Buenos Aires, diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Mientras la discusión política local continúa concentrada en la coyuntura inmediata y en las urgencias del corto plazo, la Argentina enfrenta una amenaza estructural que permanece prácticamente fuera del debate público y del propio Presupuesto nacional: un volumen de pasivos judiciales en tribunales internacionales que ronda los 30.000 millones de dólares y que podría comenzar a volverse exigible a partir de 2026, con un impacto potencialmente devastador sobre la estabilidad fiscal, financiera y macroeconómica del país.
Se trata de un conjunto de litigios ya avanzados, en muchos casos con fallos adversos firmes o en instancias finales de apelación, que no cuentan con previsiones presupuestarias claras ni con una estrategia política explícita para su resolución. A la cabeza aparecen dos causas emblemáticas: el juicio por la forma en que se reestatizó YPF en 2012, tramitado en los tribunales de Nueva York, y la demanda por la manipulación del PBI y el no pago de los cupones atados al crecimiento económico, radicada en Londres.
El caso YPF volvió a mostrar esta semana su peso específico. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, resolvió no avanzar por ahora con el embargo de acciones de la petrolera como garantía, a la espera de una definición de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. La decisión abrió un período de tiempo indefinido en el que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson deberán pronunciarse sobre el fondo de la apelación argentina, sin plazos concretos y, según fuentes judiciales, difícilmente antes del segundo trimestre de 2026.
El núcleo del litigio no cuestiona la decisión política de reestatizar YPF —considerada por amplios sectores como necesaria— sino el modo en que se ejecutó. El estatuto de privatización de 1992 establecía la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición en caso de toma de control, una regla que la Argentina aceptó explícitamente al listar acciones de la compañía en la Bolsa de Nueva York y someterse a las normas de la SEC. En 2012, el Estado pagó a Repsol unos 6.000 millones de dólares, pero omitió extender la oferta al resto de los accionistas y suspendió el pago de dividendos, lo que detonó la cadena de demandas.
Tras la quiebra del Grupo Petersen en España, los derechos litigiosos fueron adquiridos en 2015 por Burford Capital, que se presentó en Nueva York y obtuvo en septiembre de 2023 un fallo de fondo favorable, junto con el fondo Eton Park. Desde entonces, la Argentina se encuentra obligada a apelar, ya que no hacerlo implicaría responsabilidades institucionales para el Poder Ejecutivo.
El segundo gran frente judicial ya está prácticamente cerrado en contra del país. La causa por la manipulación del PBI de 2013 y el no pago de los cupones atados al crecimiento económico tiene fallo firme en los tribunales británicos. Tras perder en primera y segunda instancia, la Argentina acudió a la Corte Suprema del Reino Unido, que en octubre del año pasado rechazó tratar el caso, dejando firmes las sentencias del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, favorables a los demandantes Palladian Partners, Norinver Capital y otros fondos.
Los jueces británicos concluyeron que el país alteró deliberadamente la base de cálculo del PBI para evitar que el crecimiento de 2013 superara el umbral que activaba el pago del Cupón PBI, perjudicando a los tenedores de esos títulos emitidos en el canje de deuda de 2006. En su fallo más reciente, Phillips subrayó que incluso con un nuevo gobierno en funciones, la Argentina no había demostrado un cambio sustancial de actitud frente al cumplimiento de sentencias internacionales, ni había abonado montos correspondientes al caso YPF ni cumplido condiciones para suspender embargos.
En conjunto, estos litigios —sumados a otras causas menores pero relevantes— configuran una bomba de tiempo que podría detonar a partir de 2026, en un contexto en el que el país no cuenta con acceso pleno a los mercados internacionales ni con margen fiscal para absorber pasivos de esta magnitud. Sin negociaciones complejas, acuerdos de pago o una reapertura amplia del financiamiento externo, la capacidad de la Argentina para enfrentar simultáneamente estos fallos aparece seriamente comprometida.
La paradoja es que el riesgo más significativo para la estabilidad futura no figura de manera explícita en el Presupuesto, no ocupa un lugar central en la agenda legislativa y apenas es mencionado en el debate político. Sin embargo, en los tribunales de Nueva York y Londres ya están escritas las sentencias que podrían condicionar el rumbo económico del país durante los próximos años.
