Peramato pasa el filtro del Congreso sin condenar los ataques al Supremo por el fallo de García Ortiz

La sustituta de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, ha rechazado este jueves condenar públicamente los ataques del Gobierno y de su propia asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado a su predecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados.En su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha superado el filtro para su nombramiento (el pasado 28 de noviembre el Consejo General del Poder Judicial ya la declaró idónea), Peramato ha declinado valorar la acusación de la UPF al Supremo de «violencia institucional», así como la de distintos miembros del Gobierno. Lo ha hecho amparándose en su respeto «más absoluto» a la libertad de expresión y en que no iba a hacer «ninguna valoración política ni en relación a procedimientos judiciales en curso». La nueva fiscal general, que se espera que tome posesión la próxima semana, ha reconocido la labor desempeñada por sus antecesores, también la de su predecesor, al que solo ha aludido para referirse a la «profunda herida» que este procedimiento penal ha provocado en la Fiscalía y que confía en poder sanar «con el trabajo de los 2.804 fiscales» que forman parte de la institución. Ha criticado la nueva fiscal general que la unidad de actuación y dependencia jerárquica que presiden la actuación de la Fiscalía hayan servido para «sembrar dudas injustificadas». Quien lo hace «desconoce» el trabajo de la Fiscalía General, ha apuntado, porque en el nombramiento de fiscal general es el único en el que participan los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, al proponerlo; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al constatar su idoneidad, y el Congreso de los Diputados, ante el que debe comparecer. Pese a su intento de marcar distancias con el Gobierno ha convertido su intervención en una defensa de las leyes del ministro Bolaños, tanto la que da la instrucción a los fiscales arrebatándosela a los jueces como la reforma del Estatuto Fiscal que, según los propios fiscales, no blinda suficientemente su autonomía. [Noticia en ampliación]
Fuente ABC