Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El hallazgo sin vida de un suboficial del Ejército Argentino en un cuartel de la provincia de Corrientes volvió a encender las alarmas sobre la situación interna de las Fuerzas Armadas, atravesadas por una combinación de desgaste institucional, presión operativa y un profundo deterioro salarial que dejó a miles de efectivos por debajo de la línea de pobreza durante la gestión del ex ministro de Defensa Luis Petri. El episodio se produjo apenas horas después de otro hecho trágico: la muerte de un joven soldado que cumplía tareas de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.
El suboficial principal Juan Pereira, de alrededor de 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado sin vida durante la madrugada de este miércoles en la Guarnición de Ejército Monte Caseros. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Justicia Federal, que investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. Las primeras hipótesis apuntan a un suicidio, aunque por el momento no hay confirmación oficial.
En la causa intervienen el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá y la fiscalía de Monte Caseros, con participación de Gendarmería Nacional. En paralelo, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas y puso a disposición de la Justicia toda la información requerida. La institución expresó su pesar por el fallecimiento y acompañó a la familia y camaradas del suboficial.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, se pronunció públicamente tras conocerse el hecho y reconoció la gravedad del contexto. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas”, afirmó, al tiempo que envió sus condolencias a los familiares de la víctima.
La muerte de Pereira se conoció pocas horas después de otro episodio que conmocionó al ámbito militar y político. El martes fue hallado sin vida Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos como integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo. El joven habría fallecido tras efectuarse un disparo en la cabeza con un fusil FAL, arma reglamentaria que fue encontrada junto a su cuerpo en uno de los puestos internos de la residencia presidencial.
Ambos hechos, aunque investigados de manera independiente, expusieron nuevamente una realidad que se arrastra desde hace años y que se agravó durante la gestión anterior en Defensa. Bajo el mando de Luis Petri, las Fuerzas Armadas quedaron con salarios licuados por la inflación, con gran parte del personal —incluidos suboficiales con décadas de servicio— percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, sin recomposiciones acordes ni mecanismos efectivos de contención social y psicológica.
Fuentes castrenses señalaron que la combinación de bajos salarios, endeudamiento personal, falta de incentivos y creciente exigencia operativa generó un clima de desgaste profundo en los cuadros medios y bajos. En el caso del soldado fallecido en Olivos, trascendió que su perfil crediticio reflejaba deudas con entidades financieras, en un contexto en el que los haberes se pagan con retrasos administrativos y pierden sistemáticamente contra la inflación.
La situación salarial heredada dejó a las Fuerzas Armadas en un estado crítico, con efectivos que deben recurrir a trabajos informales, endeudamiento o ayuda familiar para sostenerse. Esta realidad contrasta con las responsabilidades estratégicas que se les asignan, desde la custodia presidencial hasta tareas de control territorial y apoyo a la seguridad interior.
Desde el Ministerio de Defensa reconocen que la recomposición de ingresos y la recuperación de condiciones dignas de servicio son hoy una prioridad urgente, no solo para fortalecer la capacidad operativa, sino también para evitar que se repitan tragedias que golpean de lleno la moral institucional. La sucesión de muertes en ámbitos militares reabrió un debate incómodo pero ineludible sobre el abandono estructural que sufrieron las Fuerzas Armadas y el costo humano de decisiones políticas que relegaron durante años a quienes integran la defensa nacional.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer ambos fallecimientos, el Gobierno enfrenta el desafío de revertir un escenario heredado de precarización y desgaste, que hoy vuelve a quedar expuesto de la manera más dolorosa.
