelación por parte de la Corte Suprema en 2025, la ejecución del decomiso quedó firme y sin posibilidad de nuevos recursos.
El inicio formal de la transferencia de activos marca un punto de inflexión institucional: por primera vez en décadas, bienes de magnitud considerable vinculados a delitos de corrupción y lavado pasarán definitivamente al patrimonio estatal. Fuentes judiciales consultadas señalan que la operación de recuperación de activos aspira a ser un precedente en la lucha contra la corrupción estructural en Argentina.
🔹 Dudas y desafíos: administración de los bienes
Pese a la transferencia, persisten interrogantes sobre el destino final de los fondos y los inmuebles. En su momento, el Ejecutivo nacional había creado el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar activos decomisados. Pero una cautelar judicial emitida por el magistrado Pablo Cayssials frenó su implementación, aduciendo que la norma atentaba contra la independencia del Poder Judicial.
Así, la custodia, administración o eventual destino (subasta, incorporación al Estado, reinversión, restitución) de los bienes recuperados dependerá de definiciones que aún no fueron formalizadas.
🔹 Significado institucional
La transferencia decidida por la Corte no solo implica la devolución de parte del dinero desviado por corrupción al Estado, sino que también actúa como un mensaje institucional: los sistemas judiciales y de control pueden quebrar estructuras de impunidad y recuperar patrimonio mal habido, incluso décadas después.
Para el Gobierno, representa una oportunidad para reforzar su imagen de lucha contra la corrupción y reforzar la confianza en la institucionalidad. Para la sociedad, puede simbolizar un paso hacia la justicia y la reparación del daño económico y simbólico ocasionado por delitos de alto impacto.
Fuentes consultadas: Infobae; Quórum; La Prensa de Santa Cruz; jurisprudencia pública; archivo TNA.
