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Buenos Aires, 30 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La Justicia federal profundiza una compleja causa que investiga un presunto circuito fraudulento de compra y venta de dólares a precio oficial, mediante el cual divisas abastecidas por bancos comerciales habrían sido desviadas al mercado paralelo argentino con el fin de aprovechar la brecha cambiaria generada por el rígido cepo durante el gobierno de Alberto Fernández. A medida que se desarrollan los procedimientos judiciales —incluidos allanamientos en oficinas del Banco Central de la República Argentina y domicilios de implicados—, la investigación ha sumado elementos que señalan posibles relaciones entre algunos de los nombres involucrados y figuras vinculadas al entramado político del Ministerio de Economía en ese periodo, a cargo de Sergio Massa.
Los sumarios finalizados por la Superintendencia de Entidades Bancarias y Cambiarias señalan tres casas de cambio —Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones— como piezas centrales de un circuito que habría movido casi 1.000 millones de dólares entre 2022 y 2023. Según el ente monetario, se trató de una “modalidad abusiva” consistente en canalizar divisas oficiales a través de operadores cambiarios que, en lugar de atender a clientes finales, las desviaron hacia otras entidades y, eventualmente, al mercado blue sin la trazabilidad exigida por la normativa cambiaria.
Vínculos y perfil de los investigados
Dentro de los nombres que emergen en la causa, Maximiliano Ariel Vallejo, vinculado a Concordia Inversiones y Sur Finanzas, y Elías Piccirillo, aparecen en el centro de la investigación federal. Según fuentes periodísticas que cubren el avance de los expedientes, ambos habrían tenido accesos privilegiados o relaciones cercanas con actores del entorno político y financiero durante la gestión económica liderada por Massa, particularmente en temas cambiarios y financieros que guardan relación con la manipulación de divisas oficiales.
En el caso de Vallejo, diversos informes periodísticos analizaron su perfil como financista con conexiones en el mundo del fútbol y de las finanzas que, en algunos medios, se interpretan como puentes con círculos de poder en el oficialismo anterior. Parte de esa narrativa se vincula además con la Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con quien Vallejo habría establecido lazos comerciales y financieros prolongados. Esa relación, por su exposición mediática y sus ramificaciones, ha sido objeto de atención política y periodística precisamente por su posible vinculación con operaciones financieras atípicas en épocas de control estrictivo de cambios.
Por su parte, el nombre de Elías Piccirillo —exesposo de la figura pública Jesica Cirio— ha surgido en distintos allanamientos relacionados con maniobras de compra de dólares con acceso a tipos oficiales, lo que llevó a la Justicia a ordenar procedimientos sobre teléfonos, computadoras y documentación en sedes vinculadas a su actividad financiera, en el marco de la causa que instruye el juez federal Sebastián Casanello.
Aunque no existen a la fecha acusaciones formales vinculadas directamente con Massa, las fuentes consultadas señalan que las maniobras investigadas ocurrieron en un periodo en el que el entonces ministro de Economía tenía influencia sobre la política cambiaria del país, lo que ha motivado una lluvia de versiones periodísticas y políticas acerca de la posible existencia de “accesos privilegiados” o relaciones que beneficiaron a algunos operadores por sobre otros durante la gestión administrativa.
Detalles de las maniobras en la mira
Los sumarios del Banco Central apuntan a una sistemática canalización de dólares oficiales hacia el mercado paralelo, desvirtuando la función regulatoria de las casas de cambio. En el expediente de Gallo Cambios, por ejemplo, se identificó que operaciones por 474 millones de dólares no estaban destinadas a clientes finales, sino que eran transferidas entre operadores, y que el 92% de esas divisas fue entregado en efectivo, perdiéndose así toda trazabilidad posterior. Esto, para el organismo, sugiere la implementación de un “mecanismo que, bajo la apariencia de una operatoria regular, tenía por finalidad abastecer el mercado paralelo”.
Mega Latina, por su parte, estaría implicada en operaciones por 460 millones de dólares entre enero de 2022 y agosto de 2023. El informe de la autoridad monetaria indica que su habilitación fue “utilizada como pantalla legal” para llevar adelante operaciones antirreglamentarias de alta magnitud. Ambos casos involucran al Banco de Servicios y Transacciones, que aparece como proveedor de dólares oficiales o como entidad donde operaban las casas de cambio.
En el expediente que involucra a Concordia Inversiones, se detectaron 68 transacciones por menos de 10 millones de dólares entre febrero y abril de 2023, donde fondos transferidos a personas físicas fueron retirados inmediatamente en efectivo. El Banco Central determinó que esa operatoria no estaba permitida para casas de cambio ni fue declarada conforme a los regímenes vigentes.
Implicancias políticas y judiciales
El avance de las investigaciones judiciales, que combina procedimientos en domicilios particulares y en oficinas de entidades financieras oficiales, vuelve a plantear interrogantes sobre la efectividad del control del mercado de cambios bajo el cepo más estricto de los últimos años y la eventual connivencia entre operadores financieros y sectores políticos vinculados a la administración de la política económica. Aunque hasta el momento no existen acusaciones judiciales formales contra Massa, el contexto político y económico en que se inscriben estas maniobras continuará siendo objeto de intensa disputa tanto en tribunales como en la arena pública y mediática.
Fuentes consultadas:
TN24; Cadena Ritmo; La Nación; información judicial y financiera sobre las causas vinculadas con maniobras cambiarias; reportes del Banco Central de la República Argentina.
