Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una denuncia formal que expone uno de los escándalos más graves en años dentro del fuero federal: un entramado de proselitismo partidario, hostigamiento laboral y persecución sindical que —según la organización gremial— opera bajo el amparo del juez federal subrogante de la Secretaría Electoral de Juzgado Federal 1 con competencia electoral, Miguel Hugo Vaca Narvaja, magistrado cuyo apellido mantiene un fuerte anclaje histórico con la violencia política y la guerrilla urbana de Montoneros. La genética tiene su fuerza.
La denuncia sostiene que desde su asunción como subrogante se instaló un clima de intimidación, favoritismos y disciplinamiento ideológico que afecta la libertad de los trabajadores judiciales y compromete la integridad del proceso electoral.
Los hechos planteados por la UEJN describen un cuadro preocupante: dentro de la Secretaría Electoral se habría montado una agrupación kirchnerista que funciona con total visibilidad y, según el gremio, bajo la dirección informal del propio Vaca Narvaja. En ese ámbito —un sector conocido como “el sótano”— se habrían realizado reuniones partidarias, colocado banderas y símbolos políticos y organizado la participación obligada de contratados en actos, movilizaciones y viajes alineados con esa estructura kirchnerista. Todo ello, dentro del horario laboral y en plena dependencia judicial donde se manipulan urnas, documentación electoral y material sensible.
La denuncia gremial afirma que esta maquinaria política se alimenta de un sistema de “premios y castigos” administrado desde el juzgado subrogante: quienes adhieren a la militancia tendrían promesas de continuidad laboral tras el vencimiento de los contratos electorales; quienes no lo hacen —en especial los afiliados a la UEJN— serían objeto de burlas, presiones, destrato y un cerco laboral que busca quebrar cualquier expresión sindical. Los contratados, muchos de ellos jóvenes con expectativas de estabilidad, habrían sido condicionados a militar para asegurarse un futuro dentro de la Justicia Federal, un mecanismo que el gremio califica como una explotación de la necesidad económica bajo una lógica de sometimiento político.
Uno de los elementos más llamativos del expediente es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Sotan Boy’s”, donde empleados alineados a la agrupación difundían imágenes, videos y mensajes de escarnio contra trabajadores judiciales que participan de la UEJN. Las publicaciones incluían insultos, montajes y referencias a supuesta “traición”, lo que generó un ambiente laboral insostenible para quienes no se plegaban a la estructura de poder impulsada desde el juzgado. La UEJN asegura contar con pruebas documentales que acreditan estos hechos y que fueron presentadas ante la autoridad de superintendencia.
El denunciado, Miguel Hugo Vaca Narvaja, no es un nombre ajeno a polémicas institucionales. Nieto de un histórico dirigente montonero y heredero de una tradición política marcada por la confrontación, el magistrado ya había protagonizado un conflicto reciente al intentar designar en un cargo clave del Juzgado Federal N.º 3 a una persona ajena a la carrera judicial y vinculada políticamente a su entorno. Esa maniobra fue rechazada por la Cámara Federal y también desestimada por la Corte Suprema, lo que expuso tensiones internas y cuestionamientos sobre su capacidad para garantizar imparcialidad y respeto por los procedimientos.
El cuadro denunciado por la UEJN describe una situación de extrema gravedad institucional: un ámbito electoral federal —que debería ser garantía absoluta de neutralidad— convertido, según los testimonios, en una unidad básica clandestina, donde la libertad sindical se ve restringida, la presión política se ejerce sobre los trabajadores y las decisiones administrativas se subordinan a alineamientos partidarios. Para el gremio, la combinación de intimidación, disciplinamiento ideológico y manipulación de contratos vulnera no solo la Ley de Asociaciones Sindicales y el Reglamento de la Justicia Nacional, sino también el Convenio 190 de la OIT sobre ambientes laborales libres de violencia.
La organización sindical solicitó la intervención inmediata de la autoridad de superintendencia, junto con medidas preventivas y sancionatorias que frenen lo que definen como un deterioro alarmante de la dignidad laboral y la credibilidad del Poder Judicial. El caso, por su alcance y por el rol del magistrado involucrado, ya provoca inquietud dentro de la estructura judicial cordobesa y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en el sistema federal.
