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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La investigación judicial que indaga un presunto entramado de lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas ingresó en una etapa decisiva, luego de que la Justicia federal ordenara el análisis sistemático de una enorme cantidad de documentación y dispositivos secuestrados en más de setenta procedimientos realizados durante las últimas semanas. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella dispuso la intervención de un organismo técnico especializado y reclamó “celeridad” para procesar el volumen de información reunida, en una causa que tiene ramificaciones directas con el mundo del fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino.
La decisión se conoció tras el frustrado intento del Ministerio Público Fiscal de incorporar como imputada colaboradora a la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, quien se negó a declarar bajo el régimen del arrepentido y optó por guardar silencio en su indagatoria. Esa negativa dejó a la investigación apoyada exclusivamente en el análisis de la prueba documental, digital y testimonial recolectada en el marco de 73 medidas judiciales, entre allanamientos, requisas y órdenes de presentación.
En su resolución, Armella subrayó que la complejidad del expediente y la magnitud del material secuestrado hacen imprescindible una tarea exhaustiva de compilación, ordenamiento y evaluación técnica, con el objetivo de detectar nuevos indicios, definir eventuales peritajes y disponer futuras medidas de prueba. Con ese fin, el magistrado dio intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, un organismo que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema y asiste a jueces y fiscales en investigaciones de alta complejidad mediante peritajes técnicos, informes especializados e intervenciones sobre comunicaciones.
Los operativos desplegados por la Justicia alcanzaron sedes deportivas y administrativas de al menos 18 clubes de fútbol —entre ellos San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central—, además de las oficinas centrales de la Asociación del Fútbol Argentino y distintos domicilios vinculados al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo. También fueron allanadas las oficinas de la financiera y un galpón en la localidad bonaerense de Turdera, donde se produjo uno de los episodios más sensibles de la causa.
En ese depósito, al que la Policía llegó tras un llamado anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos de camionetas cargadas con cajas, los agentes sorprendieron a Micaela Sánchez trasladando documentación de la empresa. En el lugar se hallaron además cinco teléfonos celulares ocultos en el asiento de un vehículo. Ese hallazgo derivó en la detención de la tesorera y en su posterior indagatoria, en la que rechazó colaborar con la investigación pese a dos ofrecimientos formales de la fiscalía.
De la casa matriz de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué, la Justicia extrajo información vinculada a 44 personas. Vallejo, en el marco de los primeros operativos, entregó su teléfono celular y también el de su madre, Cecilia Vallejo. En esos dispositivos, según trascendió de fuentes judiciales, existen intercambios con dirigentes del ambiente futbolístico que ahora forman parte del análisis en curso. “Se está revisando absolutamente todo”, resumió una fuente cercana al expediente.
La causa tuvo su origen formal en julio, cuando se investigaba al club Banfield por presuntas maniobras de lavado, pero adquirió una dimensión mucho mayor en noviembre, tras una denuncia presentada por el Gobierno nacional contra la financiera de Vallejo. Esa presentación fue impulsada por la Dirección General Impositiva, entonces conducida por Andrés Vázquez, hoy al frente de la ARCA.
La investigación fiscal había comenzado en abril del año pasado, cuando se detectaron transferencias millonarias que no se correspondían con el perfil económico de los titulares de las cuentas. Uno de los casos paradigmáticos fue el de un monotributista de categoría A, sin bienes relevantes, que en apenas cuatro meses habría movido alrededor de 7.000 millones de pesos. En total, las operaciones bajo sospecha superaban los 800.000 millones de pesos, con un reclamo impositivo que rondaba los 3.000 millones.
En paralelo, avanza otra investigación de alto impacto: la que analiza la titularidad real de una lujosa quinta en Villa Rosa, partido de Pilar, formalmente a nombre de un monotributista y una jubilada, pero atribuida en los hechos al tesorero de la AFA Pablo Toviggino. En ese predio, de más de diez hectáreas, la Justicia encontró un galpón con una colección de autos de altísima gama, un helipuerto y distintos elementos personales que reforzaron las sospechas sobre su verdadero dueño.
El allanamiento fue ordenado por el juez Daniel Rafecas, y la causa pasó luego al fuero Penal Económico, donde el magistrado Marcelo Aguinsky intenta reconstruir quiénes utilizaron el helipuerto. Para ello, solicitó con carácter urgente a la Administración Nacional de Aviación Civil el listado de pilotos y vuelos que operaron en el lugar.
Con múltiples expedientes entrelazados, miles de documentos por analizar y el fútbol argentino en el centro de la escena, la Justicia enfrenta ahora el desafío de transformar ese caudal de información en pruebas concretas. La intervención de la DAJuDeCO marca el inicio de una fase clave que podría definir el alcance final de una de las investigaciones financieras más sensibles de los últimos años.
