Argentina
España
USA
Israel
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El juicio oral por el caso denominado “Cuadernos”, que investiga un entramado de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, avanzó este jueves con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo de la denominada “Cartelización de la obra pública” o la “Camarita”, donde se atribuye a la expresidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner la recepción de 175 sobornos por más de 171 millones de pesos y 613.000 dólares en pagos ilegales asociados a la adjudicación de obras viales, según expuso la querella en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°7.
La UIF sostuvo ante el tribunal que existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios públicos y empresarios que permitió sostener durante años un mecanismo de retornos ilegales vinculados a contratos de obras y servicios públicos adjudicados por la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos estatales. Según la acusación, ese circuito habría operado de manera “aceitada y piramidal”, recaudando fondos en favor de los acusados principales, entre ellos Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y el financista Ernesto Clarens, a quienes la querella calificó como coautores de los delitos de cohecho pasivo y estructuras de corrupción organizadas.
Durante la lectura, que se extendió por varias horas, la querella detalló que los 175 pagos ilegales se habrían efectuado entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y que, posteriormente, gran parte del dinero habría sido entregado al fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado del presidente Néstor Kirchner. La presentación incluyó un listado con fechas y montos elaborado por el financista Clarens que documenta las entregas dinerarias presuntamente vinculadas al pago de sobornos.
El expediente describió el entramado administrativo que habría permitido la comisión de estos ilícitos. Según la UIF, el esquema se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, mediante las cuales se habilitaban anticipos financieros que oscilaban entre el 10% y el 20% del monto de las obras públicas, o, en su defecto, se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban. El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría tenido un rol central en la puesta en marcha del sistema, delegado su coordinación al exsecretario de Obras Públicas José López y la ejecución práctica al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, mientras que Clarens habría actuado como recaudador de los fondos ilegales.
El requerimiento de elevación a juicio también incluyó análisis de tramos posteriores al año 2010. En ese contexto, la firma JCR S.A., vinculada a la familia Relats, fue mencionada por la querella como una de las empresas que realizó 40 pagos ilegales por 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013, periodo en el cual también se benefició con 44 obras adjudicadas por Vialidad por más de 5.294 millones de pesos, muchas de ellas otorgadas de manera exclusiva.
La acusación no se limitó únicamente a los pagos de sobornos por obra pública. También se destacaron detalles adicionales sobre las relaciones comerciales entre los Kirchner y algunos de los grupos empresariales implicados. El ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, en su condición de imputado colaborador, describió que Néstor y Cristina Kirchner habrían alquilado al Grupo Relats el complejo hotelero Los Sauces por un canon mensual elevado, generando ingresos estimados entre 10 y 11 millones de dólares, que según él funcionaron como un “principal apalancamiento financiero” en el aumento patrimonial de la familia presidencial.
El listado de procesados y enviados a juicio incluye también a empresarios prominentes como Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo de Sousa, a quienes se les atribuyeron cinco pagos ilegales por unos 14 millones de pesos realizados entre 2011 y 2012 a través de la constructora CPC S.A., perteneciente al Grupo Indalo. Según la acusación, mientras estos pagos ilegales se efectuaban, el mismo grupo empresarial actuaba como uno de los principales inquilinos del conglomerado hotelero Los Sauces S.A., investigado en paralelo por lavado de dinero.
l juicio por la causa “Cuadernos”, iniciado en noviembre pasado y que se desarrolla ante el TOF N°7, representa uno de los procesos judiciales más importantes de la última década en Argentina por su alcance político y económico, dada la magnitud de los fondos públicos involucrados y la prominencia de los acusados, entre ellos exfuncionarios de alto rango y empresarios clave del sector de la construcción vial. La continuación de la lectura de la acusación y el desarrollo del proceso se espera que aporten nuevos elementos sobre la presunta asociación ilícita que habría operado durante años en la adjudicación y ejecución de obras públicas en el país.
