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Santiago del Estero, 22 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Una grave denuncia presentada en los Estados Unidos contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, volvió a colocar bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial provincial y alimentó acusaciones de que, en ese distrito, la democracia y la Constitución no rigen de manera plena. El señalamiento fue realizado por el Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y tomó estado público a través de la prensa estadounidense.
La denuncia refiere a presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el campesino Manuel Asencio Ardiles, quien, según la investigación del IID, habría sido despojado de sus tierras mediante el uso del aparato judicial y obligado a abandonar su propiedad. El caso, que incluyó una medida cautelar dictada en favor del propio López Alzogaray dentro de su jurisdicción, derivó en el desplazamiento forzado de una familia rural, su empobrecimiento extremo y, finalmente, la muerte del campesino pocos días después de ser entrevistado por la misión internacional.
De acuerdo con el informe del IID, el magistrado habría utilizado su posición institucional para promover una demanda de reivindicación de dominio sobre las tierras, alegando derechos hereditarios que se remontan al año 1803. La defensa de Ardiles sostuvo, en cambio, que el campesino heredó derechos de prescripción adquisitiva otorgados judicialmente a su padre e inscriptos hace más de medio siglo. Sin embargo, los tribunales rechazaron ese planteo y avanzaron con una resolución que, según el organismo denunciante, revisó una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada y destruyó principios elementales del derecho de propiedad.
La investigación del IID incluyó visitas al lugar, recepción de testimonios, análisis documental y reuniones con autoridades provinciales y nacionales. El informe describe un desalojo ejecutado con un despliegue policial masivo, amenazas, impedimentos para que la familia retirara pertenencias básicas y la pérdida de animales utilizados para subsistencia. En ese contexto, Ardiles fue hallado postrado, con un deterioro físico y emocional severo tras la pérdida de sus tierras, y falleció el 23 de enero de 2023.
Los representantes del comité advirtieron que lo más grave del caso es que los hechos se produjeron “bajo un ropaje de legalidad”, utilizando resoluciones judiciales para vulnerar derechos humanos fundamentales. El IID concluyó que existieron irregularidades procesales, conflictos de interés, falta de pruebas en los argumentos del demandante y afectación directa del derecho a la defensa de terceros que ni siquiera fueron parte del expediente.
La denuncia internacional también reavivó críticas más amplias al sistema judicial argentino. En ese marco, distintas voces subrayan que en el país ya murieron en prisión cerca de mil militares detenidos en causas de las denominadas de
lesa humanidad, muchos de ellos mayores de 70 años, con enfermedades graves, sometidos a procesos cuestionados por falsos testimonios, extensas prisiones preventivas y más de una década de encierro sin condena firme. Para estos sectores, se trata de un patrón de violaciones sistemáticas al debido proceso y a las garantías constitucionales, que debería ser investigado en profundidad.
Desde esa perspectiva, el caso Ardiles es presentado como un símbolo de una Justicia que, lejos de proteger a los ciudadanos más vulnerables, opera como herramienta de poder. Los denunciantes sostienen que los jueces responsables de estas prácticas deben ser investigados, tanto a nivel interno como en instancias internacionales, para determinar responsabilidades políticas, administrativas y penales.
El IID anunció que viajará nuevamente a la Argentina para presentar su informe ante autoridades judiciales y exigir una investigación exhaustiva, al considerar que se violaron artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso de Santiago del Estero, ya expuesto fuera del país, amenaza con convertirse en un nuevo foco de cuestionamiento internacional sobre el estado de derecho y el funcionamiento real de la Justicia en la Argentina.
