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Cipolletti, 18 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, concretó este viernes un nuevo paso en el polémico proceso de privatización energética al preadjudicar la venta de cuatro centrales hidroeléctricas clave del Comahue. Mediante la Resolución 2059/2025, el Poder Ejecutivo avaló las ofertas de consorcios privados por las plantas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, por un monto conjunto superior a los USD 700 millones, en un proceso que ahora se encamina hacia la firma de contratos en Cipolletti el 22 de diciembre. Las concesiones y transferencias deberán esperar la publicación de la adjudicación definitiva en el Boletín Oficial para su vigencia formal.
La operación representa un hito en el ambicioso plan estatal de desinversión en activos productivos estratégicos, al desprenderse de instalaciones hidroeléctricas que durante décadas formaron parte del patrimonio energético nacional. Para la generación de energía en Piedra del Águila, la preadjudicación recayó en Central Puerto S.A., que presentó una oferta valuada en USD 245 millones. El consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, junto a otros socios, obtuvo la preadjudicación del complejo El Chocón por USD 235,671,294. En tanto, las centrales Alicurá y Cerros Colorados quedaron preasignadas al grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, con ofertas por USD 162,040,002 y USD 64,174,002, respectivamente.
La Comisión Evaluadora dejó sin efecto las propuestas presentadas por un conglomerado conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de las líneas de negocio. Según el dictamen oficial, dichas ofertas, que incluían propuestas de un dólar simbólico, fueron consideradas de “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”, lo que llevó a su desestimación.
Si bien el gobierno destaca que estas operaciones permitirán “atraer inversiones privadas” para modernizar y expandir la infraestructura energética local, la medida generó fuertes críticas desde sectores políticos, sindicales y ambientales que advierten sobre los riesgos estratégicos de desprenderse de activos que controlan recursos hídricos y una parte sustancial de la generación renovable del país.
Históricamente, las centrales hidroeléctricas del Comahue han sido pilares del sistema energético argentino. Construidas en su mayoría por la antigua Hidronor S.A., empresa estatal que operó entre 1967 y 1993, estas usinas llegaron a representar más del 40% de la generación de energía del país antes de su primera privatización en la década de 1990. Complejos como El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados integraron un entramado hidroeléctrico que aportó significativamente al suministro nacional, en una matriz energética que históricamente combinó energía fósil con renovable.
El complejo El Chocón, por ejemplo, ubicado sobre el río Limay entre Neuquén y Río Negro, cuenta con una capacidad instalada superior a los 1.200 megavatios, representando un porcentaje importante de la energía hidroeléctrica total de Argentina. La represa fue construida por el Estado a partir de fines de la década de 1960 y funcionó bajo dominio público hasta su primera concesión en 1993, cuando fue privatizada junto con otros activos de Hidronor.
Críticos del proceso señalan que la venta de activos hidroeléctricos se suma a años de políticas públicas que favorecieron la participación privada en sectores estratégicos, con el argumento de eficiencia y financiamiento, pero que dejaron un legado de desregulación, menor inversión pública y mayores costos energéticos para los usuarios. Además, alertan que la salida del Estado de estos complejos puede limitar la capacidad del país para planificar su matriz energética en el largo plazo, afectando la soberanía energética y la gestión del recurso hídrico.
Voceros del oficialismo, por su parte, defienden la decisión de avanzar con la preadjudicación y la participación de empresas con experiencia en el sector, como Central Puerto, Edison y BML, argumentando que se trata de aprovechar el potencial productivo de los activos, dinamizar la economía regional y atraer capitales que impulsen la modernización de las plantas.
La firma de los contratos en Cipolletti, prevista para el próximo lunes 22 de diciembre, marcará un capítulo definitorio en este proceso, que ya puso en el centro del debate público la privatización de bienes considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
