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LA PLATA, 3 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El gobernador Axel Kicillof volvió a desplegar su principal herramienta de negociación política: el Banco Provincia, convertido en los últimos meses en un amplio dispositivo para absorber tensiones, cooptar aliados circunstanciales y asegurarse apoyos legislativos claves. La reciente aprobación del endeudamiento por 3.500 millones de dólares en la Legislatura bonaerense no fue la excepción. Para obtener los dos tercios necesarios, el mandatario abrió la puerta del directorio y de los cargos jerárquicos de la entidad financiera a representantes del PRO, la UCR, sectores libertarios dialoguistas y dirigentes de extracción massista.
La operación fue quirúrgica: mientras negociaba voto a voto el endeudamiento y reconfiguraba la conducción de la Cámara de Diputados con un esquema rotativo funcional al oficialismo, Kicillof ofreció puestos estratégicos en el Banco Provincia a legisladores opositores y operadores territoriales que, en otro contexto, le hubieran sido abiertamente hostiles. Así, el BAPRO se consolidó como la gran zona de amortiguación y contención política del gobierno provincial.
Entre los nombramientos avalados por el oficialismo, figuran el macrista Matías Ranzini, el radical monzoísta Marcelo Daletto, así como Fernando Rozas, dirigente alineado a los libertarios más dialoguistas. A ellos se suman figuras cercanas al massismo y al propio gobernador, como Javier Osuna y Javier Bordoni, ratificando que la estructura del banco funciona como moneda de cambio en cada negociación parlamentaria relevante.
Mientras tanto, un movimiento menos visible pero igualmente significativo ocurrió en el Honorable Tribunal de Cuentas en 2022, donde, tras la renuncia de Eduardo Grinberg —quien había conducido el organismo durante 35 años—, el gobernador promovió la llegada de Federico Thea, dirigente de estrecha confianza, formado en el peronismo duro del conurbano y hombre de plena afinidad con el proyecto político provincial. La designación requirió incluso reformar la Ley Orgánica del organismo.
La maniobra no pasó inadvertida entre los intendentes y bloques opositores, que advierten que el Tribunal de Cuentas —concebido históricamente como un organismo de control independiente, habitualmente conducido por perfiles no oficialistas— queda ahora bajo management alineado con el Ejecutivo provincial, mientras sus antiguos cuadros técnicos pasan a ocupar lugares en el directorio del Banco Provincia. Hoy día permanecen cargos emblematicos de radicales que se muestran opositores en provincia y operan desde fundaciones radicales a nivel nacional, también mostrandose cercanos al gobierno pero esmerilandolo subterranemanete.
En términos políticos, el resultado es explícito:
los espacios que antes servían para controlar al poder, hoy funcionan como refugio para opositores integrados al esquema kicillofista, mientras el organismo encargado de auditar el gasto público queda en manos de un dirigente del riñón político del gobernador
En los pasillos legislativos, diputados opositores describen la situación sin metáforas:
“El Banco Provincia es el gran succionador de opositores, y el Tribunal de Cuentas el botín institucional que asegura la gobernabilidad de Kicillof.”
El paquete que permitió aprobar el endeudamiento se completó con un acuerdo millonario para distribuir hasta 8% del total de la deuda entre intendentes, en cuotas que se extienden hasta 2027. Con el apoyo asegurado, la Legislatura dio luz verde en una sesión maratónica que terminó pasada las tres de la mañana.
Mientras Kicillof consolida su estructura de poder mirando hacia 2027, el mapa institucional bonaerense queda reconfigurado:
el Banco Provincia, cada vez más cargado de opositores cooptados; el Tribunal de Cuentas, alineado al Ejecutivo; y la Legislatura, atrapada en una red de acuerdos que mezclan cargos, deuda y reparto de fondos.
