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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-A la espera de ser llamado a indagatoria, la Justicia autorizó la salida del país del empresario Marcelo Porcel, denunciado por presuntos abusos sexuales contra menores, pese a que la querella había solicitado su detención y la prohibición expresa de abandonar la Argentina.
El caso que involucra al empresario Marcelo Porcel, hijo de uno de los fundadores de Argencard, por presunto abuso sexual y corrupción de menores contra compañeros de colegio de su propio hijo, se encuentra radicado en la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Los funcionarios judiciales a cargo de la investigación son:
- Juez: Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.
- Fiscal: Pablo Turano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1.
El pedido de prisión preventiva fue presentado el 27 de noviembre por el abogado de las familias denunciantes, Pablo Hawlena Gianotti, quien confirmó que la solicitud incluyó tanto la indagatoria como la detención del acusado. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal respondió recién el 3 de diciembre y resolvió imponer únicamente medidas cautelares, sin avanzar en la privación de la libertad.
Entre las restricciones dictadas inicialmente figuraba la prohibición de salida del país. No obstante, tras un planteo de la defensa, la Justicia habilitó a Porcel a viajar a Punta del Este, Uruguay, entre el 17 de diciembre y el 5 de enero, con el argumento de asistir a un casamiento. La decisión generó fuerte malestar en la querella, que considera que la gravedad de los hechos denunciados ameritaba una medida más severa.
Según explicó el abogado de las familias, la razón esgrimida por el juzgado para postergar la indagatoria fue la incorporación reciente de dos nuevas denuncias al expediente. La magistratura sostuvo que, antes de convocar a Porcel a declarar, debía evitarse la “duplicación de actos procesales” y el consiguiente dispendio jurisdiccional, por lo que resolvió devolver las actuaciones a la fiscalía para que dictamine sobre los nuevos hechos denunciados.
Desde la querella cuestionan esa postura y remarcan que cada víctima representa un hecho distinto que requiere ser abordado de manera individual. “Por la gravedad de los hechos, el juez debe tomar indagatoria”, insistió Hawlena Gianotti, al tiempo que señaló que la causa ya cuenta con una cantidad significativa de pruebas que permitirían avanzar sin más demoras.
El expediente se originó a partir de denuncias que conmocionaron al barrio porteño de Palermo y al ámbito educativo, al involucrar a un empresario vinculado al entorno escolar de sus hijos. De acuerdo con los testimonios incorporados bajo la modalidad de Cámara Gesell, los relatos de las presuntas víctimas fueron coincidentes, sin fabulaciones y con un patrón de conducta reiterado.
Según consta en la causa, los encuentros comenzaban con invitaciones aparentemente informales a la casa u oficina del acusado, organizadas a través de amigos comunes o grupos de WhatsApp con nombres en clave. Esas reuniones se presentaban como celebraciones o juntadas recreativas. Una vez en el lugar, Porcel habría suministrado bebidas alcohólicas a los menores —vodka, tequila o whisky mezclados con gaseosa— y fomentado su consumo mediante juegos y desafíos.
Los relatos describen una escalada progresiva de conductas, que incluían incentivos económicos para realizar retos, exhibiciones corporales, correr semidesnudos o completamente desnudos y bailar bajo los efectos del alcohol. Para la querella, ese esquema respondía a un mecanismo sistemático destinado a ganar la confianza de los menores y normalizar situaciones de abuso.
Mientras la defensa de las familias evalúa nuevas medidas para acelerar el proceso judicial, la decisión de permitir la salida del país del acusado volvió a poner el foco en los tiempos de la Justicia y en la respuesta institucional frente a denuncias de abuso infantil. Por el momento, la indagatoria de Marcelo Porcel sigue pendiente y la causa permanece en una etapa preliminar, marcada por la incorporación de nuevas denuncias y una creciente presión social para que el expediente avance.
