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Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional intensificó su ofensiva institucional sobre la dirigencia del fútbol argentino al intimar formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la extinta Superliga —junto con su continuadora, la Liga Profesional— para que brinden explicaciones detalladas sobre inconsistencias detectadas en balances que, en conjunto, superan los 450 millones de dólares. La medida fue dispuesta a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y advierte que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas severas para las entidades y sus directivos.
Según informó el Ministerio de Justicia, las observaciones alcanzan a más de 111 millones de dólares en los estados contables de la AFA y a unos 340 millones de dólares correspondientes a la Superliga y su sucesora institucional. El requerimiento obliga a las entidades a responder cada una de las observaciones formuladas, aportar documentación respaldatoria y explicar el destino de gastos e inversiones que, de acuerdo con la IGJ, no estarían contemplados dentro de los estatutos sociales.
Desde el Gobierno remarcaron que la AFA reviste la figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro, condición que la somete a los mismos controles y exigencias que cualquier otra entidad registrada ante la IGJ. En ese sentido, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, sostuvo que “nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios” y subrayó que el organismo actuará “sin excepciones” frente a eventuales incumplimientos.
La intimación no especifica públicamente los ejercicios contables involucrados, pero fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que algunas de las observaciones se remontan hasta ocho años atrás. Esa continuidad explica que la requisitoria alcance tanto a la Superliga —creada en 2017 y disuelta antes de la pandemia— como a la Liga Profesional, el ente que actualmente organiza la Primera División y que se encuentra bajo la órbita directa de la AFA, presidida por Claudio Fabián Tapia.
La Superliga nació con estatuto propio y autonomía, en paralelo al inicio de la gestión de Tapia al frente de la AFA, y tuvo como último presidente a Marcelo Tinelli. Tras su desaparición, la Liga Profesional absorbió sus funciones, pero mantuvo estructuras y circuitos administrativos que ahora quedaron bajo la lupa de la IGJ. La continuidad de personas, cargos y responsabilidades es uno de los puntos que el organismo de control busca esclarecer.
El Ministerio de Justicia advirtió que la falta de respuesta en los plazos establecidos habilita la aplicación de multas significativas y otras medidas previstas por la normativa vigente. Entre ellas, se evalúa la posibilidad de designar un veedor o informante dentro de la AFA, con el objetivo de acceder de manera directa a la información contable y financiera que, según la IGJ, la entidad se ha negado reiteradamente a transparentar.
Vítolo ya había anticipado esta posibilidad en declaraciones públicas recientes, al señalar que los balances presentados contienen “cifras muy difusas” y que resulta indispensable determinar con precisión en qué se gastaron los fondos, en el marco de la función de control que ejerce el Estado sobre asociaciones civiles. Si bien descartó una intervención plena de la AFA, dejó abierta la puerta a una supervisión puntual sobre los números del organismo rector del fútbol argentino.
La avanzada oficial se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la cúpula de la AFA, atravesado por investigaciones paralelas que salpican a dirigentes del entorno de Tapia, denuncias por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, y cuestionamientos públicos sobre el patrimonio de altos directivos. En las últimas semanas, distintos organismos del Estado profundizaron pedidos de información y presentaciones formales, mientras referentes políticos reclamaron mayor transparencia en el manejo de los recursos del fútbol.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la situación jurídica de la AFA frente a la IGJ. Desde el organismo de control se aclaró que la entidad no puede alegar un cambio de jurisdicción por el traslado de su sede a Ezeiza, dado que esa modificación estatutaria nunca fue autorizada formalmente. En consecuencia, la AFA continúa bajo la órbita de control nacional.
El avance de la IGJ también alcanzó a entidades vinculadas a la trayectoria previa de Tapia. En ese marco, Vítolo señaló que el club Barracas Central —del cual el actual presidente de la AFA fue titular— adeuda la presentación de balances desde hace una década, aunque cuenta con una moratoria abierta para regularizar su situación.
Desde la oposición, la legisladora porteña Graciela Ocaña respaldó la necesidad de un veedor en la AFA y denunció que, desde hace años, sus autoridades intentan eludir los controles bajo el argumento de no ser un ente estatal. Según sostuvo, múltiples pedidos de acceso a la información nunca obtuvieron respuesta.
La ofensiva del Gobierno abre un nuevo capítulo en la disputa por el control y la transparencia del fútbol argentino, un ámbito históricamente opaco en el manejo de fondos millonarios. Con balances bajo sospecha y advertencias de sanciones en el horizonte, la dirigencia de la AFA enfrenta uno de los desafíos institucionales más serios de los últimos años.
