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Madrid, 4 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La futura fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sorteó este jueves un punto crítico de su nombramiento al rehusar condenar públicamente los ataques lanzados por el Gobierno y por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) —su propia asociación— contra los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron a su antecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados. La funcionaria evitó pronunciarse sobre las acusaciones de “violencia institucional” formuladas por la UPF y por ministros del Ejecutivo, amparándose en su respeto a la “libertad de expresión” y en su voluntad de no emitir “valoraciones políticas” ni referirse a procedimientos judiciales en curso.
Durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Peramato superó el trámite parlamentario que sigue a la declaración de idoneidad aprobada el 28 de noviembre por el Consejo General del Poder Judicial. La fiscal, que asumirá formalmente el cargo en los próximos días, reconoció el trabajo realizado por sus antecesores y mencionó a García Ortiz solo para referirse a la “profunda herida” que su procesamiento penal ha dejado en el Ministerio Público. Peramato aseguró querer reparar ese daño institucional “con el trabajo de los 2.804 fiscales” que integran la carrera.
La designación de Peramato llega en un clima de tensión entre el Supremo, la Fiscalía y el Gobierno, marcado por la condena de García Ortiz y por las críticas abiertas de sectores del Ejecutivo a los jueces que firmaron el fallo. Sin embargo, la futura fiscal general rehuyó cualquier enfrentamiento dialéctico: no desautorizó a su asociación profesional ni desmintió al Gobierno, optando por una posición neutral que, según fuentes parlamentarias, busca no erosionar un mandato que comienza bajo fuerte escrutinio.
Peramato también cuestionó que la unidad de actuación y la dependencia jerárquica —principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Público— hayan sido utilizadas para “sembrar dudas injustificadas” sobre la independencia de la Fiscalía. Aseguró que quienes sostienen ese tipo de críticas “desconocen el trabajo” de la institución y recordó que el fiscal general es la única figura del Estado cuyo nombramiento involucra a los tres poderes: el Ejecutivo lo propone, el Consejo General del Poder Judicial verifica su idoneidad y el Congreso examina formalmente su acceso al cargo.
Pese a su intento de exhibir autonomía, Peramato convirtió buena parte de su comparecencia en una defensa explícita de las reformas del ministro Félix Bolaños, incluyendo la ley que transfiere a los fiscales la potestad de instrucción —quitándola a los jueces— y la reforma del Estatuto Fiscal. Esta última ha sido criticada por numerosos fiscales por no blindar adecuadamente la autonomía interna de la institución frente a presiones políticas. Peramato, sin embargo, elogió ambas iniciativas como avances estructurales, lo que permitió al Gobierno interpretar su intervención como un gesto de alineamiento funcional pese a su reticencia a intervenir en polémicas públicas.
Con su exposición, la futura fiscal general evitó un choque inmediato con el Ejecutivo, no enfrentó a su propia asociación y eludió defender expresamente a los magistrados del Tribunal Supremo, enviando una señal de equilibrio calculado en un momento en el que la relación entre la Fiscalía y el Poder Judicial se encuentra bajo máxima tensión. Resta ahora observar si, una vez en funciones, el compromiso de Peramato con la “neutralidad” que invocó ante los diputados se traducirá en una conducción independiente o en la continuidad de un modelo de Fiscalía alineado con los intereses políticos del Gobierno.
