Un antiguo integrante del clan Los Rocho asegura que la red investigada en torno a Leire Díez ofreció beneficios relacionados con Hacienda a cambio de actuar contra Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó la causa de David Sánchez. El mismo hombre sostiene que cuando se hablaba de “eliminarla” se referían a matarla. La Audiencia Nacional ya admitió a Biedma como perjudicada y la UCO investiga operaciones destinadas a desestabilizar el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez.
Madrid – 06 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación sobre las presuntas maniobras desplegadas contra la magistrada Beatriz Biedma, responsable de instruir la causa que terminó llevando a juicio y posterior condena de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, sumó una nueva y explosiva derivación: un antiguo miembro del clan de narcotraficantes Los Rocho afirma que quienes buscaban actuar contra la jueza ofrecieron como contraprestación ventajas vinculadas con Hacienda y dinero del grupo criminal que permanecía bloqueado por la Administración.
El testimonio corresponde a un hombre conocido policialmente como “Moto Ratón”, antiguo integrante de Los Rocho que asegura haberse desvinculado del clan en 2024 tras una disputa económica. Según su relato, la operación dirigida contra Biedma tenía como objetivo apartarla del procedimiento relacionado con David Sánchez y los encargos incluían beneficios para quienes aceptaran colaborar.
“A la señora Beatriz porque lleva el caso de Pedro Sánchez y porque se beneficiaban de cuestiones fiscales”, declaró el hombre al explicar las razones por las que se buscaba actuar contra la magistrada.
La referencia a “Pedro Sánchez” parece aludir en realidad al procedimiento judicial que Biedma instruyó contra su hermano David Sánchez, condenado el pasado 14 de julio por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, absolvió al hermano del presidente del delito de tráfico de influencias.
La novedad del testimonio reside especialmente en la supuesta contraprestación fiscal.
Hasta ahora, las revelaciones sobre los contactos mantenidos con miembros de Los Rocho habían apuntado principalmente a posibles ventajas judiciales o penitenciarias para integrantes del clan con problemas legales. “Moto Ratón” sostiene ahora que también se habrían ofrecido soluciones relacionadas con fondos bloqueados por Hacienda, una afirmación que, de confirmarse judicialmente, ampliaría significativamente el alcance institucional de la investigación.
Por el momento, sin embargo, no existe una resolución judicial que establezca que funcionarios del Ministerio de Hacienda o de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) hayan participado en esas negociaciones. La afirmación surge del relato del antiguo integrante del clan y deberá ser contrastada por los investigadores.
La investigación sobre Leire Díez, exmilitante del PSOE, ya se encuentra en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien analiza la existencia de una presunta estructura destinada a obstaculizar o desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno o a personas próximas al presidente.
Pedraz admitió recientemente a Beatriz Biedma como acusación particular al considerar que presenta, al menos de manera indiciaria, condición de perjudicada por posibles calumnias y otras actuaciones destinadas a obtener información sobre ella y desacreditar su actuación profesional. La magistrada deberá declarar el próximo 8 de octubre.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también investiga los contactos desarrollados alrededor de Biedma.
Según documentación incorporada al procedimiento, los investigadores consideran que el grupo presuntamente coordinado por Díez habría utilizado al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada para articular diferentes vías dirigidas a “desestabilizar” el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente.
El nombre de Biedma aparece además en anotaciones encontradas en agendas de Díez, entre ellas una referencia fechada el 25 de marzo de 2025 en la que figuran términos como “Jueza de Badajoz”, “La Celsa”, “Heroína” y “gitano”.
Pedraz rechazó por el momento abrir una investigación independiente exclusivamente sobre esa anotación por considerar que no existían datos suficientes para otorgarle relevancia penal autónoma, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar las pesquisas según evolucione el trabajo de la UCO.
La dimensión más grave de las denuncias apareció en los últimos días con las declaraciones de integrantes o antiguos miembros de Los Rocho.
Cintia Rocho, vinculada al clan, afirmó haber recibido información privada sobre la magistrada: domicilio, fotografías, datos sobre su automóvil, gimnasio y rutinas personales. Estas declaraciones coinciden con elementos que ya habían sido incorporados al debate judicial sobre las maniobras desarrolladas contra la instructora.
A ese cuadro se suma ahora la interpretación de “Moto Ratón” sobre el significado de expresiones como “eliminarla” o “darle un sustillo”.
“Eliminar significa matarla. Un susto no la iban a dar”, aseguró el antiguo narcotraficante al ser interrogado sobre el sentido que tenían esas expresiones dentro del ambiente del clan.
La gravedad de esa afirmación obliga a establecer una diferencia fundamental: actualmente existe una investigación judicial sobre operaciones destinadas a desacreditar, apartar o presionar a Biedma, pero la supuesta existencia de un plan concreto para asesinarla procede del testimonio de este hombre y todavía no ha sido establecida judicialmente.
La magistrada, por su parte, ha advertido en escritos dirigidos a la Audiencia Nacional sobre riesgos para su integridad física y ha mencionado que uno de los integrantes del entorno criminal con el que habrían existido contactos, Jesús Rocho, fue asesinado a tiros el 30 de diciembre de 2024, cuando su investigación sobre David Sánchez se encontraba en plena actividad. Esa muerte forma parte del contexto que Biedma pidió valorar, aunque no existe por ahora una resolución que vincule judicialmente ambos hechos.
Otro elemento bajo análisis es la actividad pública de Luis José Sáenz de Tejada, exmagistrado expulsado de la carrera judicial, quien durante meses publicó vídeos extremadamente críticos contra Biedma y trató de intervenir procesalmente en la causa seguida contra David Sánchez.
La UCO ha identificado conversaciones entre Díez y Sáenz de Tejada relacionadas con esos contenidos, pero el juez Pedraz todavía no ha concluido que los vídeos fueran producidos por indicación directa de la exmilitante socialista.
El nuevo señalamiento hacia Hacienda abre ahora una dimensión potencialmente distinta. De comprobarse que personas vinculadas a la presunta red prometieron desbloquear fondos, reducir deudas fiscales o intervenir ante organismos tributarios, los investigadores deberán determinar quién tenía capacidad real para ofrecer ese beneficio y si existieron contactos dentro de la administración.
La cuestión adquiere sensibilidad adicional debido a investigaciones independientes abiertas dentro de la propia estructura tributaria española. El exresponsable del Tribunal Económico-Administrativo Central José Antonio Marco Sanjuán está investigado por presunto cohecho en un procedimiento relacionado con supuestas comisiones a empresarios a cambio de favorecer la resolución de conflictos fiscales. Su situación ha generado incluso preguntas parlamentarias sobre su posterior destino dentro de la Agencia Tributaria.
No existe, hasta ahora, evidencia pública que conecte a Marco Sanjuán con las maniobras investigadas alrededor de Biedma, pero su caso muestra que las autoridades judiciales ya investigan por separado presuntas prácticas corruptas relacionadas con decisiones tributarias.
El expediente que dirige Pedraz entra así en una fase particularmente delicada. Lo que comenzó como una investigación sobre supuestas maniobras para desacreditar investigaciones incómodas para el entorno político de Pedro Sánchez incorpora ahora testimonios que hablan de vigilancia personal, contactos con narcotraficantes, posibles contraprestaciones judiciales y fiscales y, en su versión más extrema, de la intención de eliminar físicamente a la magistrada que llevó a juicio a su hermano.
La declaración de Beatriz Biedma ante la Audiencia Nacional el próximo 8 de octubre aparece como uno de los próximos puntos decisivos para determinar hasta dónde puede documentarse esa red de presiones y qué parte de las acusaciones que hoy surgen de testimonios y grabaciones puede convertirse en evidencia judicial susceptible de atribuir responsabilidades concretas.
Fuentes consultadas: resoluciones y actuaciones de la Audiencia Nacional, información de la UCO de la Guardia Civil, documentación sobre la causa de David Sánchez, declaraciones de integrantes y antiguos integrantes de Los Rocho, EFE, RTVE, El Debate, Europa Press y otros antecedentes judiciales relevados por Total News Agency – TNA.
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