Buenos Aires, 19 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El oficialismo logró este viernes en el Senado un paso clave para avanzar con uno de los proyectos económicos más sensibles de su agenda: la iniciativa de Inocencia Fiscal, que apunta a permitir el ingreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón” y a modificar de manera estructural el vínculo entre el Estado y los contribuyentes. Con el respaldo de bloques aliados, La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, habilitando su tratamiento en el recinto el próximo 26 de diciembre, en una sesión que también incluirá el debate del Presupuesto 2026.
El dictamen fue firmado tras una reunión presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en la que se analizó el texto aprobado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves. Desde el oficialismo remarcaron que se trata de un cambio de paradigma en materia tributaria y penal fiscal, alineado con la estrategia del Gobierno de reducir controles, incentivar la formalización de capitales y reconstruir la confianza entre el fisco y los contribuyentes.
Al abrir el debate en comisión, Pagotto sostuvo que la Argentina comienza a dejar atrás un esquema en el que los organismos fiscales actuaban como “policía del régimen” y subrayó que el proyecto busca devolver centralidad a la ley por sobre las resoluciones administrativas. Según el senador, la iniciativa constituye un primer paso hacia un sistema tributario más previsible y menos persecutorio.
El proyecto recibió el respaldo de sectores de la oposición dialoguista. El senador radical Maximiliano Abad acompañó el dictamen y destacó el concepto de “inocencia fiscal” como eje central del nuevo esquema. Señaló que la propuesta invierte la lógica tradicional, al considerar al contribuyente inocente hasta que el Estado demuestre lo contrario con pruebas documentales, lo que calificó como un cambio conceptual profundo.
No obstante, Abad planteó reparos puntuales, especialmente en relación con la actualización de las multas. Advirtió que el incremento de sanciones por incumplimientos formales, como la presentación tardía de declaraciones juradas, pasa de montos simbólicos a cifras significativamente más elevadas, sin que el proyecto precise los criterios utilizados ni contemple escalas diferenciadas según el tamaño del contribuyente.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones de amplio alcance. Reforma el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Según el Gobierno, quienes adhieran a este esquema quedarán “blindados” frente a futuras revisiones patrimoniales.
El régimen establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales y consumos. En la práctica, ARCA sólo determinará el impuesto a las Ganancias en función de los ingresos facturados, sin controlar el crecimiento del patrimonio ni el nivel de gasto del contribuyente.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la actualización de los montos que configuran delitos tributarios. El umbral para considerar evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasará a investigarse sólo cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos. Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
La ley también contempla un régimen de regularización que evita acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez. En los casos en que la denuncia aún no haya sido radicada, la acción penal quedará extinguida si se paga la deuda más un adicional del 50% dentro de los plazos establecidos.
Desde el oficialismo destacan que el proyecto busca acelerar la remonetización de la economía, atraer ahorros no declarados y reforzar la recaudación sin recurrir a nuevos impuestos. La oposición más dura, en cambio, anticipa cuestionamientos por lo que considera un relajamiento excesivo de los controles fiscales y un eventual beneficio desproporcionado para grandes patrimonios.
Con dictamen favorable y fecha de sesión confirmada, el proyecto de Inocencia Fiscal se encamina a un debate central de fin de año en el Senado, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley como parte de su paquete económico para 2026.
