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Caracas, 25 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-En medio de un clima de creciente tensión política, militar y diplomática, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció la existencia de amenazas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos recluidos en centros penitenciarios bajo control del Estado, una advertencia que encendió nuevas alarmas en organismos de derechos humanos y en la comunidad internacional.
Machado alertó que en las últimas horas recibió información considerada “grave y urgente” sobre amenazas directas contra detenidos políticos alojados en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, en las inmediaciones de Caracas. Según explicó, se trataría de intimidaciones reiteradas y deliberadas, dirigidas contra personas privadas de libertad que se encuentran completamente indefensas y bajo custodia estatal.
La dirigente opositora sostuvo que las amenazas habrían sido emitidas por funcionarios pertenecientes a los órganos represivos del régimen y que, de concretarse, constituirían crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional humanitario. En ese sentido, advirtió que existe un riesgo inminente para la vida y la integridad física y psicológica de personas que, según su definición, se encuentran en condición de “rehenes del Estado”.
Machado responsabilizó de manera directa al Gobierno venezolano por cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de estas amenazas y reclamó una reacción inmediata de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En particular, pidió la activación de instancias de verificación y monitoreo destinadas a prevenir ejecuciones extrajudiciales y a garantizar la vida de los detenidos.
La líder opositora también hizo un llamado explícito a los gobiernos democráticos y aliados para que adopten medidas urgentes de presión diplomática, advertencias formales y seguimiento internacional. Según expresó, resulta imprescindible garantizar protección inmediata para los presos políticos, permitir el acceso de observadores independientes y asegurar condiciones mínimas de vida e integridad personal en los centros de detención. “Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió.
Las denuncias de Machado se vieron reforzadas por informes recientes del Observatorio Venezolano de Prisiones, que recogió testimonios de familiares y de detenidos políticos recluidos en El Rodeo I. De acuerdo con esa organización, custodios del penal habrían amenazado a los internos con utilizarlos como “escudos humanos” ante una eventual intervención militar extranjera, un escenario que el régimen venezolano viene esgrimiendo como argumento frente a la presión internacional.
La ONG alertó que el uso sistemático del miedo, la intimidación y las amenazas como herramientas de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad. Además, señaló que este tipo de prácticas se inscriben en un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos documentadas en cárceles venezolanas, donde se registran problemas estructurales como hacinamiento, falta de atención médica, restricciones a la defensa legal y aislamiento prolongado.
Estas advertencias se producen en un contexto regional particularmente delicado. En las últimas semanas, Estados Unidos incrementó su presencia aeronaval en el Caribe y el Pacífico Oriental, con operaciones dirigidas contra redes de narcotráfico y embarcaciones sospechadas de actividades ilícitas. Según información oficial, más de una treintena de botes fueron interceptados o neutralizados en ese marco.
El Gobierno de Nicolás Maduro interpretó ese despliegue como una amenaza directa y lo presentó públicamente como un intento de preparar una invasión o forzar un cambio de régimen. Analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de narrativas suelen derivar en un endurecimiento de la represión interna y en un deterioro adicional de las condiciones de detención de opositores y presos políticos.
La situación volvió a poner en primer plano el debate internacional sobre la responsabilidad del Estado venezolano en la protección de las personas privadas de libertad y sobre la necesidad de mecanismos externos que permitan verificar denuncias, prevenir abusos y evitar desenlaces irreversibles en un sistema penitenciario ya señalado por su fragilidad y opacidad.
Fuentes consultadas:
Agencia EFE; Observatorio Venezolano de Prisiones; informes de organizaciones internacionales de derechos humanos; declaraciones públicas de la dirigencia opositora venezolana; antecedentes de organismos multilaterales sobre la situación carcelaria en Venezuela.
