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Ciudad de México, 17 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La política energética de México quedó atrapada en un triángulo cada vez más riesgoso junto a Cuba y Venezuela, en un contexto en el que Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa una situación financiera crítica y se expone a eventuales sanciones internacionales que podrían agravar una crisis ya profunda. Con balances en rojo, caída sostenida de la producción y una deuda que no logra reducirse, la petrolera estatal mexicana sostiene envíos masivos de crudo y combustibles a la isla caribeña, mientras crecen las sospechas de que parte de ese petróleo podría terminar alimentando circuitos ilegales de contrabando vinculados a los regímenes de La Habana y Caracas.
Pemex enfrenta un deterioro estructural que se refleja en indicadores clave. La inversión se contrajo cerca de un 29 por ciento, la producción cayó hasta rondar apenas 1,6 millones de barriles diarios, la deuda con proveedores sigue sin resolverse y el área de refinación continúa siendo un foco de pérdidas constantes. En ese escenario, la continuidad de envíos energéticos a Cuba aparece como una decisión política de alto costo económico y diplomático.
El telón de fondo es el endurecimiento del cerco estadounidense sobre Venezuela. El envío de petróleo venezolano a Cuba está alcanzado por el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos, que prohíbe transacciones con la petrolera estatal PDVSA y sus filiales. La incautación del buque petrolero Skipper, el 10 de diciembre de 2025, marcó un punto de inflexión: fue la primera toma física de un cargamento de crudo venezolano desde 2019. El buque, que operaba bajo bandera falsa, transportaba cerca de dos millones de barriles de crudo pesado y figuraba en los registros de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense por su vinculación con redes internacionales que, según Washington, financian actividades ilícitas.
Las investigaciones posteriores indicaron que el cargamento tenía como destino final el puerto cubano de Matanzas, a través de la empresa estatal Cubametales, y que la operación formaba parte de un esquema de contrabando utilizado como salvavidas financiero por el régimen cubano. Para eludir las sanciones y los sistemas de monitoreo internacional, estos circuitos recurren a una combinación de métodos: flotas “oscuras” de buques sin seguros ni regulación, transpondedores apagados, triangulación comercial mediante intermediarios en terceros países y documentación falsa o banderas de conveniencia.
La presión estadounidense tuvo impacto directo en el flujo entre Caracas y La Habana. En 2025, las exportaciones de crudo venezolano a Cuba cayeron a mínimos históricos, con apenas unos 8.000 barriles diarios en junio, frente a promedios superiores a los 50.000 barriles diarios en 2023. Ese vacío fue cubierto crecientemente por México.
Ante la inestabilidad de los suministros venezolanos, Cuba recurrió a Pemex, cuyos envíos alcanzaron niveles sin precedentes. Las operaciones se canalizan a través de Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., una filial creada en 2022 cuyo único cliente es Cuba. Datos disponibles hasta diciembre de 2025 indican que solo en el primer semestre del año se enviaron más de 3,2 millones de barriles de crudo y derivados, con un promedio diario cercano a los 18.000 barriles de petróleo crudo y unos 1.700 barriles diarios de productos refinados.
El pico se produjo entre fines de mayo y fines de junio, cuando se despacharon más de 10 millones de barriles de crudo y 132 millones de litros de combustibles refinados en apenas un mes, a través de 39 embarques. Entre mayo y agosto, el valor total de las exportaciones superó los 3.000 millones de dólares, triplicando lo enviado en el cierre de la administración anterior. La mayoría de los cargamentos partieron del puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, y se identificó el uso de embarcaciones con antecedentes en el transporte de crudo venezolano sancionado.
Aunque Pemex reporta estas operaciones como ventas en sus informes ante organismos regulatorios estadounidenses, Gasolinas Bienestar registra pérdidas netas equivalentes al valor de los envíos, lo que refuerza la hipótesis de que el combustible se entrega de manera subsidiada y sin pagos efectivos por parte de Cuba. La negativa oficial a exhibir comprobantes de cobro, bajo el argumento de que se trata de información “privada” de la filial, alimenta la opacidad.
A este cuadro se suma la denuncia de que parte de esos cargamentos no estaría destinada al consumo interno cubano, sino a su reventa en el mercado ilegal internacional para generar liquidez en un régimen al borde del colapso económico. De confirmarse, México quedaría indirectamente involucrado en esquemas que desafían el embargo estadounidense.
Para Pemex, el riesgo es mayúsculo. Una empresa ya desfondada enfrenta la posibilidad de sanciones financieras internacionales que podrían transformarla en una quiebra real. Para México, el dilema es estratégico: insistir en atarse a regímenes en declive como los de Cuba y Venezuela o recomponer una relación clave con Estados Unidos y proteger a su petrolera estatal de un daño irreversible.
