El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad de personas fallecidas y expone fallas estructurales en los controles del sistema. Éste deberia ser el rumbo para terminar con los abusos en discapacidad, dado que limpiaria el padron, permitiendo a quienes si padecen una discapacidad, continuar con sus beneficios.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional aseguró haber identificado una irregularidad de gran magnitud en el sistema de discapacidad: unos 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) figuraban activos a nombre de personas fallecidas, según un cruce reciente entre las bases de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El hallazgo se produjo en el marco del proceso de reordenamiento interno de la Andis, iniciado tras el escándalo que derivó en la salida de su ex titular Diego Spagnuolo, y es presentado por el Ejecutivo como una de las primeras señales concretas de depuración administrativa. La detección de certificados asociados a personas muertas expone, al mismo tiempo, una falla estructural prolongada en los mecanismos de control del Estado, que permitió durante años la continuidad de beneficios y prestaciones sin verificación básica de supervivencia.
De acuerdo con fuentes oficiales, la irregularidad ya fue comunicada a las áreas correspondientes y se avanzará con la baja administrativa de esos certificados. En paralelo, el Gobierno analiza acciones legales tanto contra quienes continuaron percibiendo beneficios tras el fallecimiento de los titulares como contra prestadores que habrían facturado servicios inexistentes. En la Casa Rosada califican la maniobra como una “estafa al Estado” y sostienen que el daño económico y simbólico justifica una respuesta judicial.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el país. Su otorgamiento depende de una junta interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, aunque requiere actualizaciones periódicas que actualmente se encuentran prorrogadas. La ausencia de un cruce automático y sistemático con el Renaper permitió que certificados de personas fallecidas continuaran activos sin alertas durante largos períodos.
La investigación interna fue ordenada por el actual interventor de la Andis, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado en septiembre por el ministro de Salud, Mario Lugones, tras la salida de Spagnuolo. El exfuncionario fue desplazado luego de la filtración de audios que lo involucraron en presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la gestión del organismo, hechos que motivaron una causa judicial aún en trámite. Desde el Gobierno descartan cualquier implicancia directa de la Casa Rosada y sostienen que, de comprobarse irregularidades, Spagnuolo habría actuado de manera individual.
El reordenamiento de la Andis incluye además una auditoría integral con participación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), enfocada especialmente en la administración de las Pensiones No Contributivas y en las compras de medicamentos. Esa auditoría, iniciada en septiembre, podría extenderse hasta el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los plazos legales previstos.
El caso reavivó el debate político en torno a la política de discapacidad. Mientras el oficialismo destaca como meritorio el descubrimiento de certificados irregulares y la necesidad de profundizar filtros y controles, organizaciones del sector y sectores de la oposición advierten sobre el riesgo de avanzar hacia un ajuste indiscriminado. En el Gobierno admiten que es imprescindible extender los controles también a eventuales beneficiarios que no acrediten una discapacidad real, pero insisten en que ese proceso debe hacerse con criterios técnicos y médicos, sin desfinanciar por ley al sistema ni afectar a quienes dependen legítimamente de esas prestaciones.
La discusión se da en un contexto sensible: continúa vigente la emergencia en discapacidad, cuya derogación el Ejecutivo no logró durante el tratamiento del Presupuesto 2026, y persisten las críticas por recortes y demoras en pagos. En ese escenario, el desafío oficial pasa por separar con claridad la depuración del fraude de la preservación de derechos, evitando que la corrección de irregularidades termine impactando de manera generalizada sobre un colectivo históricamente vulnerable.
